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El Gobierno tiene abiertas tres pistas de negociación con asuntos fundamentales que marcan la agenda política y actores muy diferentes, sus aliados de investidura, la oposición y Podemos. Reparte fuerzas en una semana clave. Negocia con ERC y PNV para que no presenten una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado, con el PP para intentar desbloquear la renovación del Poder Judicial y con su socio de coalición para desencallar la ley trans en el Congreso.
Todos los escenarios están abiertos ahora mismo con el Ejecutivo pisando el acelerador e intensificando los contactos. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, es el principal negociador con un papel protagonista en las conversaciones sobre el CGPJ con el vicesecretario del PP, Esteban González Pons. Pero también con los portavoces de Esquerra y los nacionalistas vascos para salvar el primer trámite de los Presupuestos junto a María Jesús Montero, la ministra de Hacienda.
Las diferencias profundas entre socialistas y Podemos en la ley trans, uno de los proyectos estrella de Irene Montero, se están dirimiendo a nivel de grupo parlamentario aunque si al final se enquista el desacuerdo no se descarta que tenga que intervenir el presidente Pedro Sánchez.
Este viernes a las 14.00 de la tarde finaliza el plazo para que la oposición presente las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado. La próxima semana las cuentas públicas se someten a su primera votación en el Congreso, la que decide si el PGE sigue adelante o se devuelve al Gobierno.
Esquerra ha avisado este miércoles al PSOE que sigue "muy lejos" de cumplir sus compromisos con Cataluña. Fuentes republicanas aseguran que a estas alturas no se puede descartar la presentación de una enmienda y alertan de que todo está en el aire. "El PSOE a día de hoy sigue sin cumplir con sus propios compromisos", escribió Gabriel Rufián en Twitter. El lunes la portavoz Marta Vilalta, desde Barcelona, ya reclamó que la negociación de los Presupuestos y el proceso de desjudicialización debían avanzar al mismo tiempo.
ERC pone el foco en buscar medidas para las personas que tienen causas pendientes por el procés. Avanzar en la reforma del delito de sedición y el desbloqueo de la ley de vivienda son claves para hacer inclinar la balanza de los republicanos.
El año pasado año se presentaron 7 vetos. ERC y PNV mantuvieron su amenaza hasta el final y el acuerdo no llegó hasta el último minuto. Los catalanes pactaron la Ley Audiovisual y los vascos consiguieron la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Ninguno presentó enmienda. El Gobierno tiene en cualquier caso una semana más de margen porque la votación no será hasta el próximo jueves.
Una de las negociaciones cruciales que el Gobierno tiene ahora encima de la mesa es con el PP para renovar el CGPJ, con el mandato caducado desde hace cuatro años. La dimisión de su presidente, Carlos Lesmes, tiene abierta una crisis en el Poder Judicial sin precedentes. Y esta vez sí parece que socialistas y populares pueden cerrar un pacto en los próximos días.
Bolaños y González Pons llevan hablando desde que el día 10 de este mes Sánchez y Feijóo se reunieron en Moncloa y avanzaron en el acuerdo. Las dos partes reconocen avances pero nadie quiere radiar una negociación compleja que puede saltar por los aires en cualquier momento. En el debate del Senado, donde los dos líderes chocaron con las medidas económicas, Feijóo subió el tono y el presidente del Gobierno lo bajó para facilitar el pacto.
El coordinador general del PP, Elías Bendodo, sostiene que hay avances "a buen ritmo" y confía en que se pueda llegar a un acuerdo "más pronto que tarde". Reconoce que los contactos se están multiplicando en las últimas horas. Está por ver como puede influir en la negociación el hecho de que la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz se haya mostrado firme en que el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para conformar el CGPJ se tiene que cumplir y eso implica que haya vocales propuestos por Podemos. El nombre de Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la violencia de género, suena con fuerza.
La baja en el PSOE de Carla Antonelli, un referente del colectivo LGTBI y exdiputada en la Asamblea de Madrid, ha sido el ejemplo más visible del quebradero de cabeza que supone la ley trans para el Gobierno. Argumentó que deja el carné decepcionada con su partido por retrasar la tramitación del proyecto.
Con el argumento de buscar un amplio consenso parlamentario los socialistas, con el apoyo del PP y Vox, pidieron este martes una ampliación del plazo para presentar enmiendas que conlleva que la ley no comience todavía su tramitación. La ministra de Igualdad salió de inmediato a mostrar su preocupación por las "trabas" que está poniendo el PSOE e insistió en que la ley debe estar aprobada antes de que acabe el año "sin transfobia" y sin recortar los derechos que ya están plasmados en el texto.
Es una de las leyes que más tensiones ha generado entre el PSOE y Podemos. El asunto más espinoso es el de la autodeterminación de género, que cualquier persona pueda cambiar su nombre y sexo en el registro civil sin necesidad de ningún documento. Es un concepto que divide al movimiento feminista y al propio PSOE con una facción muy beligerante capitaneada por Carmen Calvo que considera que la autodeterminación pone en peligro las leyes de igualdad. Los socialistas presentarán enmiendas para modificar algunos aspectos e introducir más seguridad jurídica pero de momento la salida no parece fácil.