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Ha sido solo el primer paso pero tiene un alto valor simbólico para la izquierda. El Congreso de los Diputados ha dado el primer paso para instaurar dos nuevos impuestos a la banca y a las grandes empresas eléctricas anunciados a bombo y platillo por Pedro Sánchez en el debate del estado de la nación. La Cámara ha aprobado por 187 votos a favor frente a 153 en contra y 8 abstenciones la toma en consideración de una proposición de ley firmada por PSOE y Podemos, los dos partidos del Gobierno de coalición. Una reforma que pretende reconectar con el electorado progresista.
La votación ha servido para medir los apoyos de Sánchez en primer pleno del curso parlamentario. Ha tenido el respaldo de ERC, Bildu y PNV, los socios habituales del Ejecutivo, aunque han advertido de que no es un "sí" definitivo y que a lo largo de la tramitación parlamentaria exigirán que se solucionen los problemas de invasión de competencias que denuncia el PNV. La propuesta, con la que el Gobierno prevé recaudar 7.000 millones de euros en dos años, ha tenido el rechazo frontal del PP, Vox y de Ciudadanos que critican la propaganda del Gobierno, señalan que es inconstitucional y avisan de que el impuesto lo acabarán pagando todos los ciudadanos.
Se trata de dos impuestos extraordinarios y temporales sobre los beneficios de los bancos y las grandes empresas energéticas con los que los socialistas pretenden que "los que más tienen arrimen el hombro" en un momento de crisis. El mensaje que repiten en Moncloa, el PSOE y Podemos es que el Gobierno, con esta iniciativa, pretende redistribuir las cargas de la crisis para que los costes no recaigan siempre en las clases medias y trabajadoras.
Aunque un impuesto a las élites es una reivindicación tradicional de Podemos, la formación morada quiere ir más allá y exige a la parte socialista una reforma fiscal en profundidad en pleno debate sobre la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, los terceros de la era Sánchez.
El "no" del PP, que ha despejado la duda horas antes del inicio del pleno, ha servido a los partidos del Gobierno para arremeter contra Feijóo en la estrategia ofensiva de marcar distancias con el principal partido de la oposición. Para los socialistas, el PP de Feijóo se ha retratado definitivamente. "El PP defiende a los privilegiados y a los poderosos y abandona al 90% de los ciudadanos", sentenció el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López.
Ante la amenaza de las energéticas y los bancos de acudir a los tribunales para tumbar estos nuevos gravámenes, Pablo Echenique, durante su intervención, ha espetado a la bancada popular que entiende que quieran controlar la judicatura no solo para salir impunes de los casos de corrupción que les afectan. "También les sirve para ayudar a sus amigos del IBEX35", ha asegurado. El portavoz morado ha puesto el foco en que en 2021 las grandes compañías energéticas ganaron 9.000 millones de euros y el gravamen estima recaudar 2.000 millones anuales en el sector.
En el Gobierno defienden que no se trata de una doble imposición, como reprochan las empresas, y que las dos nuevas figuras impositivas tienen "encaje legal" en la legislación española.
El Gobierno no ha llegado a la votación con el agua al cuello. Esta vez tenía atados los apoyos de sus aliados parlamentarios aunque todos le han dicho al PSOE que su "sí" de este martes no implica un voto favorable al final de la tramitación. Por el camino exigen que el Gobierno tome nota e introduzca cambios en el texto. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, se ha quejado de que las cosas se "podrían haber hecho mejor", sin tantas prisas y con una fórmula distinta a la de una proposición de ley.
Los nacionalistas vascos consideran que el Ejecutivo no ha tenido en cuenta las haciendas forales vasca y navarra, ha obviado el sistema de concierto económico y piden la gestión de esos impuestos extraordinarios.
ERC y Bildu han hecho hincapié en que la iniciativa se queda corta y reclaman que los impuestos sean permanentes.
El PP, que había barajado la abstención, se ha decantado por el voto en contra con el argumento de que no pueden aprobar medidas que solo "tienen por objetivo que la caja de Sánchez tenga más dinero, cuando ya tiene 22.000 millones más de recaudación en lo que va de año", ha dicho la número dos del partido, Cuca Gamarra. Para los populares la medida no va a repercutir de manera directa en los españoles. "¡Qué engendro jurídico!", ha clamado Mario Garcés, el diputado del PP que ha intervenido en el debate y ha hablado de "felonía fiscal permanente" del Gobierno. Vox y Ciudadanos han repetido los mismos argumentos poniendo en duda la legalidad de la medida, alertando que atenta contra la seguridad jurídica y que no va a ayudar a la bajada de precios.
Otra de las quejas de la oposición es que el Gobierno ha optado por la vía de la proposición de ley y no un proyecto de ley para evitar los trámites previos y los informes preceptivos de los órganos consultivos.
El impuesto temporal de la banca, que espera recaudar 1.500 millones cada año, será del 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones netas de las entidades financieras con ingresos superiores a los 800 millones de euros. El gravamen del sector energético, que prevé una recaudación de 2.000 millones al año, es del 1,2% de las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año.
Todos los partidos han mostrado su preocupación porque las empresas acaben trasladando el coste de esos impuestos a los clientes. En principio, para evitarlo el Gobierno contempla sanciones y establece que la CNMV, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, vigile que el gravamen no repercuta en los ciudadanos. Para la mayoría de las fuerzas parlamentarias no es suficiente.