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El apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a los presupuestos del Gobierno de coalición, tienen un precio. Así de claro lo ha dejado en varias ocasiones el portavoz de la formación independentista en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, que lleva semanas hablando de la “desjudicialización” del conflicto catalán y marca una de las líneas rojas de la formación para aprobar los presupuestos de PSOE y Podemos en la resolución de los procesos judiciales abiertos en Cataluña contra cerca de 80 altos cargos, alcaldes y políticos independentistas. El problema, tanto para ERC como para el Gobierno, es que esos procedimientos están ya en manos de los jueces, y en muchas ocasiones con investigaciones cerradas y a la espera de juicio.
Así está por ejemplo la causa que debe juzgar la Sección 21 de la Audiencia de Barcelona y que afecta a 30 altos cargos de la Administración catalana por la presunta malversación de 4.3 millones de euros durante la celebración del referéndum ilegal del 1-O. El caso quedó cerrado a la espera de juicio, pero un recurso presentado en otra causa lo ha paralizado hasta que los magistrados aclaren si esta segunda investigación se debe agrupar con la primera.
Este segundo procedimiento tiene que ver también con el uso de fondos públicos y afecta a una veintena de funcionarios y políticos independentistas, responsables del gasto que la Generalitat realizó durante los últimos años en promocionar el procés con dinero público fuera de España. Este parón da una ventana de oportunidad a la Fiscalía para afrontar un gesto con los independentistas, ya que el caso todavía no tiene una petición formal de penas sobre la mesa. Además de estas dos causas judiciales, el Tribunal de Cuentas mantiene abiertos otros dos procedimientos administrativos de reclamación de cantidades por estos mismos hechos.
Sin embargo, el elemento más importante sobre la mesa es un posible y futuro juicio al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los consellers que se marcharon con él y han decidido no regresar a España. En este caso, el procedimiento en su contra está pendiente de dos decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La primera de ellas es la cuestión prejudicial planteada por el juez Pablo Llarena para confirmar tanto la competencia del Tribunal Supremo español para pedir su extradición como la posible violación de derechos fundamentales. La segunda busca un pronunciamiento del TJUE sobre si Puigdemont tiene inmunidad frente a la Justicia española al ser eurodiputado.
Además, ese sería únicamente el primer paso para una posible entrega, ya que tras las dos decisiones del TJUE, Bélgica debería extraditar o no a Puigdemont y por qué delitos lo entrega. Cabe recordar que Alemania decidió su entrega solo por el presunto delito de malversación, por lo que Llanera anuló su petición al quedar fuera su acusación más importante.
Por eso es importante otro de los puntos de la hoja de ruta de ERC, que es la modificación del delito de Sedición, el mismo por el que está acusado tanto Puigdemont como los consellers Toni Comín y Clara Ponsatí y que les beneficiaría en un previsible juicio si deciden pisar España. En un punto similar se encuentra Marta Rovira, que reside en Suiza, país que está fuera del sistema de euro-órdenes.
Además, el Tribunal Constitucional español debe decidir sobre los recursos presentado por Vox y Ciudadanos contra los indultos aprobados por el Gobierno en 2021 para todos los condenados tras el procedimiento contra el procés seguido en el Tribunal Supremo, que supuso sentencias de prisión para nueve políticos independentistas, miembros del Ejecutivo autonómico cuando se produjo la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) en 2017.
Ya en España, la situación en los tribunales cinco años después del 1-O sigue en muchos casos abierta. Así sucede por ejemplo en el procedimiento que se sigue contra los cinco síndics electorals elegidos por el Parlament para el referéndum declarado ilegal, que ya fueron absueltos en 2021 pero cuyo proceso deberá repetirse, o los procedimientos individuales que la Justicia mantiene contra una veintena de alcaldes, acusados de desobedecer las decisiones judiciales y colaborar en el 1-O en lugar de tratar de impedirlo. Entre los primeros ediles que han ido ya a juicio, hay disparidad de criterios. Mientras algunos han resultado condenados, otros han quedado libres de cualquier cargo, en sentencias que en varios casos todavía no son firmes.
De la misma manera, sigue abierta la investigación sobre las personas detrás de Tsunami Democrátic y de determinados gastos sufragados entre otras instituciones por la Diputación de Barcelona. Las pesquisas están encabezadas por la Guardia Civil como policía judicial y cuentan con cerca de una veintena de imputados de distinto rango.