La ley trans está ahora mismo en el Congreso de los Diputados y es una patata caliente para el Gobierno que busca una salida ante un asunto que divide a los socios de la coalición, al propio PSOE y al movimiento feminista. El texto, uno de los proyectos estrella de la ministra de Igualdad Irene Montero, se aprobó en el Consejo de Ministros el pasado mes de junio pero ha generado tensiones, roces y quebraderos de cabeza en el seno del Ejecutivo desde el primer momento con un choque directo entre Montero y la por entonces vicepresidenta Carmen Calvo.

El pulso lo ganó la ministra de Podemos y la ley salvó su primer trámite en el Congreso al ser rechazadas las enmiendas a la totalidad de PP y Vox aunque en aquel debate de hace unas semanas ya quedó claro que el camino que le quedaba por delante no iba a ser fácil.

El PSOE, que siempre ha expresado sus dudas sobre la "seguridad jurídica" de la ley, dijo que su intención era mejorar el texto en comisión, Podemos avisó de que no iba a aceptar ni un paso atrás en los avances alcanzados en derechos para las personas trans.

La tensión ha estallado esta semana con dos decisiones que visualizan la complejidad del debate. Por una parte los socialistas han alargado el plazo para presentar enmiendas, con el apoyo del PP y Vox, con el retraso que eso implica. La ministra Montero salió de inmediato a mostrar su preocupación por las "trabas" que está poniendo su socio e insistió en que la ley debe estar aprobada antes de que acabe el año "sin transfobia".

Al mismo tiempo, todo un símbolo del colectivo LGTBI y exdiputada en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, se dio de baja del PSOE decepcionada con su partido al que acusa de retrasar la tramitación del proyecto.

Los socialistas hacen equilibrios para intentar salvar la situación y pretenden llegar a grandes acuerdos en la Cámara para desencallar el entuerto. El plazo para presentar enmiendas parciales finaliza la semana que viene. En el PSOE tratan de conjugar su vocación de partido "feminista" con la de ser los pioneros en el avance de derechos. De fondo está la pelea con Podemos por ver quien se queda con la bandera del feminismo y la del colectivo LGTBI. Ya se da por hecho que si el desacuerdo persiste será el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que intervenga.

La autodeterminación de género es la principal novedad de la ley y el gran escollo. El texto recoge por primera vez que cualquier persona pueda cambiar su nombre y sexo en el Registro Civil sin necesidad de ningún documento ni informe médico, simplemente con su mera voluntad. Se puede hacer libremente a partir de los 16 años, con consentimiento de sus representantes legales entre 14 y 16 años y mediante una autorización judicial entre los 12 y los 14. Las personas que decidan dar ese paso tendrán que reafirmarse a los tres meses. La legislación en vigor obliga a presentar informes psicológicos y haberse hormonado durante dos años.

Desde el primer momento Carmen Calvo se opuso a ese concepto capitaneando a las socialistas feministas clásicas. Lo hizo dentro del Gobierno y lo sigue haciendo ahora desde fuera de Moncloa. Calvo considera que la ley pone en peligro toda la legislación de igualdad conseguida por el feminismo durante años y reclama más garantías jurídicas.

Enfrente se sitúa un sector más joven del partido que quiere la ley como está redactada y que se apruebe en este periodo de sesiones. Uno de los más activos es Víctor Gutiérrez, jugador de waterpolo y miembro de la Ejecutiva Federal, que pide cumplir los compromisos del 40 Congreso del PSOE de Valencia que apoyó la nueva legislación a pesar de que generó debate interno.

Otro punto que provoca roces es el concepto de violencia intragénero recogido en el artículo 65 del proyecto. Las socialistas históricas no aceptan que se equipare la violencia ejercida en las parejas del mismo sexo con la machista que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo. Contribuiría, según una parte del feminismo, al "borrado de las mujeres". Es ahora mismo una de las grandes preocupaciones del PSOE.

Los morados temen que la norma no vea la luz y se quede en cajón y van a apretar las tuercas al PSOE hasta el final. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, traslada el mensaje que repite Moncloa y los socialistas: el compromiso del Gobierno con el avance de derechos es "indiscutible" pero también avisa de que el Parlamento está para mejorar las leyes y "eso es lo que va a ocurrir".