El pleno del Tribunal Supremo deliberará hoy sobre el recurso presentado por el coronel Manuel Sánchez Corbí tras su cese al frente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en 2018, para el que el ministro Fernando Grande-Marlaska alegó falta de confianza. El cese de Corbí, con una dilatada experiencia en unidades de investigación y en la lucha contra ETA, se produjo después de que el entonces responsable de la UCO enviase un correo en el que indicaba a sus subalternos que la caja de fondos reservados se había quedado sin fondos y hasta que fuera repuesta, debían quedar paralizadas las investigaciones que de ella dependieran.
Tras la difusión de esta comunicación en la prensa, que evidenciaba que la falta de estos fondos podría afectar a investigaciones en curso por parte de esta unidad, Interior cesó a Sánchez Corbí sin señalarle de forma directa como el filtrador pero alegando “falta de confianza” por sus instrucciones a sus subalternos
El alto mando de la Guardia Civil, que en la actualidad ejerce en la empresa privada, denunció su cese por vía administrativa primero dentro del cuerpo, después ante el Juzgado de Lo Contencioso nº 3 de la Audiencia Nacional y luego por recurso ante la Sección Quinta de la Sala de la Audiencia Nacional. Las tres instancias respaldaron la decisión tomada por Interior al considerar que el puesto que ocupaba entonces Sánchez Corbí era un puesto de discrecional nombrado por los responsables del ministerio y de la dirección del instituto Armado.
En última instancia, el coronel presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, que aceptó deliberar sobre las decisiones judiciales anteriores pese a reconocer que había ya numerosa jurisprudencia sobre los ceses en puestos de libre designación, pero no sobre las motivaciones legalmente aceptadas para que se produzca o no ese cese.
Por eso, la decisión del tribunal podría influir en procedimientos posteriores que afectan también a puestos de responsabilidad, y en especial al abierto en los tribunales por el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, exresponsable de la Guardia Civil en Madrid y que fue cesado del cargo tras la investigación que una de las unidades bajo su mando realizó como policía judicial para un juzgado de Madrid sobre el avance de la pandemia y la organización de la manifestación del 8-M.
En este caso, los investigadores bajo el mando de Pérez de los Cobos recibieron la orden expresa por parte de la magistrada encargada del caso para que las conclusiones de sus pesquisas no fueran comunicadas a autoridad alguna fuera de la cadena judicial. Aun así, el coronel fue cesado por no aportar datos de esta investigación a la actual directora del Instituto Armado, María Gámez, que es un cargo político nombrado directamente por Interior y alegó de nuevo pérdida de confianza.
En este segundo caso, la decisión judicial fue distinta ya que en un primer procedimiento, también en la Audiencia Nacional, el tribunal le dio la razón al entender que tanto Pérez de los Cobos como las personas que estaban bajo su mando estaban acatando una instrucción expresa de la instructora al mantener en secreto la investigación. Fue el recurso de Interior ante la sala Contencioso-Administrativa el que dio la vuelta al procedimiento al considerar que la decisión judicial anterior no estaba suficientemente motivada. Ahora, el exresponsable de la Benemérita en Madrid, que sí permanece en el cuerpo, también espera la decisión final sobre el procedimiento.