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Ni a la cuarta reunión, los conservadores del CGPJ han ofrecido el nombre de su candidato para renovar el Tribunal Constitucional, algo que los progresistas han hecho esta misma mañana al designar al magistrado de lo Contencioso del Supremo José Manuel Bandrés. Lo que ha ocurrido en la cuarta cita es que los vocales progresistas han propuesto oficialmente a Bandrés y los conservadores han asegurado que lo estudiarán de aquí a la próxima reunión, y de paso, seguirán buscando uno de su gusto. Para eso habrá que esperar dos semanas, hasta el 16 de noviembre.
Al menos de este encuentro sale un nombre oficial, el de Bandrés, propuesto por los progresistas que venían muy avanzados en su elección desde hace semanas. Y los conservadores se han avenido a analizarlo. Eso sí, siguen sin poner sobre la mesa ningún nombre por su parte y aunque se barajan tres, ninguno es oficial. Sobre la mesa, el ex fiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar; el instructor del procés, Pablo Llarena; y el presidente en funciones del Supremo, Francisco Marín Castán.
Al menos parece que hay un mínimo avance, después de dos meses de excusas por parte del sector conservador, que hasta ahora sostenía que que no encontraban candidatos adecuados entre los 80 magistrados del Alto Tribunal. En su comunicado de este jueves por la tarde, el CGPJ aseguraba que en las próximas dos semanas "culminarán" la búsqueda de posibles candidatos, y culminar, según la RAE es "dar fin a una tarea", en este caso, poner fin a la búsqueda.
La reunión de la comisión negociadora tenía en el lado progresista a Roser Bach y a Álvaro Cuesta, y en el conservador, a José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, que ejercen como representantes de ambos sectores.
No va a ser ya, pero algo se mueve. A los dos candidatos que se propongan en el CGPJ, se sumarán los dos del Gobierno. Las quinielas hablan de distintas posibilidades, incluidos jueces como De Prada, una de las eternas líneas rojas del PP porque escribió las frases más contundentes de la sentencia de la Gürtel contra el partido de Feijóo.
Más allá de los nombres, los conservadores pelean por otro asunto. Que se levante el veto que tienen al nombramiento de jueces, que se decretó con la reforma de la Ley del Poder Judicial hace un año y medio y que les prohíbe hacer nombramientos mientras sigan en funciones.
El problema es que tras la ruptura de las negociaciones entre el Gobierno y el PP, pueden seguir en funciones durante mucho tiempo, probablemente hasta después de las elecciones general previstas para dentro de un año.
A día de hoy, el CGPJ sólo puede designar a los dos que deben nombrar para el Tribunal Constitucional y eso es así, porque se hizo una reforma de la reforma para que sí pudieran nombrar a esos magistrados, y solo a esos. Algo que sentó fatal en el Consejo General del Poder Judicial, especialmente en el bloque conservador, que ve sumo interés del Gobierno en renovar el TC para que tenga mayoría progresista.
Los conservadores piden que se levante el veto para poder nombrar a los jueces que deben cubrir las vacantes en el Supremo, los tribunales superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y las audiencias provinciales. La previsión es que cuando acabe el año, esas vacantes sean 71.
El más afectado, en colapso, es el Supremo, donde ahora mismo hay 16 sillones vacíos, lo que supone el 20% de su composición.
Donde están más que pendientes de la renovación es en el propio Tribunal Constitucional, donde hay una plaza vacía -por la baja del magistrado conservador Alfredo Montoya- y otros cuatro cargos caducados desde este verano. Entre esos cuatro, están los del presidente y el vicepresidente.
Los magistrados del tribunal de garantías llevan tiempo aparcando los asuntos relevantes, a la espera del relevo y algunos admiten que sólo se están despachando asuntos de "trámite".
Desde su última renovación, hace un año, los 11 miembros que ahora mismo tiene el Pleno están viviendo una época de menos tensión, en parte porque no se han tocado asuntos de los que dividen a los magistrados. Esos son lo otros, los que se han dejado en el cajón, a la espera de los nuevos integrantes.
Cuando ellos lleguen, por primera vez en años habrá mayoría progresista en el Constitucional y además con presidencia progresista -Cándido Conde Pumpido es el que más opciones tiene-.
Y ese tribunal es el que verá los recursos que ya han llegado -o van a llegar- contra leyes de este Gobierno: desde la Ley de Eutanasia, que ya está recurrida, a otras como la Ley Trans, que probablemente lo serán. Al menos, el Gobierno cuenta con que así será.
Pero si hay una sentencia dormida y susceptible de bronca, es la del recurso del PP contra la Ley del aborto de Zapatero, registrado hace más de diez años y que ha ido pasando de magistrado en magistrado. Ni la progresista Elisa Pérez Vera ni el conservador Andrés Ollero llegaron a llevarla a Pleno porque no veían posibilidad de sacar sus ponencias adelante. El compromiso del actual presidente del TC era sacarla cuanto antes, pero de momento nadie cuenta con ella. Está en manos del conservador Enrique Arnaldo, el tercero que la aborda y que escribió artículos durísimos contra esa ley, y parece complicado que su ponencia tenga el visto bueno de la mayoría progresista que habrá cuando haya renovación.