{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
El clima de entendimiento entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras la dimisión de su presidente, Carlos Lesmes, puede poner fin al bloqueo de cuatro años que ya empezaba a afectar seriamente a la relación de los ciudadanos con la Justicia. Recientemente, la ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró que oía en el metro hablar de este tema a la ciudadanía porque esta "ya ha entendido la trascendencia" de la situación de bloqueo y, en consecuencia, que "les afecta directamente".
A pesar de las críticas a las declaraciones de Llop, lo cierto es que este bloqueo se trasladaba en cascada impidiendo los nombramientos de las principales instancias judiciales en las que se deciden los casos que afectan a miles de españoles cada día como consecuencia de las últimas reformas del Gobierno.
El bloqueo también obligaba a la Administración a realizar un esfuerzo presupuestario extraordinario destinado a costear los refuerzos de jueces y magistrados en el Tribunal Supremo (TS) y en otro órganos jurisdiccionales "para que la Justicia pueda funcionar con normalidad".
La presión sobre el sistema judicial española es tal que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, alertaba hace semanas del incremento de asuntos en todas las jurisdicciones, algo que le llevaba a solicitar dos juzgados más en Zaragoza.
Al trasvase de recursos presupuestarios para mantener mínimamente en funcionamiento la Justicia en España hay que añadir el bloqueo de las principales instancias superiores que, en el caso del Tribunal Supremo, pronto tendrá un 25 % de vacantes sin nombrar. También están sin cubrir 49 presidencias de tribunales de las 116 existentes en nuestro país".
Esta situación supone, entre otras consecuencias una importante reducción del número de sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, así como un grave retraso en la admisión de los recursos de casación, todo ello con efectos desoladores en la función de creación de la jurisprudencia, que repercute en el resto de órganos judiciales, según los expertos.
Así, el bloqueo de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo afecta a aquellos asuntos que tienen que ver con cuestiones relacionadas con las cláusulas suelo, tarjetas 'revolving', reclamaciones entre particulares o patrimoniales, divorcios, custodias, entre otros. Por su parte, la Sala de lo Penal atiende a recursos sobre casos de corrupción, violencia de género o terrorismo.
En el caso de de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, los retrasos afectan a los casos de indultos, nombramientos, impuestos o las reclamaciones contras las decisiones autonómicas derivadas de normar por la pandemia de covid-19. La Sala de lo Social tiene una gran cantidad de casos pendientes sobre cuestiones relativas a condiciones laborales, despidos, Seguridad Social, cuestiones sindicales, o los casos relacionados con los ERTE.
El caso de la Sala de lo Militar no es tan grave en cuanto a la acumulación de casos pendientes, sino por la posibilidad de que se quede sin magistrados, informaba recientemente el diario La Información.