La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha trasladado que el Centro Criptológico Nacional (CCN) --organismo adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI)-- ve imposible conocer qué documentos fueron robados de los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y de los ministros que fueron infectados entre mayo y junio de 2021 con el software 'Pegasus' y ha asegurado que, en su caso, no guardaba ningún documento oficial.

En una entrevista concedida a Europa Press, la titular de Defensa ha explicado que los informes técnicos que ha llevado a cabo el CCN hasta la fecha revelan que es "imposible" saber cuáles han sido los datos que se llevaron de los terminales de miembros del Gobierno y que no tiene "ni idea" de lo que se llevaron del suyo.

En esta clave, la ministra ha explicado que tampoco ella misma puede dar con la información que extrajeron de esa intrusión porque "la cantidad es muy pequeña". El volumen de datos que sustrajeron del espionaje al teléfono de la ministra fue de 9 megas, el menor de la tres intrusiones. Y es que, según detalló el Ejecutivo, el programa de ciberespionaje accedió a 2,6 gigas y 130 megas del móvil de Sánchez y a más de 6 gigas de información del móvil del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El espionaje abrió una polémica sobre el departamento del Ejecutivo encargado de la seguridad del teléfono móvil del presidente. El Gobierno aclaró en el año 2020 que las comunicaciones de Pedro Sánchez dependían en su totalidad del Palacio de la Moncloa, sin que CNI tuviera nada que ver. Sin embargo, la crisis de Pegasus se zanjó con el cese de Paz Esteban como responsable de los servicios de inteligencia.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, rechazó ser el responsable y aseguró que su departamento no establece los protocolos de seguridad de los móviles del Gobierno. Robles, en cambio, aclaró días después que la seguridad de los móviles de los miembros del Gobierno es "transversal" y que hay "muchísimos" organismos dentro de la Administración encargados de ellos.

Al respecto, la ministra pone ahora en el foco en conocer quién o quiénes produjeron la intrusión porque son los "únicos responsables" de este hecho delictivo. "Yo creo que en este momento lo importantes es saber quién ha entrado en los teléfonos, no nos podemos desviar de las cuestiones", ha recalcado Robles.

Robles, que admite la dificultad de averiguar quién está detrás del espionaje, espera que la justicia pueda resolver esta cuestión. Todo lo demás, según ha criticado, "es un debate que se puede hacer, pero que no se corresponde con el problema".

"Tenemos que saber quiénes han sido y lo demás es una disquisición que, efectivamente, no se corresponde con el verdadero problema que es averiguar quién infectó los teléfonos", ha zanjado, a la par que ha incidido en que este problema no solo atañe a España sino que afecta a muchos dirigentes políticos de otros países que también han sufrido ataques con Pegasus.

El juez de la Audiencia Nacional que está investigando el 'caso Pegasus', José Luis Calama, ha acordado la declaración en calidad de testigos tanto de Marlaska como de Robles, que ha avanzado la intención de ambos de declarar por escrito, como ya lo hiciera Bolaños el pasado 5 de julio.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 también acordó el pasado 28 de julio dirigir suplicatorio al Consejo de Ministros con objeto de que proceda a desclasificar los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos, declarados secretos o reservados y que pudieran verse afectados por dichos testimonios.

Fuentes jurídicas indican que el juez prevé ofrecer a Robles y Grande-Marlaska tres opciones para su testifical: la presencialidad, la declaración por escrito o la declaración por medio de videoconferencia.

Pero esa citación llegará, añaden, después de que el Consejo de Ministros dé luz verde a su petición de desclasificación de asuntos declarados como secreto. Solo entonces se buscará en el calendario fecha, y estas mismas fuentes, creen que será ya en septiembre.