El Ministerio del Interior reforzará la presencia de Unidades de Intervención Policial (UIP) para evitar altercados con motivo del cumplimiento de cinco años desde la celebración del referéndum ilegal del 1-O, en octubre de 2017. Según ha podido confirmar confirmar NIUS, desde la Unidad Central de Intervención, con base en Madrid, la Dirección General de la Policía desplazará a dos dotaciones completas de agentes. La cita coincide en el mes con otros dos refuerzos tradicionales de los equipos de control de masas: el Día de la Hispanidad (próximo 12 de octubre) y la celebración de los premios Princesa de Asturias, el próximo 28 de octubre.
Desde 2017, Cataluña se ha convertido en uno de los destinos menos demandados dentro de Policía Nacional y Guardia Civil, hasta el punto de que en la última promoción, cerca de 600 agentes recién graduados en la academia policial tuvieron que asumir un traslado forzoso a la zona. Fueron los que obtuvieron las peores notas y por tanto, los últimos que pudieron elegir destino. En la escala intermedia, los sindicatos policiales denuncian desde hace meses que la plantilla debería tener, al menos, el doble de efectivos de lo que tiene en la actualidad,
Además, desde la celebración del referéndum ilegal, tanto Policía como Guardia Civil han sido objetivo de varios encontronazos directos con los partidos independentistas y con la propia Generalitat de Catalunya, bien por las investigaciones que han emprendido contra sus responsables, o bien por cuestiones sociales, como sucedió cuando la Generalitat retrasó la vacunación de policías y guardias civiles en mitad de la pandemia por el Covid-19. Sobre este caso, el Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona ha imputado a cuatro cargos de la Generalitat, acusados de discriminar a los agentes de los cuerpos estatales.
Sin embargo, hace cinco años el número de efectivos se duplicó en Cataluña. Como forma habitual, las plantillas en Guardia Civil y Policía rondan los 5.000 efectivos en la comunidad autónoma, pero durante el desafío independentista, el Ministerio del Interior movilizó a otros 6.000 agentes, que tuvieron que residir incluso en tres barcos crucero alquilados para el operativo, que recibió el nombre de operación Copérnico, que costó en total 87 millones de euros.
El operativo se repitió, aunque a menor escala, cuando el Tribunal Supremo hizo pública la sentencia del juicio del procés, en octubre de 2019. Sin embargo, hubo entonces una diferencia fundamental que provocó que el número de agentes desplazados fuera notablemente menor. Durante la celebración del 1-O fue manifiesta la inacción de los agentes de la policía catalana, que es la que en circunstancias normales tiene las competencias para el control de masas en la zona, con unidades especializadas como la Brigada Móvil. Unidades que sí salieron a la calle durante los graves disturbios que se produjeron dos años después.