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España expulsó en caliente en el verano de 2021 al menos a cuatro menores marroquíes “víctimas de abusos y amenazas en su país de origen”, “sin redes de apoyo” en Marruecos o pertenecientes al colectivo LGTBI (considerado ilegal en el país), pero planeaba hacerlo con casi una treintena de menores en una situación similar. Y la prueba aparece en la documentación entregada por el propio Gobierno ceutí para defenderse de las acusaciones de prevaricación en el proceso de expulsión de medio centenar de menores ocurrido en agosto del año pasado en la ciudad autónoma.
Las expulsiones, según el sumario del caso, se dieron entre el 13 y el 16 de agosto, después de que días antes la ciudad sufriera la entrada ilegal de más de 12.000 personas, y entre ellas 1.095 menores. Tras la crisis humanitaria, Ceuta pidió al Gobierno español que activase el acuerdo bilateral de 2007 que permite, en contra de la legislación internacional, que España expulse a menores a Marruecos siempre que el Gobierno vecino los acepte. De una forma resumida y con varias salvedades, tanto los acuerdos internacionales como la Ley de Extranjería exigen dos elementos básicos para que se den estos procesos de regreso de menores: que se garantice que volverán con sus familias, y que los menores no queden en una situación de vulnerabilidad. Desde el punto de vista formal, la legislación exige además un procedimiento legal individualizado para cada uno de los menores expulsados.
En aquellas fechas, la Administración ceutí tenía a 758 menores bajo su cuidado en ocho centros distintos. El coste anual de mantenerlos, según sus propios presupuestos, ascendía a 1,8 millones de euros. Fue entonces cuando el Gobierno de la Ciudad Autónoma pidió al Ministerio del Interior que activase el acuerdo bilateral que, a su juicio, abría la puerta a la devolución de los menores en cuestión de días. La cartera de Fernando Grande-Marlaska aceptó “siempre que se cumplan las garantías y derechos de los menores”, y la operación se puso en marcha.
Para conocer la situación personal de los menores y sobre todo si había entre ellos personas en situación de riesgo o vulnerabilidad que deberían quedar en España tal y como marca la legislación, la ciudad autónoma encargó informes personalizados al equipo de la ONG Save The Children, que se centró en hacer entrevistas personales. El programa costó 210.000 euros de los que 50.000 salieron de las arcas públicas y el resto fue costeado de manera solidaria por la propia ONG.
El 12 de agosto de 2021, la delegada del Gobierno en la ciudad, Carmen Mateos, y la vicepresidenta del Gobierno de Ceuta, María Isabel Deu Del Olmo, elaboraron un listado de 145 menores que serían devueltos a Marruecos por medio de la frontera (140 en realidad, ya que en la lista aparecían varios jóvenes mencionados dos veces). El país vecino prometió trasladarlos a un centro de menores cercano para garantizar su reagrupación familiar o su cuidado, pero aseguró que con esa cifra de expulsados era imposible. Solo asumió el envío de 15 menores al día.
La salida de los grupos de jóvenes se prolongó cuatro días, hasta que el 16 de agosto varias ONG denunciaron el procedimiento e incluso varios de los menores expulsados presentaron un habeas corpus para evitar su entrega. En total esos días fueron expulsados 55 menores. Arrancó así un procedimiento judicial en España que supuso la apertura de varios procesos judiciales individuales para algunos jóvenes, además de unas diligencias de investigación de la Fiscalía tras la denuncia de la propia Jefa de Menores del Gobierno ceutí, que consideraba el procedimiento ilegal y lo dejó varias veces por escrito. Esa denuncia se transformó en querella y tanto la delegada del gobierno como la número dos del Ejecutivo ceutí están investigadas por un presunto delito de prevaricación. Es decir: por tomar presuntamente una decisión desde su cargo a sabiendas de que es ilegal.
En sus declaraciones, varios de los responsables públicos que han pasado por la Fiscalía reconocieron que no habían visto siquiera los informes de Save The Children sobre la situación de los menores, aunque matizaron que ese no era su cometido. Para intentar justificar su actuación, fueron los representantes legales de la ciudad autónoma los que presentaron al juzgado un listado de los menores que según la documentación, habían sido reseñados por parte de la ONG. El problema es que al cruzar el listado de expulsiones propuesto por los responsables públicos y las alertas de riesgo de Save The Children, hay 27 nombres coincidentes. 27 de 145 propuestas de expulsión. Finalmente cuatro de ellos fueron entregados a las autoridades marroquíes entre los 55 expulsados.
Según el listado elaborado tras las entrevistas personales a los menores tutelados en Ceuta, al que ha podido acceder este diario y que fue entregado a la Justicia por la propia Administración, la mayoría de las coincidencias con el listado de expulsados se da en el centro de Santa Amelia, que era entonces el más masificado y el que más preocupaba al Gobierno ceutí. De allí, la delegación del Gobierno y la Vicepresidencia del gobierno local pactaron expulsar a 17 menores que según su propio listado eran “víctimas de abusos y amenazas en su país de origen”. Otros cinco aparecen reseñados como “menores de 14 años” y otros cinco “sin redes de apoyo en el país de origen”.
Ante la reducción de los cupos a 15 personas diarias y tras las denuncias presentadas, finalmente, solo cuatro de ellos fueron entregados a Marruecos en el grueso de los 55 menores que pusieron rumbo a la frontera, ya que sus nombres aparecen en los estadillos que elaboraron esos días los agentes de la Policía Nacional, encargada de las gestiones fronterizas. Uno de ellos, H.A, tenía 15 años y fue entregado a Marruecos el 16 de agosto tras haber sido considerado “víctima de abusos”. Ese mismo día una ONG presentó una denuncia en España por su expulsión. Otros de sus compañeros de centro pasó por la misma situación y fue expulsado ese mismo día. Un juzgado español ha declarado ya que su entrega a Marruecos fue “contraria a derecho”.
El 14 de agosto fue expulsado O. A, nacido en 2004 y considerado “víctima de abusos y amenazas en su país de origen”. En el mismo convoy estaba también otro joven de un centro distinto, Piniers IV. Nacido en 2004, A. C es -según la documentación que tenía entonces la ciudad autónoma- miembro del “colectivo LGTBI”, pero fue devuelto a un país donde las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales.