El cabreo del juez era palpable cuando la responsable territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas en la provincia de Valencia acudió al juzgado como investigada para responder sus preguntas.  Horas antes, Carmen F. había entregado al juzgado un tercer escrito donde su defensa aportaba documentación para acreditar que la Generalitat no tenía conocimiento el 28 de Julio de 2018 de que la Justicia había abierto una investigación oficial contra el marido de entonces vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, que trabajaba como educador en un centro para menores tutelados y fue condenado después por abusar de una de esa chicas.

El problema con los documentos aportados era doble: por un lado, los papeles entregados por la funcionaria probaban todo lo contrario a su tesis: que la información del Juzgado había llegado por partida doble (a la Generalitat y a la dirección territorial) ese mismo día. Y por otro, acreditaban que la Administración autonómica no había entregado al juzgado todos los documentos del expediente, ya que esos escritos, que contradecían las declaraciones de otros imputados que habían comparecido con anterioridad, no estaban en poder del juez. 

De hecho, tanto la declaración de la funcionaria como los escritos presentados por su defensa supusieron la apertura de una pieza separada en la causa para que la Generalitat entregase bajo apercibimiento todos los documentos sobre el caso custodiados por cualquier institución bajo su control. El resultado fueron más de 500 páginas que fueron aportadas al juez el pasado 22 de junio y que en algunos casos se mantienen todavía bajo secreto. 

Sin embargo, además de la cuestión formal, el pulso judicial tenía una cuestión de fondo: el juez encargado del caso investigaba por qué la conselleria encabezada por Oltra no atendió de inmediato la resolución del Juzgado que solicitaba una orden de alejamiento de 200 metros para el marido de la exvicepresidenta frente a su víctima y el traslado de la misma a otro centro, que se produjo 20 días después, el 16 de agosto. Cabe recordar que públicamente Oltra ha mantenido que tuvo conocimiento de este proceso judicial el 4 de agosto, cuando le fue comunicado de forma oficial a su entonces marido. El juez encargado del caso duda de esas palabras y ha llamado a declarar a la exlideresa de Compromís para el próximo mes de septiembre, ahora que ya no tiene aforamiento.

Las siguientes líneas han sido extraídas de la declaración de la responsable territorial de Igualdad:

Juez.- ¿Quiere por favor darme una explicación de cómo es posible que el fax no figure remitido y disponga la Consejería con un sello de entrada del 28 de julio, del auto de medidas cautelares impuestas al señor educador Luis Ramírez?

Funcionaria.- Sí, habría ese. No habría llegado y habría llegado.

Juez.- Perdón, es… Que el que figura hoy es en concreto, ¿no? Lo relevante es la dirección territorial. Tiene conocimiento y ahora ya sin duda ninguna, de que el 28 de julio existía un procedimiento judicial abierto en el que se habían impuesto medidas cautelares a este caballero. Y lo que quiero saber es cómo es posible que aquí llegue una directora territorial que no es usted y me diga que se desconocía esto. ¿Cómo es posible que se me diga esto? ¿Lo sabe usted?

Funcionaria.- No, no lo sé.

Juez.- ¿Sabe usted? Porque a falta de uno, hay dos registros de entrada. Todos. Ambos del 28 de julio de 2017. No, no lo sé. Esto ha sido aportado por usted, señor Letrado. Muy bien. Lamentablemente su cliente es la que tiene que responder a las manifestaciones que se recogen en el escrito que usted ha hecho. Dígame cómo es posible que la señora directora territorial, doña Isabel Serra, me diga que se desconoce en la Consejería que existe este documento?

Funcionaria.- No… es porque pase. Bueno.

“Le pregunto acerca de cómo es posible que la señora Oltra manifieste que no tiene conocimiento de los hechos hasta el día 4 de agosto, cuando el día 28 de julio ha tenido entrada en la dirección territorial. Una resolución como esta”, preguntaba el juez en otro de los pasajes de la declaración.