Los negociadores de Moncloa y del Partido Popular abordan ya el capítulo más complejo del Poder Judicial. El ministro Félix Bolaños y el popular Esteban González Pons ocupan estas últimas horas en poner negro sobre blanco los nombres de los 20 vocales de un renovado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este es el punto más sensible y donde naufragó el anterior intento ahogado por los vetos cruzados.

En esta ocasión la negociación avanza a buen ritmo y los teléfonos echan humo con contactos que se han intensificado en las últimas horas confirman desde Génova. El Gobierno quiere reservar dos asientos para Podemos a lo que en principio no se negarían los populares. El Partido Popular podría estar pensándose sentar en el Consejo a un vocal próximo al PNV. Este movimiento encajaría dentro la operación de deshielo con los nacionalistas vascos que ha emprendido Génova con la vista puesta en tejer futuras alianzas. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, y el veterano líder del PNV, Andoni Ortúzar, quedaron en julio en verse a la vuelta del verano pero está terminando el mes de octubre y no hay noticia sobre ese encuentro.

Los populares no niegan que esta posibilidad podría estar encima de la mesa mientras instan a dejar a los negociadores el trabajo de "perfilar la letra pequeña" de un posible acuerdo. "Peor es lo de Esquerra", contestan en el PP poniendo como parapeto preventivo un presunto acuerdo entre Pere Aragonés y presidente Pedro Sánchez para tener un Poder Judicial "no hostil" con los intereses del Govern de la Generalitat de Cataluña. Desde el PNV aseguran que ellos no han reclamado una silla en el órgano de gobierno de los jueces aunque tampoco le harían ascos.

En 2013 ya pactaron con Rajoy sentar en el Consejo al que fuera el responsable jurídico del Gobierno vasco. Y ahí continúa el magistrado Enrique Lucas con el mandato caducado. En la penúltima intentona por renovar el Poder Judicial en febrero de 2021, el PP de Pablo Casado se mostró dispuesto a ceder al PNV uno de los diez vocales del CGPJ que en principio les correspondían y que en ese momento negociaban Bolaños y Teodoro García Egea hasta que el pacto saltó por los aires.

En las últimas horas Unidas Podemos ha resucitado la candidatura de la jueza Victoria Rosell. Su portavoz en el Congreso y presidente del grupo confederal, Jaume Asens, confirmaba ayer en una entrevista en Onda Cero que es su "favorita" para ocupar una vocalía en el Consejo después del “calvario” que ha padecido con el exjuez Salvador Alba, que ayer entró en prisión. “Se merecería estar ahí (CGPJ) y es una de nuestras aspiraciones”, presionaba Asens. Rosell y el juez José Ricardo de Prada -azote del PP en Gürtel- son nombres que los populares vetaron en la anterior negociación. Un rechazo que no ha cambiado con la nueva dirección de Feijóo.

Los populares aseguran que no se moverán de las líneas rojas del documento que remitieron en julio pasado a Moncloa. Ese texto establece que "no podrán ser nombrados vocales del CGPJ quienes hayan desempeñado cargos vinculados a la política en los cinco años inmediatamente anteriores". Eso dejaría fuera a Victoria Rosell, exdiputada morada y actual Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. En Génova aseguran que el presidente Pedro Sánchez se habría comprometido con Feijóo a que no haya perfiles políticos en el renovado CGPJ en la reunión que mantuvieron el pasado 10 de octubre en Moncloa.

Si el Gobierno acepta los términos del documento del PP también cortocircuitaría la candidatura del juez De Prada. En su punto tres los populares dejan claro que que no "cabe introducir" por el turno de juristas de reconocido prestigio "a integrantes de la carrera judicial en ejercicio". (Puede consultar aquí la propuesta del PP para reforzar la independencia judicial).

La Moncloa y el Partido Popular trasladan la impresión de que el pacto para renovar el CGPJ es cuestión de días. "Espero que fructifique un acuerdo más pronto que tarde", confesaba ayer el número tres del PP, Elías Bendodo. Desde su dirección nacional reconocen como señal muy positiva la actitud del presidente del Gobierno en su último duelo con Feijóo en el Senado. "Si nos quería matar Sánchez y romper la negociación ayer (por el cara a cara del martes) tuvo la oportunidad y no lo hizo", admiten esas mismas fuentes.

Los populares buscan una pista de aterrizaje que les permita "explicar" el acuerdo a sus potenciales votantes y huir de la imagen de 'pasteleo' con el Gobierno con la que a buen seguro les atizarán desde Vox. "Para nosotros el acuerdo tiene que ser explicable. Sólo es asumible si es explicable", admite un miembro de la dirección nacional que también reconoce que lo tienen difícil y que la "pedagogía es jodida".

Aun así están convencidos de que toca hacerlo porque es una cuestión de Estado y porque la situación del Poder Judicial es insostenible. "Nosotros aspiramos a gobernar y no podemos permitirnos que llegue después el PSOE y nos la devuelva con otros cuatro años de bloqueo". Es la justificación última para esta vez sea la buena.