"Hay una oportunidad real de acuerdo". Fuentes del Gobierno aseguran a NIUS que en la reunión de tres horas en el Palacio de la Moncloa entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo los dos dirigentes constataron que la voluntad para poner fin a la grave crisis institucional que vive el Poder Judicial tras la dimisión de Carlos Lesmes es compartida. El ejemplo es que las dos partes exhibieron prudencia en las declaraciones posteriores y se rebajó el tono a la hora de poner condiciones.

Eso sí, de fondo las posiciones de Gobierno y PP se mantienen y nadie ha renunciado públicamente a sus postulados. "Hay que proteger el acuerdo", dicen en Moncloa y de lo que se trata ahora es de "no meternos el dedo en el ojo", resumen de forma gráfica. En Génova valoran que el Ejecutivo esté dispuesto a escuchar y a dialogar y ponen el foco en que los posibles candidatos no tengan dependencia de los partidos políticos.

Tanto el PSOE como el PP quieren que el acuerdo sea rápido. En el Ejecutivo creen que se puede resolver en cuestión de días, no alargar la negociación durante semanas. De hecho, aunque nadie ha establecido plazos concretos, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario general institucional del PP, Esteban González Pons, se sentarán de forma inmediata para entrar en la letra pequeña.

Los dos se incorporaron a la reunión con sus jefes de filas y los dos explicaron después a los medios de comunicación el resultado. Uno desde la sala de prensa de Moncloa, el otro desde la sede del PP en Génova. Los dos fueron prudentes y discretos y se alejaron de las posiciones maximalistas y agresivas de otras comparecencias.

Bolaños dijo que la principal conclusión de la reunión fue "dar un último intento a la negociación para dar una solución rápida al bloqueo y superar de esta manera la crisis profunda del CPGJ". "Ya en serio", llegó a señalar en un momento de su intervención.

González Pons subrayó que se habían dado "una última oportunidad" y ponía un ejemplo: "Todo aquel en esta vida que haya tenido una pareja y se haya dado una última oportunidad, sabe de lo que estamos hablando: jugar al todo o nada".

Serán los que entren en el fondo de la cuestión, en los perfiles de los candidatos y en el procedimiento. El gran escollo en estos momentos es el modelo de elección de los jueces. El PP quiere cambiarlo para garantizar, dice, la independencia judicial y el Gobierno siempre ha defendido que la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional se tiene que hacer con el sistema vigente establecido en la Constitución.

Ni Bolaños ni González Pons quisieron aclarar si se va a modificar el sistema pero no parece que el Gobierno esté dispuesto. El ministro reafirmó que en ese asunto son conocidas las "distintas posiciones" de las dos partes.

El PP defiende que primero hay que "fijar los criterios" para llegar después a "perfiles no vinculados a partidos políticos". El vicesecretario general popular volvió a alertar de que sería muy "peligroso" que el Gobierno hablara de nombres con el independentismo.

Pons tuvo que aclarar el tuit que mandó Feijóo nada más salir de la reunión y que dio lugar a especulaciones. El presidente de los populares escribió que Sánchez y él habían "avanzado" para abordar la renovación conjunta del CGPJ y del TC con "un nuevo marco que profundice en criterios de independencia". Confiaba además en que sería posible "una reforma legal como pide la UE y lleva pidiendo meses el PP".

Según el vicesecretario del PP ese "nuevo marco" del que habla Feijóo es el diálogo. "Nos hemos encontrado a un Gobierno dispuesto a escuchar y hacer algo constructivo", subrayó en vez ser "ninguneados" como, a su juicio, ha ocurrido en otras ocasiones.

Ya antes de entrar en la reunión, el líder del PP había advertido de que no iba a aceptar un simple "cambio de cromos" para renovar el Consejo sin cambiar nada en el sistema de elección. En una entrevista con Ana Rosa Quintana en Telecinco, apostaba primero por "establecer cual es el procedimiento y luego los nombres". Denunciaba lo que considera un "asalto a las instituciones" por parte del Gobierno de coalición y ponía como ejemplo la Fiscalía General del Estado, RTVE, el CNI o el CIS.

En Moncloa le dan una importancia fundamental a que la Comisión Europea apremiase a renovar el órgano de gobierno de los jueces tras la dimisión de Lesmes. "Los últimos acontecimientos reafirman una vez más la urgencia de encontrar una solución", argumentó en una rueda de prensa el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand.

Wigand recordó la recomendación del último informe sobre Estado de derecho en la UE que insta a España a renovar el CGPJ con carácter prioritario y a abordar una reforma del sistema de elección de los vocales inmediatamente después.

Los populares insisten en que mantienen su propuesta enviada este verano a La Moncloa. Aceptan renovar el CGPJ con la ley actual pero exigen un compromiso para que en 6 meses haya una nueva norma para que los jueces se puedan elegir en el futuro con más objetividad. Sus líneas rojas son que un ministro no pueda ser nombrado Fiscal General del Estado inmediatamente después de dejar el Gobierno, un periodo de carencia de 5 años para que los ministros no se incorporen al CGPJ o al Tribunal Supremo, que los jueces se elijan por oposición y la incorporación de 1.000 nuevos jueces en los próximos cinco años.

El presidente del Gobierno y el líder de la oposición, que no mantenían un encuentro cara a cara desde hace más de seis meses, han visto como su relación se ha enturbiado a raíz de este asunto porque los dos se han culpado mutuamente de la crisis. El presidente ha hecho directamente responsable al PP del bloqueo y el líder popular le ha acusado de querer controlar la Justicia. Ahora se dan una última oportunidad.