El Gobierno entra de lleno en la batalla fiscal abierta por el PP andaluz: "Es un regalo a los más ricos"

El paso dado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, de suprimir en su comunidad el impuesto de patrimonio ha abierto la caja de los truenos y ha desatado la batalla fiscal entre el PSOE y el PP. La bajada de impuestos es una tradicional bandera del Partido Popular pero en la larga campaña electoral en la que está inmersa la política española con las municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina y ante un panorama de crisis económica el Gobierno ha entrado de lleno en el debate dispuesto a ir al cuerpo a cuerpo para enfatizar a quién defiende cada uno.

Moncloa aprovecha la supresión de un impuesto que solo afecta al 0,2% de los andaluces con más patrimonio para identificar al PP de Feijóo como el partido que beneficia a una minoría de privilegiados frente a Sánchez que gobierna para la mayoría social del país. Eso sí, el Ejecutivo se desmarca de su ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, que reaccionó a la medida del presidente andaluz proponiendo centralizar los impuestos para evitar, dijo, el "despropósito" de la competencia entre las diferentes comunidades autónomas en materia impositiva.

El debate fiscal está abierto, cada uno reivindica su modelo y a nadie deja indiferente. Todos han entrado a fondo, desde Feijóo y Ayuso hasta los ministros, gobiernos autonómicos de todos los colores y los socios del Ejecutivo que rechazan tanto bajar impuestos como recentralizarlos.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, marcó el camino en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros sin que nadie le preguntase: "Somos un Gobierno para la mayoría y otros están con la minoría". Para el Ejecutivo, la supresión del tributo de patrimonio "despeja la duda" de con quién está el PP. Carga contra "un "regalo fiscal" para "los más ricos, "los que tienen mayor patrimonio", "los elegidos" y lo contrapone con las políticas de Sánchez de reducir impuestos que afectan al 99% de los españoles como al reducción del IVA al gas. La portavoz advirtió de que la supresión de patrimonio puede afectar a todos los ciudadanos porque se van a dejar de recaudar millones de euros que se traduce en menos recursos para Andalucía.

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, fue una de las más beligerantes contra el modelo del PP que ya está implantando en las comunidades donde gobierna. Se basa, a su juicio, en bajar impuestos a los ricos "en una carrera a la baja que empobrece a todos". Calviño aseguró que en un primer momento pensó que se trataba de "una broma pesada" porque un contexto económico marcado por el reto de la inflación requiere del apoyo a los más vulnerables y el refuerzo de los servicios púbicos. "No daba crédito", enfatizó.

El ministro de Inclusión y Seguridad Social se descolgó con su propuesta centralizadora que calificó como una opinión a título personal. Escrivá habla de "despropósito" y deriva "indeseable" de las comunidades autónomas. Para el ministro eliminar patrimonio es una medida "extraordinariamente regresiva" justo cuando más se necesitan políticas redistributivas para los vulnerables por el alza de los precios. Escrivá considera que las comunidades deberían dedicarse a mejorar la provisión de servicios en Sanidad y Educación y no a competir entre ellas. Achaca la situación a un sistema de financiación autonómica "mejorable" que es el que decide los recursos con los que cuenta cada comunidad para cubrir los servicios públicos.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, lanzó un aviso a los gobiernos de Andalucía y Madrid. "No vale", aseguró que luego pongan la mano para que "papá Estado" compense la pérdida de recaudación. López que se declara partidario de la corresponsabilidad fiscal y de que cada comunidad gestione sus competencias alerta ante la práctica de algunas de "competir a la baja" y dejar desprotegidos a la inmensa mayoría de los ciudadanos. "Espero que luego no piensen que el resto vamos a poner a escote ese dinero que dejan de recaudar", proclamó.

Feijóo, que ha convertido la bajada de impuestos en el eje principal de su mensaje, argumentó la decisión Juanma Moreno en el cumplimiento del programa lectoral con el que ganó las elecciones el pasado mes de junio con mayoría absoluta en Andalucía. El líder del PP reivindica que son las comunidades las que ejercen con responsabilidad sus competencias y mantiene que cuando se bajan algunos impuestos se recauda más. Para Feijóo, que pide no hacer "demagogia" en este asunto, la crítica del PSOE está fuera de lugar porque recuerda que fue un presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, el que eliminó el impuesto de patrimonio para todos los españoles.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que lleva a gala la bajada de impuestos, -en Madrid no existe el de patrimonio-, se descolgó con una advertencia a Escrivá: "Voy a ser la peor pesadilla de las personas que intenten subir impuestos en la Comunidad". Ayuso cree que la propuesta del ministro es una amenaza a la fiscalidad de Madrid, a su "libertad y prosperidad" y presume de que es la región "motor de creación de empleo y motor económico para España".

El Govern cargó contra Juanma Moreno que ha instado a empresarios catalanes a instalarse en Andalucía. "Que dejen a los catalanes en paz", dijo la portavoz Patricia Plaja que apuesta por no entrar en "una subasta populista que no aporta nada". La Generalitat no teme una fuga de empresas hacia otros territorios y rechaza la propuesta de Escrivá con el argumento de que la "centralización" nunca es la mejor opción.

Los nacionalistas vascos, socios prioritarios del Gobierno, recuerdan que ellos se rigen por el concierto económico y fiscal y no les concierne el debate. Aún así, al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, no le parece bueno el 'dumping' fiscal entre territorios. El portavoz del Gobierno vasco fue más allá y afirmó que Euskadi "no va a participar en la pesca de los ricos". En el País Vasco sí existe ese tributo. Se recaudan 150 millones de euros de 16.000 contribuyentes, lo que supone el 0,28% de la población vasca.