{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Le siguieron a él y a su entorno; se sintió acosado en la cárcel; montaron un falso secuestro a su mujer y a su hijo; y pagaron a su conductor para que le robara información. Son las acusaciones que Luis Bárcenas hace a los responsables de la Kitchen ante el juez García Castellón. Por ese "injustificado acoso", el extesorero del PP Luis Bárcenas pide 41 años de cárcel para Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, José Manuel Villarejo, Enrique Castaño, o Eugenio Pino. Así aparece en el escrito de acusación por la operación que según el juez, se montó desde el ministerio del Interior de Fernández Díaz para robarle documentos que pudieran dañar al Partido Popular o a sus dirigentes, incluido Mariano Rajoy, presidente del partido y del Gobierno en aquel momento.
En total son 11 acusados. En la cúpula, el exministro Fernández Díaz, acusado de dar las órdenes a través de su secretario de Estado Francisco Martínez. Dirigiendo la operación, José Manuel Villarejo, y junto a él miembros de la llamada "Policía patriótica", como Eugenio Pino. Al final del escalafón, Sergio Ríos Esgueva. Todo se hizo con medios públicos y con cargo a los fondos reservados, según la investigación.
Sergio, el chófer de Bárcenas que ejecutó el espionaje más directo, tiene una petición menor de cárcel, 33 años. Eso es así, porque a Ríos, que no tenía un cargo público, no le acusan de algunos delitos como el de asociación ilícita. Eso sí, se le pide una agravante por abuso de confianza. El agravante que Bárcenas imputa al resto es el de "prevalimiento de su carácter público". Si el tribunal los acepta, las penas de prisión se pueden incluso incrementar.
En este caso, Bárcenas es víctima y acusación. Su abogada, Marta Giménez Cassina, ha presentado su escrito de acusación este mismo martes. Se trata de 48 páginas a las que ha accedido NIUS y en las que se describen todos los episodios del entramado contra el que fuera gerente y tesorero del PP y que llevó durante años una "contabilidad extracontable", los denominados papeles de Bárcenas.
Los seguimientos que sufrió el extesorero del PP, su familia o sus abogados, y sobre todo, las presiones que denuncia haber vivido mientras estaba en prisión provisional por el caso Gürtel componen el acoso denunciado por él en el escrito de acusación. En el relato de los hechos y en la petición de penas también tiene un lugar protagonista el intento de secuestro que sufrieron la mujer, el hijo y la trabajadora de casa de los Bárcenas, a manos del falso cura Enrique Olivares.
Sólo ese episodio suma 23 años de cárcel a la lista de peticiones: 18 por inducción al secuestro; seis meses inducir al falso cura a allanar una morada; año y medio por inducción de tenencia ilícita de armas; y tres años lesiones.
Luis Bárcenas ha hablado en distintas ocasiones de cacheos injustificados; ha contado que le obligaban a verse con sus abogados en una sala donde había micrófonos. Pero lo que no se sabía hasta ahora es que durante su estancia en prisión de 19 meses, entre junio de 2013 y enero de 2015, fue incluido en el F.I.E.S. (Fichero de Internos de Especial Seguimiento).
Se trata de un tipo de control que incluye mayor vigilancia para el recluso. Se creó para reos de bandas terroristas y tiene cinco grados. Su abogada defiende en el escrito que él no cumplía con ninguno de los requisitos de los grados establecidos y que por tanto su inscripción fue "irregular":
El escrito explica que esta clasificación se estableció por la dirección general de Instituciones Penitenciarias, dependiente del ministerio del Interior, entonces en manos de Jorge Fernández Díaz.
Al ser clasificado así, la prisión tenía venia para acceder a sus comunicaciones, material de lectura y se podían anotar todos sus movimientos. Esa clasificación también puede conllevar la prohibición de participar en talleres, trabajos o cursos, además de registros frecuentes en celdas, normas estrictas en traslados, etc.
El 24 de enero de 2015, Bárcenas abandonó la prisión de Soto del Real, pero tras confirmarse las condenas por el caso Gürtel en el Supremo, en mayo de 2018, volvió a ella. Desde entonces, no se han repetido las medidas de control que tuvo en la primera época, señala el escrito.
En la lista de testigo propuestos por Bárcenas, Dolores de Cospedal, que llegó a declarar ante el juez pero fue exonerada por García Castellón. Las pesquisas del magistrado estaban dirigidas a saber si ella, como secretaria general del PP, había hecho el encargo a Villarejo.