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"La excesiva burocracia" es algo que está afectando el acceso de los ciudadanos al ingreso mínimo vital. Lo ha dicho más de una vez Gustavo García, portavoz de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Las cifras oficiales informan de que 1.406.850 personas lo han recibido desde su puesta en marcha en junio de 2020, mientras siguen las quejas de los necesitados por la cantidad de documentos que les exigen y el medio año que tienen que esperar para recibir respuesta. Ante las críticas, el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha enviado miles de SMS y ha sacado un autobús por 40 muncicipios españoles para que los beneficiarios de esta prestación tengan toda la información para solicitarla.
Desde que fue aprobado el Ingreso Mínimo Vital el 27 de septiembre de 2021 han sido muchas las quejas a esta medida social vapuleada por la derecha que la definió como paguita.
La iniciativa, a pesar de sus buenas intenciones, nació con las trabas por la excesiva solicitud de documentos, tiempos de esperas y mucho malestar por parte de los ciudadanos necesitados. Sin contar que la Administración puede demorar su respuesta al solicitante hasta seis meses, un tiempo excesivo para quien vive una situación económica difícil.
Según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social dos de cada tres titulares de la prestación son mujeres (338.982, frente a 170.592 hombres), y en total la prestación ha llegado a más mujeres (767.709) que a hombres (638.881). Un 42,4% de los beneficiarios son menores (597.179).
Este martes, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ponía en marcha el autobús para llegar a más población vulnerable con derecho a percibir el Ingreso Mínimo Vital.
El objetivo de esta iniciativa es, en su recorrido por 40 municipios españoles, llegar al "máximo" de hogares y dar información sobre el IMV, porque en los estudios realizados por este ministerio se han detectado que "uno de cada cuatro" potenciales beneficiarios de está prestación no la conocen y no la han solicitado.
No es la única medida para informar a los ciudadanos con posibilad de acceder al IMV. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado el envío de "miles de SMS" a potenciales beneficiarios que, a pesar de cumplir los requisitos, no han solicitado la prestación, y descubrieron que "uno de cada cuatro todavía no conoce el IMV".
Además, se han habilitado a los servicios sociales de los ayuntamientos para que certifiquen la situación de vulnerabilidad de los solicitantes, una medida que busca agilizar los trámites y facilitar el acceso a los más necesitados.
Otro de los canales creados por el ministerio que dirige Escrivá con este objetivo es dar la posibilidad a ONG acreditadas, como Cáritas, Cruz Roja, Fundación Secretariado Gitano, puedan certificar y validar situaciones de pobreza y así conseguir que el IMV llegue a colectivos que no estaban llegando.
Desde la Asocación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales han reclamado un Pacto de Estado que minimice las gestiones y la documentación, que muchas veces, está en manos de las propias administraciones para que el Ingreso Mínimo Vital sea una solución y no un problema para los hogares y personas vulnerales.
"Se pide el padrón histórico colectivo, el empadronamiento de cada uno de los miembros de la unidad familiar, o algo tan surrealista, como el ingreso de los que has tenido el año anterior", ¿Y si alguien se quedó sin trabajo este año? "pero es que la pobreza, a veces es sobrevenida?", ha reflexionado Gustavo García, que critica que el año pasado se dejaran sin gastar 1.000 millones de euros presupuestados para el Ingreso Mínimo Vital, por ineficacia por incapacidad".
Para esta entidad que vela por los servicios sociales a los ciudadanos, los retrasos, la burocratización excesiva "transmite "una imagen malísima de la Administración" y del Gobierno por lo que estaría justificado un pacto de Estado para evitar estas situaciones.
La Seguridad Social dispone de un tiempo para decidir si otorga o no el Ingreso Mínimo Vital. Según la ley de la prestación recoge en su artículo 28 que que el organismo tiene un plazo de seis meses para tomar una decisión, a contar "desde la fecha de entrada en su registro de la solicitud".
Sin embargo, a pesar del compromiso de la Seguridad Social a comunicar la decisión a los solicitantes, reconoce que en algunas situaciones la comunicación puede tardar más de esos seis meses. Incluso si superado ese tiempo el solicitante no tiene respuesta puede considerar denegada su petición por silencio administrativo.