El juicio por el accidente del Alvia arranca este miércoles nueve años después del fatídico incidente. El tren que partió de Madrid rumbo a Santiago, dejó 80 muertos y otras 145 personas heridas tras descarrilar en la conocida curva de A Grandeira, en el barrio compostelano de Angrois. Ahora, acudirán a los tribunales 446 perjudicados, más de 500 testigos, 145 acusaciones y dos acusados.

El maquinista que conducía el tren, Francisco Garzón, y el exjefe de seguridad de Adif Andrés Contabitarte, los supuestos culpables, declararán desde esta primera jornada hasta el viernes ante la magistrada María Elena Fernández Currás en la Cidade da Cultura de Galicia, el recinto que ha habilitado el la Xunta de Galicia debido a la envergadura del juicio y que su adaptación ha tenido un coste de 931.759 euros. El expediente del caso agrupa 44.460 folios divididos en 95 tomos en los que se recoge todas las pruebas en contra de los acusados, como el exceso de velocidad del maquinista, que tomó la curva limitada a 80 kilómetros por hora a 200 km/h, así como las faltas de medidas de seguridad.

Tras una larga fase de instrucción, en la que han variado los distintos acusados, se comenzará a juzgar la acción penal. Una práctica que se extenderá hasta el 10 de febrero de 2023. Seguidamente comenzará la vertiente civil a partir del 14 de febrero, según las previsiones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Los dos únicos acusados se enfrentan a penas de cuatro años de cárcel e inhabilitación profesional durante dicho periodo por 80 presuntos delitos de homicidio, 145 de lesiones y uno de daños de imprudencia profesional grave. Por otro lado, tanto la Fiscalía como la asociación que representa a la mayor parte de las víctimas han pedido a Renfe, Adif y sus respectivas asegurados, QBE y Allianz Global Corporate & Speciality, así como a los dos acusados, una reclamación por daños y perjuicios por un valor de 57,69 millones de euros.

A la salida de la primera sesión, uno de los dos acusados, Andrés Cortabitarte, ha recibido un duro golpe en la cabeza cuándo se encontraba abandonando el recinto por parte de uno de los afectados. El agresor era un hombre que había perdido a su hija, de entonces 22 años, en el accidente. Debido a este incidente, y los múltiples insultos y amenazas hacía los acusados, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia va a reforzar la seguridad de cara a las próximas jornadas.

Por otro lado, el maquinista ha accedido, acompañado de su abogado, a la sala a través de la puerta principal, cubriéndose el rostro con gafas y mascarilla negra. Al contrario que ha hecho el exjefe de seguridad. "Refleja muy bien lo que hemos pasado y hemos sufrido en estos últimos nueve años. Garzón ha dado la cara y ha pedido perdón y Cortabitarte ha hecho lo que han hecho el Ministerio y el Adif, ocultarse y ocultar la verdad" ha asegurado Jesús Domínguez, portavoz de la plataforma de víctimas 04155.

Durante los más de nueve meses que durará el juicio, la magistrada Currás recibirá en la Cidade da Cultura a 552 testigos, 21 testigos/perios y 126 peritos, con una media de 15 testigos y tres testigos/peritos en cada jornada. Con respecto a los peritos, estos testificarán entre cinco y diez por jornada en la acción civil y uno diario en la acción penal, debido a la amplitud y complejidad de los informes.

Desde la plataforma de víctimas Alvia 04155 ha lamentado la extensión del proceso.  "A lo largo de este tiempo han fallecido algunos familiares y para ellos ya no va a haber justicia", explica su portavoz, quien denuncia que "las propias instituciones han provocado que tarde tanto, con el cambio de juez, con peritos sin experiencia que demoraron el informe de la causa, con un informe que la UE no considera justo porque no lo hicieron expertos independientes, con una Fiscalía que no investigó nada los primeros cuatro años...". "Creemos que va a haber una sentencia pero no va a haber justicia"

También, miembros de la plataforma han admitido que sienten "muchísimo" dolor y "rabia" porque en el banquillo no estén sentados "responsables políticos". Volvieron a arremeter contra Adif, por el "entorpecimiento" y por creer que suya es la responsabilidad. La misma plataforma, que se manifestó el lunes ante el Congreso de los Diputados, ha pedido que se depuren responsabilidades políticas y exige la dimisión de Ana Pastor, la actual vicepresidenta segunda de la Cámara Baja, que en el momento del accidente estaba al mando del Ministerio de Fomento. ""Si Adif está en el banquillo, ¿cómo no está el Ministerio por autorizar la puesta en servicio de una línea cuando no cumplía la normativa?".

Durante la fase de instrucción, que pasó por las manos de dos jueces: Luis Aláez y Andrés Lago Louro, se llegó a imputar a la cúpula de Adif, pero su sucesor Lago Louro cerró la investigación en octubre de 2015 con el maquinista como único imputado. Pero la Audiencia Provincial de A Coruña, volvió ha abrir la causa para añadir al exjefe de seguridad dos años antes de que se volviese a abrir el caso tras la denuncia de un extrabajador de Talgo que afirmó que horas después del incidente se borraron datos sobre averías en el tren bajo la orden de altos directivos de la ferroviaria.

Las abogados de Garzón y Cortabitarte han dirimido responsabilidades para los acusados y señalan la falta de medidas de seguridad en el tramo y el exceso de velocidad como los responsables de incidente.