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Los responsables políticos y la Policía Local han sido acusados por “dejadez de sus funciones y omisión del deber de perseguir delitos y delincuentes” tras los violentos ataques en Peal del Becerro en Jaén. El homicidio de un joven portero en un local de ocio del pueblo desencadenó los actos vandálicos contra toda la comunidad gitana.
La Sociedad Gitana Española ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General de Andalucía contra el Subdelegado del Gobierno del Gobierno de Jaén, el alcalde y los que tuvieron responsabilidad directa al permitir “la manifestación que acabó con vandálicas y criminales agresiones a familias gitanas y posterior quema de sus viviendas y furgonetas, existiendo un claro peligro de muerte para estas familias.”
En un comunicado han denunciado que la Policía Local no se identificó ni arrestó a ninguno de los presuntos agresores y autores materiales de tan criminales ataques.
El secretario general de la Sociedad Gitana Española Ahora, M. Ángel V. Benedicto, ha criticado la solución planteada por el alcalde del municipio instando a las familias gitanas a abandonar sus hogares y dejar de residir en Peal de Becerro.
“Doblegándose al deseo de estos grupos radicales, xenófobos y llenos de odio hacia las personas de etnia gitana a las que, como decimos, no les ofrecen otra solución que residir en otro sitio”.
El colectivo gitano ha pedido amparo institucional a las familias agredidas y aseguró que “los responsables de los organismos públicos no pueden seguir ejerciendo sus funciones al frente de estas instituciones que sirven para estar al servicio del ciudadano sea de la etnia que sea, pues estas familias gitanas agredidas también son ciudadanos españoles a los que les asisten derechos constitucionales”.
"La Sociedad Gitana Española no va a permitir tal chantaje y llegará hasta las más altas instituciones Judiciales para que se haga justicia con las víctimas de este inhumano y vandálico ataque en el que corrió serio peligro la vida de estas personas", subrayan.
La Sociedad Gitana Española ha solicitado una reunión con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, con el Defensor del Pueblo Español, Ángel Gabilondo Pujol, y con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maetzu Gregorio de Tejada, para tratar este asunto de primera mano pues “no se puede permitir que hechos de este tipo queden impunes y que mucho menos puedan volver a ocurrir en una democracia del siglo XXI” han concluido.
El homicidio de Álvaro, un joven de 29 años que trabajaba como portero en un local de ocio el domingo 17 de julio . Había sido apuñalado con arma blanca. Unas dos mil personas del pueblo -que suma algo más de 5.000 habitantes en total- salieron a la calle para pedir justicia por su muerte.
Lo que comenzó siendo una concentración para arropar a la familia del fallecido y en repulsa del crimen, terminó con varios participantes volcando tres coches y haciendo pintadas y agresiones en fachadas de viviendas de familias gitanas. También se investiga el incendio a una casa.