El PSOE retrasa una semana más el plazo de enmiendas a la ley trans

La ley trans sufre un nuevo parón en el Congreso que alarga e intensifica el choque con Podemos. Los socialistas piden de nuevo una prórroga de una semana para presentar enmiendas al proyecto estrella de Irene Montero que otorga más derechos para las personas trans y que está generando división en el Gobierno y el feminismo y una profunda grieta en el seno del PSOE. El grupo parlamentario aclara, eso sí, que será la última.

De hecho ya avanza que el próximo lunes registrará sus enmiendas parciales a un texto polémico desde sus inicios. El PSOE siempre ha mostrado dudas sobre la seguridad jurídica del proyecto e insiste persigue mejorar la norma para que sea "más garantista" ante la posibilidad de que pueda acabar recurrida en el Tribunal Constitucional por el PP y Vox.

Los retrasos que hasta ahora ha ido provocando el PSOE solicitando ampliaciones de plazos han irritado a Podemos que se ha quejado de las maniobras de sus socios de coalición para aparcar una ley que los morados consideran fundamental para un colectivo que sigue sufriendo discriminación en la sociedad española.

El PSOE se revuelve contra la presión de Podemos. Fuentes socialistas aseguran que el poder legislativo "tiene sus tiempos" y la obligación del resto de poderes es respetarlo. Subrayan que la ampliación del plazo de enmiendas de cualquier ley se aprueba por mayoría y no es una decisión exclusiva de ningún grupo parlamentario. "Exigimos el legítimo respeto que corresponde en un proceso que, para el buen discurrir de una ley tan necesaria como esta, debe desarrollarse libre de presiones injustificadas", señalan. 

Los socialistas defienden que están haciendo un "trabajo complejo y riguroso" que requiere tiempo y recuerdan que todos los grupos están inmersos en la tarea de elaboración de enmiendas.

Garantizan que sus enmiendas estarán centradas en dar más seguridad jurídica al texto de una ley que tanto la derecha del PP como "sus socios de la ultraderecha van a tratar de impedir que salga adelante por todos los medios".

Fuentes del Ministerio de Igualdad ven "con preocupación" que el PSOE retrase una semana más la ley porque "quienes pagan las consecuencias son las personas trans y la comunidad LGTBI que ve en riesgo la aprobación de una ley que reconoce sus derechos".

Aseguran que el proyecto "no puede sufrir más retrasos" y propone al PSOE y al conjunto de grupos parlamentarios un calendario de tramitación que incluya la finalización del periodo de enmiendas el día 2 de noviembre y la finalización de la ponencia el 18 de noviembre. El objetivo final es que la ley esté aprobada antes de que finalice el año y "sin recortes en derechos respecto al texto ya pactado en el Gobierno".

"No vamos a hacer esperar más a las personas trans", ha enfatizado en varias ocasiones Irene Montero. Este mismo martes el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, pidió a sus socios que no alargasen más los plazos y avisó de que cada día que pasa el colectivo trans, que padece una discriminación "tremenda", sufrirá más. Los morados dicen que respetan el debate interno que tiene el PSOE, con partidarios y detractores del texto, pero considera que eso no debe afectar a la tramitación.

El bloqueo ya provocó la pasada semana la baja de militancia de la socialista Carla Antonelli, todo un referente para el colectivo LGTBI, además de movilizaciones de los colectivos trans en el Congreso para presionar al PSOE.

El PSOE mostró hace unos días su inquietud por el concepto de "violencia intragénero" contemplada en la ley de Montero porque equipara cualquier tipo de violencia en parejas de personas con el mismo sexo con la violencia machista que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Las enmiendas socialistas pueden estar dirigidas a tocar ese punto.

Ese concepto, que figura en el artículo 65 del proyecto, es rechazado por las feministas históricas del PSOE lideradas por Carmen Calvo porque creen que contribuye al "borrado de las mujeres". La exvicepresidenta del Gobierno ha sido muy crítica con el texto elaborado por el Ministerio de Igualdad, de hecho considera que la ley trans es un peligro para la legislación en materia de igualdad conseguida por el movimiento feminista a lo largo de los años.

La ley contempla, por ejemplo, que cuando haya un condenado o una orden de protección por violencia familiar LGTBIfóbica o intragénero, en parejas del mismo sexo, las víctimas tendrán los mismos derechos laborales y de Seguridad Social que tienen las víctimas de violencia de género.

Uno de los aspectos más polémicos, la autodeterminación de género, se quedará como está. Es la principal novedad del proyecto, la piedra angular y lo que más tensiones y roces ha generado. El PSOE anunció hace unos días que no la tocaría y eso puede facilitar el camino.

El texto recoge por primera vez que cualquier persona a partir de los 16 años podrá cambiar su nombre y sexo en el Registro Civil sin necesidad de ningún documento ni informe médico, simplemente con su mera voluntad. No se requerirá como en la actualidad un tratamiento hormonal previo. Se establece que en el caso de los menores de entre 14 y 16 años será necesario el consentimiento de sus representantes legales y en los de entre 12 y 14 años una autorización judicial.