El derecho a la eutanasia del pistolero de Tarragona prevalece sobre el de sus víctimas a tener un juicio

Marín Eugen Sabau morirá el 23 de agosto, y lo hará porque tiene derecho a una muerte digna. Y eso pese a la petición de sus cinco víctimas, que se quedan sin ver en el banquillo a este vigilante de seguridad que disparó contra tres de sus compañeros de su empresa y dos mossos d'esquadra antes de ser abatido y quedar tetrapléjico para siempre. Eugen pidió la eutanasia, y la Audiencia de Tarragona se la concedió en un auto en el que puso la dignidad de las personas por encima del derecho a la tutela judicial efectiva.

Las víctimas recurrieron ante el Tribunal Constitucional, pero este viernes por la tarde, el TC rechazó su recurso de amparo porque no tenía "trascendencia constitucional". Se cerraba así la puerta para que las víctimas tuvieran un juicio por el que sus abogados han estado luchando hasta el final. La eutanasia asistida de Sabau tendrá lugar el 23 de agosto.

"No nos oponemos a la eutanasia", aseguraba a NIUS Albert Palacio, portavoz del sindicato de mossos USPAC. Lo que ellos pedían es que la eutanasia se llevara a cabo después de un juicio que, según ellos, ya se debería estar celebrando: "Como es una causa con preso, debería ir ya, especialmente si tenemos en cuenta que es un preso que ha pedido la eutanasia". Palacio señala que una vez más hemos tropezado con la lentitud de la justicia: "Con el tiempo que se lleva con el procedimiento bloqueado por el tema de la eutanasia, la instrucción ya podría estar cerrada y el juicio celebrándose", aseveraba.

Todo en este caso parece el guion de una serie -entre judicial y policiaca- pero no lo es. Por un lado, está el relato del 14 de diciembre de 2021, con un tiroteo en oficina, una huida armado, un ataque a un control policial, y un enfrentamiento a balazos (previa negociación infrucutosa) con los mossos en un caserón abandonado. El saldo de aquel día fue de seis heridos graves, incluido el atacante, el más grave de todos ellos.

Por otro lado, un debate judicial inédito. Un acusado que pide morir, porque la vida es más dura que la muerte. Enfrente, unas víctimas que pedían que no se le conceda ese derecho hasta que se siente en el banquillo. Y en medio, unos tribunales que le han dado la razón a él.

El 14 de diciembre de 2021, Eugene, un vigilante de Securitas Direct, abrió fuego en su propia empresa hiriendo a tres superiores suyos: un gerente, un inspector y la responsable de Recursos Humanos. El vigilante tenía problemas laborales y había sido despedido tras regresar de un periodo de bajas encadenadas. Antes de dispararles, había enviado un correo a la empresa: "Voy a vacunar a los jefes de Securitas con tres dosis de Glock-Pfizer de 9 mm. No quiero matarles, les dejaré jodidos", escribió, entre otras muchas cosas.

Dicho y hecho, tres jefes resultaron gravemente heridos, pero todos sobrevivieron. Él se dio a la fuga y en su huida disparó contra un control policial, hiriendo a un mosso d´esquadra, su cuarta víctima. Después se atrincheró en un caserón con un arma larga, mira telescópica, y equipado con un chaleco antibalas. Los agentes intentaron negociar con él, pero no sirvió de nada. Se produjo un tiroteo y Eugen resultó gravemente herido. Así fue detenido.

Las heridas le supusieron fracturas en las manos, los brazos, una pierna, y en la columna vertebral, con lesión en la médula. No puede mejorar, y sufre dolores graves y crónicos. Además, no se le puede sedar, por estar muy inestable. Su vida se ha convertido en algo insoportable e "intolerable", según él mismo.

En situación normal, Eugen se habría sentado en el banquillo con peticiones de décadas de años de cárcel en por cuatro homicidios en grado de tentativa, un atentado a agente de la autoridad y tenencia ilícita de armas, que son los delitos por los que le acusan. Pero la situación es especial, y los tribunales han dicho que sí puede morir, porque vivir atenta contra su derecho a la dignidad y a la integridad física y moral.

La Audiencia Provincial de Barcelona tuvo que ponderar entre dos derechos: el de morir dignamente y el de la tutela judicial efectiva. Los magistrados fueron tajantes: "El procedimiento judicial supondría una intolerable afectación a su dignidad y su integridad física y moral que deben ser priorizadas frente a la tutela judicial efectiva", que también es un derecho, pero que en este caso queda relegado.

Lo que sí dan los magistrados es la posibilidad de que haya una "reparación de daños" en otro orden jurisdiccional, es decir, una reparación económica por otra vía, no especificada en la sentencia.

Albert Palacio y José Antonio Bitos, abogado de uno de los mossos heridos, explican que los agentes tienen una vía para recibir una indemnización de la Generalitat, gracias a una sentencia ganada en el Supremo en 2020. Según esa resolución, la administración catalana es responsable civil subsidiaria de las lesiones de sus agentes en acto de servicio.

"Cobrarían menos que si hubiera juicio, pero cobrarían", señala Palacio. Bitos, añade que ahora tendrán que empezar un procedimiento desde cero, y contra la Generalitat, para que los agentes reciban una indemnización. Eso incluye peritajes, informes un largo tiempo.

"Falta una sentencia que valore los daños", dice Bitos que cree que los otros tres herido lo tienen peor, ya que ellos recibirán lo que estipule la vía laboral, en función de las consecuencias sufridas.