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A pocas horas para que el plan de ahorro energético entre en vigor, -algunas medidas se pondrán en marcha a partir de las 12 de esta noche-, el Gobierno no cede a la presión del PP y mantiene el decreto tal y como salió el lunes pasado del Consejo de Ministros. No va a tocar ni una coma. Un decreto que se le está atragantando a Pedro Sánchez y que se está convirtiendo en el embrollo político del verano. Cinco comunidades autónomas gobernadas por el PP (Andalucía, Castilla y León, Madrid, Galicia y Murcia) han pedido formalmente su retirada en la reunión que este lunes la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha mantenido con los consejeros autonómicos del ramo en la Conferencia Sectorial de Energía.
La rebelión popular la encabezó Isabel Díaz Ayuso que ha ido arrastrando a todo el partido en su batalla contra el Gobierno central. Los populares ven una oportunidad para intentar desgastar al Gobierno y la exprimen al máximo. Alberto Núñez Feijóo, que estaba de vacaciones cuando Ayuso proclamó en Twitter que "¡Madrid no se apaga!" apenas acabada la rueda de prensa en la que Ribera explicaba el decreto, entró en escena este fin de semana para reclamar una Conferencia de Presidentes. El propio Feijóo había pedido hace diez días un plan de ahorro energético con limitación de temperatura en aire acondicionado y calefacción, pero ahora todo el PP se apunta a la ofensiva.
Moncloa se queja de que se está criticando el texto sin conocer el detalle. El decreto, que se aprobó el pasado lunes para cumplir con la cuota del 7% de ahorro de gas natural a la que el Gobierno se ha comprometido con Europa, contiene medidas que afectan al día a día de mucha gente y que son obligatorias como el apagado de los escaparates de los comercios a partir de cierta hora, establecer temperaturas máximas y mínimas en los establecimientos o la instalación de cierres automáticos. La vicepresidenta tercera ha tenido que salir públicamente en varias ocasiones para aclarar que el decreto es flexible evidenciando que en la comunicación inicial del Gobierno hubo fallos porque no se aclararon todos los detalles.
De hecho, la vicepresidenta ha tenido que recordar que el decreto cita dos leyes en las que ya se fijan desde hace años límites de temperatura: la de instalaciones térmicas y la de salud laboral. En el primer caso, el límite son 26 grados, uno menos que el que fija ahora el Gobierno como máximo de aire acondicionado, y la segunda ley especifica que el límite de temperatura es de 25 grados para las personas que realizan una actividad ligera en un interior. Además añade: "No tendrán que cumplir dichas limitaciones de temperatura aquellos recintos que justifiquen la necesidad de mantener condiciones ambientales especiales".
Los reproches principales del PP son la falta de diálogo, la improvisación y sobre todo los umbrales de temperatura fijados en 27 grados en verano y 19 grados en invierno. Ribera ha afeado al Partido Popular cómo ha ido evolucionando en sus críticas al decreto según le convenía: "Primero es no se apaga, luego es cumplimos pero no tanto, luego pedimos la retirada, luego queremos una reunión técnica, luego queremos una reunión de ministros, luego queremos una reunión de presidentes. No creo que eso ayude a tranquilizar nada".
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entrado en la polémica y ha pedido a todas las administraciones públicas y especialmente al PP "unidad, responsabilidad y solidaridad" con el resto de países europeos para cumplir el decreto aunque ya se resigna: "Sé que es predicar en el desierto porque sufrimos una oposición destructiva y negacionista en todos los ámbitos". Ha dado a entender que no acepta la convocatoria de una Conferencia de Presidentes porque defiende que el Gobierno ya ha estado en contacto con comunidades, grupos políticos y el sector privado antes de aprobar el decreto.
Sánchez ha vuelto a sacar pecho de que el plan se enmarca en el acuerdo de la Comisión Europea para que todos los países ahorren un 15% en el consumo de gas natural -un componente fundamental de la generación eléctrica- pero que en el caso de España es tan solo de un 7% tras intensas negociaciones. "Tenemos que cumplir con la ley y tenemos que cumplir con los acuerdos que hemos logrado en Bruselas", ha enfatizado.
El lío político recuerda lo que pasó en los decretos del estado de alarma con la presidenta madrileña a la cabeza del ataque contra Sánchez. Ahora ya ha adelantado que presentará un recurso de inconstitucionalidad porque considera que se están poniendo en cuestión "competencias propias" de la Comunidad ligadas al comercio.
Ayuso denuncia que esta noche "los únicos escaparates de Europa que estarán apagados serán los de España". La presidenta considera que el decreto "va contra el comercio, el turismo y la sensación de seguridad" y se trata de una "imposición sin diálogo" que no mide su impacto económico.
El PP nacional, que ha ido modulando su posición desde la pasada semana, ha decidido dar la máxima trascendencia a este asunto para poner el foco contra Sánchez y su falta de diálogo. Le exige que suspenda sus vacaciones y que se reincorpore de manera inmediata a Moncloa para convocar la Conferencia de Presidentes ante el "desacuerdo" de las comunidades autónomas.
El vicesecretario de Organización del partido, Miguel Tellado, argumenta que el decreto se ha elaborado "a espaldas de las comunidades, los ayuntamientos y los agentes económicos y sociales". Eso sí, Génova ha dado autonomía a sus barones para acudir a los tribunales si lo consideran necesario. Los populares ya avanzan que no pueden apoyar con sus votos ese decreto cuando llegue al Congreso si no se modifica aunque están dispuestos a negociar.
Esa será la prueba de fuego para el Gobierno, su convalidación en la Cámara a finales de agosto o principios de septiembre. Ahí los socialistas necesitarán los votos de sus socios parlamentarios para sacarlo adelante si se mantiene el rechazo del PP.
Porque las objeciones al decreto no han llegado solo del PP. El País Vasco, donde Íñigo Urkullu gobierna con los socialistas, también ha expresado sus reticencias por no haberlas consensuado. Por su parte, la Generalitat de Cataluña ha tachado de "pérdida de tiempo" la reunión de Ribera con los consejeros porque no se han resuelto las dudas generadas. El Gobierno catalán también critica que el Ejecutivo ha hecho el decreto "con prisas y de forma precipitada". Ambos han dicho, no obstante, que lo van a cumplir.