El empresario mexicano Allen Sanginés-Krause es algo más que un amigo para el rey emérito. Además, entre 2017 y 2018 era su benefactor, su donante para seguir un abultado nivel de vida pagado por terceros y el hombre que, de su bolsillo, abonaba incluso las facturas de los tratamientos anti-edad a los que se sometía Juan Carlos de Borbón en una clínica de Barcelona. Y en esas mismas fechas compró Sanginés-Krause (o mejor dicho una de sus compañías) un edificio de lujo en pleno centro de Madrid. Un edificio que se adquirió con un préstamo enviado desde una empresa en Emiratos Árabes Unidos (EAU), el mismo país que sirvió dos años después al rey emérito para instalar su residencia fiscal y donde las empresas no tienen obligación de hacer públicos sus accionistas.
Así, fue la empresa Alcazar Ventures, amparada por la opacidad del emirato, la que prestó el 31 de enero de 2017 nueve millones de euros a la empresa española Global Endor SL, controlada por una de las sociedades bajo el paraguas del empresario mexicano. Ese mismo día, la empresa española formalizó la compra por 8,1 millones de un edificio histórico en el número 63 de la calle Ayala de Madrid. El objetivo era reformar el inmueble y explotar después cada inmueble de forma separada como viviendas de alquiler de lujo. Tal y como avanzó Eldiario.es, la operación tenía otro socio minoritario, entonces con el 10% de las acciones. Era una sociedad controlada por el hermano de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que también realiza un préstamo proporcional a su participación.
Así, el dinero llegó a España desde Emiratos Árabes en forma de préstamo al 5%, pero hasta septiembre de 2018 se firmó un período de carencia. Es decir, que en realidad la empresa española que lo recibió no pagó intereses hasta el cumplimiento de esa fecha ni a unos ni a otros. De forma paralela, Global Endor invirtió en los siguientes dos años otros 4,1 millones en reformar el edificio, y consiguió el 28 de abril de 2018 un crédito del Banco Sabadell por valor de siete millones. Parte de estos fondos fueron destinados a revertir a la empresa árabe el dinero que había enviado a España.
“Con fecha 18 de abril de 2018 se han realizado repagos de los préstamos por importe de 2.285.000 euros a Alcazar Ventures (FZE) y de 272.924 euros a Global Bushveld S.L.”, explican las memorias de la sociedad. El 14 de septiembre de 2018, otra empresa controlada por Sanginés (Asiru Inversiones) entra en el accionariado y toma el control de la firma propietaria del edificio, ya que se convierte en propietaria de la deuda generada en realidad desde Arabia Saudí. En ese momento, son 5,3 millones de euros, que son saldados por la compañía el 16 de octubre de ese mismo año.
Así y a modo de resumen, la empresa controlada por el empresario mexicano (denunciado ahora por la Fiscalía en Barcelona) recibió en 2017 una liquidez millonaria desde Emiratos Árabes Unidos, país en la lista gris del GAFI por su “preocupante” falta de control financiero y con esos fondos compró un edificio en pleno centro de Madrid sin pagar intereses. Después consiguió un crédito millonario que sirvió para liquidar esas deudas, que se derivaron antes a otra empresa española
¿Y qué puso sobre la mesa la empresa española controlada por Sanginés-Krause para hacerse dueña de la deuda generada en Arabia Saudí? Pues es imposible saberlo con su información pública, ya que pese a que fue creada en 2017, la sociedad no ha presentado cuentas en el Registro Mercantil. Sin embargo hay un dato que aporta una pista, su capital social es de más de cinco millones de euros (cifra que se corresponde con los fondos adeudados tras la compra del edificio) y la sociedad Alcazar Venture (FZE) aparece como propietaria de esta empresa española, posiblemente a causa de esos derechos de pago transferidos.
Llegados a este punto, cabe una pregunta clave ¿Quién está detrás de la empresa árabe que puso el dinero? La legislación emiratí en materia de datos públicos y control financiero es tan opaca, que allí las empresas no tienen obligación de hacer públicas sus cuentas o de informar sobre la composición de su accionariado. Con esto sobre la mesa, es imposible conocer por medios públicos la titularidad real de la inversión en el país que dos años después, eligió el rey emérito para instalar su residencia.