Oficialmente no está en funciones, porque el Constitucional prorroga sus mandatos, nunca entra en funciones, pero el hecho es que sólo ocho meses después de su última renovación, este domingo el Tribunal Constitucional vuelve a tener cuatro mandatos caducados. Los pronósticos se han cumplido y ha vencido el plazo para la designación de cuatro nuevos magistrados del tribunal de garantías. El bloqueo político, la falta de prisa y las elecciones andaluzas han aparcado una renovación clave. Cuando se produzca, habrá un cambio en el equilibrio de fuerzas en favor del bloque progresista. Sin embargo, otro bloqueo judicial, el del CJPJ pone en riesgo esta renovación.

En la actualidad, el Pleno del TC tiene 11 magistrados, porque el conservador Alfredo Montoya está de baja. La balanza en el pleno, se inclina habitualmente en el lado de los conservadores, con seis votos frente a cinco cuando está incompleto (siete a cinco con Montoya). Cuatro mandatos expiran este 12 de junio y en su lugar, tienen que entrar dos magistrados designados por el Gobierno, que propondrá perfiles progresistas; y otros dos por el Consejo General del Poder Judicial, que elegirá a un progresista y un conservador.

Sin embargo, hay un problema: el Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace más de tres años, no puede elegir jueces por la limitación que le impuso el Gobierno, y jurídicamente no está claro que se pueda designar sólo a los dos del turno del Gobierno. Fuentes del Tribunal Constitucional consultadas creen que sí, pero otras no lo tienen tan claro.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aseguraba hace diez días que el Gobierno podrá nombrar a los que les corresponden, pero la decisión está en manos del propio Constitucional, y no hay prisa, según confirman a NIUS desde dentro. Fuentes del tribunal de Garantías señalan que no es un bloqueo grave, teniendo en cuenta que algunos mandatos se han tenido que prorrogar durante años por la falta de acuerdo político para nombrar sustitutos.

Si la renovación es completa saldrán tres conservadores y un progresista, que tomaron posesión el 13 de junio de 2013 para un mandato de nueve años:

A cambio entrarán, tres progresistas y un conservador. Eso supone:

Si la renovación no es completa, y sólo se renuevan los del turno del Gobierno, también cambiará el equilibrio:

Así que, sea como sea, un cambio supondrá una mayoría progresista. La preguntas que quedan son ¿Cuándo se hará? y ¿Cómo se hará?

Lo cierto es que este cambio es fundamental por el calado de las leyes que están sobre la mesa del tribunal, como la del aborto o la de eutanasia.

Al llegar a la presidencia, Pedro González Trevijano se comprometió a llevar la ley del aborto a pleno a corto plazo, después de 12 años sin respuesta al recurso de inconstitucionalidad del PP. Eso no ocurrirá, como mínimo, hasta que el domingo que viene se hayan celebrado las elecciones en Andalucía, según han confirmado a NIUS fuentes del tribunal, y después... ya se verá.

La ponencia está en manos de Enrique Arnaldo, conservador cercano al PP que ya dejó clara su oposición a la ley de plazos del aborto en el momento de su aprobación en 2011; el asunto es muy delicado, y las posturas pueden ser muy encontradas ante una ley donde la carga ideológica es fundamental.

Primero la progresista Elisa Pérez Vera y después el conservador Andrés Ollero, la han tenido en sus manos. Trabajaron en borradores -muy diferentes entre sí- pero ninguno llevó su propuesta a pleno porque vieron que no la iban a sacar adelante con un consenso aceptable.

El futuro de esa norma puede depender, y mucho, qué sector ostente la mayoría en el Tribunal Constitucional, y lo mismo ocurre con la ley de Eutanasia, que tocan la fibra de las sensibilidades de manera muy distinta. Esta norma, que por primera vez en nuestra historia da luz verde a la "ayuda a morir", será valorada por ponencia de Ramón Sáenz Valcárcel, uno de los magistrados que, como Arnaldo, se integró en el tribunal a principios de este año.

La tercera ley socialista que está en juego es la de Educación, conocida como Ley Celaá. Entre otras cosas, prohíbe las ayudas y conciertos a los colegios que segregan a sus alumnos por sexo.

Los magistrados siempre defienden que sus debates son técnicos y se ciñen a la constitucionalidad de las leyes que se les ponen delante, pero lo cierto es que los movimientos de mayorías influyen, aunque no siempre los votos son los esperados.

Un ejemplo, el confinamiento del primer estado de alarma decretado por el Gobierno del PSOE y recurrido por Vox. El TC, con mayoría conservadora, dio la razón al partido de Abascal y lo declaró inconstitucional, pero... dos conservadores, el entonces presidente Juan José González Rivas y Andrés Ollero, se alinearon con los progresistas y defendieron que el confinamiento a través del estado de alarma fue ajustado a la ley.

Por contra, la progresista Encarnación Roca hizo el movimiento contrario y votó junto a los conservadores, en un movimiento decisivo que echó por tierra la decisión de encerrarnos en casa bajo el amparo del estado de alarma, gracias a su voto.