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El gasto en Defensa, la OTAN, la cesta de la compra, la Ley de Vivienda, la de seguridad ciudadana o los topes a las hipotecas. Es la lista de discrepancias que tensionan ahora mismo las relaciones entre PSOE y Podemos, los dos socios del Gobierno de coalición. En un suma y sigue constante esta semana se une otro foco de conflicto que puede hacer peligrar la ley de equidad sanitaria, la conocida como 'ley Darias', a su paso por el Congreso de los Diputados. Los morados consideran que su redacción actual no acaba con la "privatización" de la sanidad pública.
Este jueves es el debate de totalidad y varios grupos parlamentarios, -Vox, el PDeCAT y Ciudadanos-, han presentado enmienda a la totalidad. Podemos ha amenazado con no votar en contra de esos vetos de la oposición si el PSOE no se sienta a negociar para cambiar el texto y cerrar de forma clara la puerta a las privatizaciones. "No está garantizado nuestro voto", repiten todos los dirigentes de la formación morada.
Si las enmiendas saliesen adelante el proyecto decaería y sería devuelto al Gobierno. Si eso ocurre con el voto de Podemos, uno de los partidos del Ejecutivo, estaríamos hablando de un varapalo sin precedentes de consecuencias desconocidas. De momento, las quejas del socio minoritario ya se han trasladado a una serie de enmiendas para restringir las fórmulas de gestión indirecta en el sistema de salud.
Es la última discrepancia que sacude al Gobierno, -con el presidente en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU-, aunque la oposición de los morados al texto elaborado por el Ministerio de Sanidad que dirige la socialista Carolina Darias viene de lejos, desde que se presentó el anteproyecto el pasado año. En junio la aprobó el Consejo de Ministros, donde se sientan cinco miembros de Unidas Podemos, sin el consenso de los morados que avisaron de que la ley no saldría adelante si no se cambiaba.
Este jueves la ley tiene una prueba de fuego en el Congreso que vuelve a generar ruido y malestar entre los dos partidos. El proyecto por el que "se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud" nace con la voluntad de blindar el acceso a la sanidad pública, dar prioridad al modelo de gestión directa de los servicios sanitarios y sociosanitarios y eliminar los copagos. Pedro Sánchez, en un mitin este verano, la calificó como la garantía de que "ningún gobierno de derechas en ninguna comunidad autónoma" pudiese privatizar la sanidad pública.
Y precisamente ahí está la discrepancia de Podemos, el escollo que impide su apoyo. Los morados reprochan al PSOE que el texto no deroga la ley 15/1997 que aprobó el Gobierno de José María Aznar y que abrió la puerta a "la privatización masiva" y a la externalización de los servicios sanitarios. Añaden que desde entonces, en algunos territorios, esos procesos han avanzado de forma imparable "deteriorando la calidad de la atención, precarizando a los profesionales, rompiendo la equidad del sistema y haciendo millonarios a unos pocos".
Podemos considera que la norma de Darias mantiene el marco de externalización heredado del PP porque el fondo se "queda como está". El texto asegura que solo se podrán externalizar servicios en casos excepcionales. Para Podemos eso permitirá en la práctica a cualquier comunidad autónoma seguir privatizando como hasta ahora.
Para evitarlo proponen incluir "límites reales y no retóricos" en la definición de excepcionalidad y que esa vía solo se lleve a cabo el tiempo "estrictamente necesario" no pudiendo ser superior a un año de duración. Piden que en ningún caso pueda externalizarse el servicio de asistencia sanitaria integral que tenga carácter estructural en un determinado territorio, ni tampoco "centros de salud con vocación de permanencia, como hospitales, centros de asistencia ambulatoria o centros de Atención Primaria". Exigen también que la gestión indirecta que se preste mediante concierto no pueda ser prorrogada.
Otro de los argumentos de Podemos para rechazar el texto tal y como lo ha redactado Sanidad es que no han escuchado "poner el grito en el cielo" ni a Alberto Núñez Feijóo, ni a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ni a los grandes empresarios de la sanidad privada en nuestro país. Aunque lo cierto es que Ayuso sí anunció recurso ante el Tribunal Constitucional.
El acuerdo de coalición firmado entre PSOE y Podemos señala que se apostará por "una sanidad que se base en la gestión pública directa" y para ello "se revisará la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y el conjunto de los mecanismos normativos que abren la puerta a privatizaciones del sistema".
En Podemos dicen que todavía "hay margen" de aquí al jueves para sentarse a negociar y llegar a un acuerdo. En el PSOE no quieren entrar al trapo y recuerdan que han sacado 161 iniciativas legislativas en el Congreso en lo que va de legislatura y no ha sido fácil. "Los hechos nos avalan, en ese camino vamos a seguir trabajando", subrayó la portavoz del partido, Pilar Alegría, que apuesta por la capacidad de negociación de los socialistas cuando las leyes llegan al Parlamento sin entrar en más detalles.
Confían en que sus socios al final no votarán a favor de las enmiendas de Vox, Ciudadanos o el PDeCAT que se oponen a la ley por diferentes motivos, desde la invasión de competencias a la exclusión de la colaboración público-privada que denuncia el partido de Abascal.
Es el choque más reciente entre el PSOE y Podemos y no parece que vaya a ser el último en lo que queda de legislatura, un año y poco más de tres meses donde la cuerda entre los dos socios va a estar muy tensa.