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Trece etarras estarán pronto en el País Vasco, más cerca de sus casas. Los traslados, que se conocieron el miércoles, llamaron inmediatamente la atención por dos de los terroristas afectados: Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, que tiene el asesinato de Miguel Ángel Blanco a sus espaldas, entre otros; junto a su nombre, el de Henri Parot, autor de 82 asesinatos.
Pero un vistazo a la lista lleva a otros atentados simbólicos. Entre ellos, el del presidente del Tribunal Constitucional asesinado en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid, o el de Ignacio Uria, el empresario vasco jubilado que recibió tres tiros a las puertas del bar donde pensaba jugar una partida a las cartas, como todas las tardes. También está en ella Igor Solana, asesino del fiscal Luis Portero muerto en Granada y padre del presidente de la Asociación Dignidad y Justicia.
El hijo de Luis Pastor y la hermana de Miguel Ángel Blanco, Mari Mar, son víctimas directas de los terroristas Manex Castro y Txapote. Ambos han clamado contra los traslados. En el caso de Daniel Portero, habla de "felonía"; Marimar Blanco, de "humillación insoportable". Pero no todas las víctimas lo ven igual. Gregorio Ordóñez también fue asesinado -entre otros- por García Gaztelu. Sin embargo, su hermana Consuelo no considera que el traslado sea una humillación. Ella asegura que está muy tranquila y que no le importa dónde Txapote cumpla su condena mientras la cumpla.
En un hilo de Twitter, la presidenta del colectivo Covite -el más representativo de las víctimas en Euskadi- ha explicado sus argumentos, que distan de otras víctimas.
Los argumentos de las víctimas, que lo viven de distinta manera entre sí, coinciden en algunos aspectos con los postulados políticos. Ordóñez ve -como dice el Gobierno- que estos traslados se ajustan a la legalidad.
Blanco y Portero coinciden con el PP en sus calificativos, al acusar al Gobierno de humillar a las víctimas y de hacerlo a cambio del apoyo de Bildu a los presupuestos.
Una vez más, y diez años después del cese de la violencia, el terrorismo de ETA es protagonista de la bronca política, a cuenta del traslado de los autores de asesinatos muy frescos en la memoria de muchos. No sólo eso, también muestra la distancia entre las visiones de las víctimas.
El ministerio del Interior tiene claro que los traslados de etarras a cárceles del País Vasco están dentro de la legalidad y que esa regla se ha seguido con los 203 que ha realizado el Gobierno desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Fuentes gubernamentales señalan que la Ley es muy clara, y que los presos deben cumplir condena en prisiones tan cercanas a su domicilio como sea posible.
Y recuerdan que la dispersión de los etarras no era parte de la política penitenciaria sino de la lucha antiterrorista. "Desparecida ETA -señalan- no tiene sentido".
En la línea de lo escrito por Consuelo Ordóñez, en el ministerio recuerdan que estos presos no se van al País Vasco porque eso suponga su libertad; que seguirán en la cárcel cumpliendo las condenas que les fueron impuestas; y que esas condenas no incluyen el castigo de estar a cientos -o miles- de kilómetros de sus casas.
Además, aseguran que los traslados son individualizados y tienen el visto bueno, o la propuesta, de las juntas de tratamiento de las cárceles.
En el plano político, el Gobierno defiende la transparencia con la que se han realizado los 203 traslados, comunicados a las víctimas y dados a conocer a la opinión pública a través de notas de prensa oficiales.
El PP ha cargado duramente contra estos traslados, pero se ha encontrado con una rotunda respuesta de Moncloa, que le acusa de utilizar políticamente el terrorismo y le afea no tener en cuenta la política de acercamiento de Aznar.
Según fuentes del Gobierno, durante los mandatos de Aznar se acercó a 574 terroristas a cárceles del país vasco. Y a diferencia de los de la era Sánchez, se hizo "de tapadillo" y cuando la banda todavía estaba matando.
Otra de las acusaciones de las víctimas es que tras la transferencia de la responsabilidad de las cárceles al Gobierno Vasco, la intención final es contentar al independentismo abertzale facilitando el acceso al tercer grado y regímenes de semilibertad.
En eso, la opinión de Ordóñez vuelve a coincidir con las tesis del Gobierno. Remarcan que todas las concesiones de grado penitenciario pueden ser recurridas ante la Audiencia Nacional, que es la que juzgó a los terroristas.
De los trece presos que han solicitado acceder al tercer grado, dos han sido denegadas y el resto aceptadas -o no recurridas-. Las dos rechazadas lo fueron por el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, que se opuso porque en sus cartas de arrepentimiento no habían explicitado el perdón a las víctimas por los atentados cometidos.
En cualquier caso, distintas fuentes de Interior siempre hablan en el mismo sentido: el tercer grado es parte de la condena y supone la preparación para la vida en libertad, algo que finalmente les llegará por haber cumplido con sus penas de cárcel.