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La ley trans, la de vivienda y una nueva ley de seguridad ciudadana que sustituya a la conocida como 'ley mordaza', se han atascado en su tramitación en el Congreso por la división en el seno del Gobierno, entre PSOE y Podemos, y por las diferencias con los socios de investidura. Son tres leyes clave y emblemáticas de la legislatura que se están convirtiendo en un quebradero de cabeza para el Ejecutivo.
Tres compromisos que aparecían en el pacto que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en diciembre de 2019 que dio lugar al primer Gobierno de coalición de la democracia y que por ahora están bloqueados en las diferentes comisiones del Parlamento por falta de acuerdo. Las posiciones de las partes parecen inamovibles y no auguran una fácil solución. El escenario electoral complica todavía más los pactos con todos los partidos intentando marcar perfil propio ante sus potenciales electores.
Fuentes del PSOE señalan a NIUS que la voluntad es que "las tres leyes salgan lo antes posible" pero admiten que dependerá de la estrategia del resto de los socios. El propio Pedro Sánchez culpaba a sus aliados del bloqueo en la última sesión de control al Gobierno. Mertxe Aizpurua, de Bildu, preguntaba por el parón en vivienda y mordaza, el presidente le contestaba que el Gobierno ha cumplido remitiendo esos proyectos a la Cámara y que "ahora corresponde a los grupos" parlamentarios buscar puntos de "equilibrio" para aprobarlas definitivamante en las Cortes.
Esta semana se ha constatado que la ley trans, proyecto estrella de Irene Montero y una de las leyes que más tensiones ha generado en el Gobierno desde su redacción, va camino de encallar. Es una materia compleja que además divide al propio Partido Socialista y al feminismo. El PSOE se ha quedado solo frente a Podemos y el resto de aliados con su decisión de limitar la autodeterminación de género, el eje central de la norma.
Los socialistas quieren que los menores de 12 a 16 años necesiten un aval judicial para poder cambiar su nombre y sexo en el Registro Civil. El texto actual que ha elaborado el Ministerio de Igualdad contempla ese requisito tan solo para los menores de 12 a 14 años. Para Irene Montero, el PSOE está tocando el corazón del proyecto pactado en el Gobierno cuando Carmen Calvo era exvicepresidenta. Calvo, por cierto, es una de las voces más críticas y lidera a las llamadas socialistas clásicas que creen que la ley pone en peligro toda la legislación de igualdad conseguida por la lucha feminista.
Podemos ha sumado fuerzas con el resto de fuerzas de la investidura para exigir al PSOE que retire sus enmiendas. Van a dar la batalla para que la ley salga adelante este año sin retrocesos en derechos. Los socialistas tampoco se mueven y argumentan que sus cambios dan más seguridad jurídica en lo que respecta a los menores para evitar que pueda ser tumbada por el Tribunal Constitucional ante el previsible recurso del PP y Vox. Fuentes del grupo parlamentario inciden en que el proyecto está en el inicio del proceso de negociación y apelan al diálogo para salir de los extremos y conseguir "una buena ley" sin puntos débiles.
La ley de vivienda lleva atascada en la Comisión de Transportes del Congreso desde el mes de febrero ante la imposibilidad de avanzar con más de 800 enmiendas registradas. Fuentes de Podemos acusan al PSOE directamente de bloquearla y no querer negociar. Los morados presentaron una serie de cambios que enfadaron a sus socios de Gobierno que sostienen que la ley llegó a la Cámara con hasta las comas pactadas entre los dos partidos.
Podemos quiere que la regulación del precio de los alquileres no afecte tan solo a los grandes tenedores de viviendas, que los inmuebles de la Sareb se pongan al servicio del parque público de viviendas y que la ley recoja las prohibiciones de los desahucios. "Con esos puntos la ley estaría aprobada mañana", enfatizan esas fuentes. En el PSOE reconocen que el problema de los tenedores no está resuelto porque hay que proteger a los pequeños propietarios pero defienden que se ha avanzado y han conseguido transaccionar alrededor de 400 enmiendas.
ERC y Bildu apoyan esas exigencias. Los republicanos catalanes presionan especialmente al Ejecutivo con el asunto de los precios porque una legislación estatal les serviría de paraguas para su ley catalana después de que el Tribunal Constitucional anulase la parte que limita los alquileres.
La ley de vivienda, proyecto "imprescindible" de la legislatura como ha dicho en más de una ocasión el Gobierno, tiene una larga historia. Ha sido foco de confrontación, protagonista de arduas negociaciones entre PSOE y Podemos y llegó a condicionar el apoyo de los morados a los presupuestos del Estado de 2021 y 2022. La vivienda es una de las principales banderas y una prioridad estratégica para Podemos.
"Aprobaremos una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que sustituya a la 'ley mordaza'", dice textualmente el pacto de Gobierno. Y añade "verá la luz a la mayor brevedad". Han pasado casi tres años y no hay ley. Es una de las exigencias recurrentes de Podemos y los partidos del bloque de investidura al ala socialista del Gobierno, pero las posturas de máximos de unos y la inmovilidad de otros la han condenado a un cajón.
En este caso se han producido decenas de reuniones entre PSOE, Podemos y otros grupos afines en los últimos meses, prácticamente una semanal, aunque los puntos de fricción permanecen en asuntos clave como el uso de material antidisturbios por parte de las fuerzas de seguridad o el delito de faltas de respeto a la autoridad. Sí parece que hay un consenso en dejar las devoluciones en caliente, otro foco de conflicto, en la regulación de la Ley de Extranjería.
Hay que tener en cuenta que se trata de una ley orgánica y por lo tanto se necesita mayoría absoluta, 176 votos, para sacarla adelante en el pleno del Congreso. Fuentes de Podemos sostienen que hay más avances de lo que parece y todavía confían en que pueda estar aprobada a final de año si se hace una tramitación rápida en la Comisión de Interior.
En el PSOE no dan fechas porque asumen que quedan flecos pendientes importantes. Su prioridad es un equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y la preservación del trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esa línea, dicen, no la van a sobrepasar.