El Congreso ha dado vía libre para abordar el complejo y delicado asunto de la prostitución en España en un debate parlamentario de alto voltaje donde el bloque de la investidura se ha dividido. Es solo el primer paso, pero una mayoría de la Cámara ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE que promulga abolir la prostitución. Los socialistas quieren acabar con el proxenetismo modificando el artículo 187 del Código Penal para castigarlo de forma general "sin exigir relación de explotación".

Todos los grupos, incluso los que han votado a favor como Podemos o los que se han abstenido para favorecer el debate, han mostrado sus reparos y críticas a la redacción que han hecho los socialistas. Los que la han rechazado como ERC o Ciudadanos directamente acusan al PSOE de hacer un texto únicamente punitivo, sin tener en cuenta a las mujeres que ejercen la prostitución y con un aire de censura "lleno de moralina". El PP, en esta ocasión, ha votado a favor de la tramitación y Vox se ha abstenido. El resultado de la votación ha sido 232 a favor, 38 en contra y 69 abstenciones.

Es una iniciativa clave para el Partido Socialista que hace bandera del abolicionismo. La número dos del partido, Adriana Lastra, es la que ha subido a la tribuna de oradores para defender la proposición con los datos del Ministerio del Interior por delante que señalan que hay 45.000 mujeres en España que son explotadas sexualmente. "¿Hasta cuando vamos a tener que seguir esperando?", se ha preguntado la dirigente socialista que ha enfatizado que "en democracia las mujeres ni se compran ni se venden". Para la vicesecretaria del PSOE, la prostitución es el último residuo del sistema esclavista.

"No hay libertad en los prostíbulos", ha afirmado Lastra que defiende que se trata de una "propuesta de país" abierta al pacto con todos los grupos parlamentarios. El PSOE sostiene que el objetivo es perseguir penalmente el proxenetismo y a los que se lucran con la explotación sexual para proteger a las víctimas de la prostitución. "Quien diga que esta ley va contra las mujeres prostituidas miente", ha clamado Lastra.

El PP ha respaldado la proposición con el argumento de que la prostitución es una "forma de violencia contra las mujeres". A partir de ahora comienza la tramitación parlamentaria que habrá que ver como acaba aunque fuentes del PSOE señalan que la intención es que la ley pueda estar aprobada esta legislatura.

La proposición de ley ha generado un importante debate interno en Unidas Podemos que se ha dividido a la hora de la votación. El partido que dirige Ione Belarra ha votado a favor para facilitar la tramitación aunque no comparte el texto del PSOE y muestra su preocupación por la situación de mayor vulnerabilidad en la que podrían quedar las trabajadoras sexuales. Los diputados de En Comú Podem se han desmarcado del grupo y han votado en contra. Solo el diputado de la confluencia catalana Ismael Cortés ha votado a favor.

El grupo había decidido dar libertad de voto ante el rechazo frontal de los comunes que apuestan por la regulación y no por la abolición de la prostitución. Los diputados de la formación de Ada Colau creen que el castigo a los dueños de los locales donde se ejerce la prostitución aboca a las mujeres a la clandestinidad con peores condiciones de trabajo y de salud. Denuncian que la ley criminalizará y estigmatizará a algunas mujeres para las que no se contempla ninguna medida social.

Esta iniciativa, que los socialistas han querido agilizar al máximo, tiene su origen en una enmienda del PSOE en la llamada ley del sólo sí es sí que generó el rechazo de los principales socios parlamentarios del Gobierno, incluido Podemos. Los socialistas la retiraron para que una de las leyes estrella del Ministerio de Igualdad no peligrase, pero utilizaron el mismo texto para registrar la proposición aprobada este martes.

Los aliados parlamentarios del Gobierno como ERC, PNV o Bildu no han apoyado el texto, aunque los vascos se han abstenido. Todos han coincidido en la necesidad de un debate sosegado sobre la explotación sexual y garantizar los derechos y la calidad de vida de las mujeres que ejercen la prostitución.

No comparten que el PSOE solo haya optado solo por el castigo y no haya contemplado medidas sociales para las trabajadoras sexuales. Varios grupos han reclamado además la reforma de la ley de extranjería para evitar que las mujeres en situación irregular se vean abocadas a ser explotadas.

Denuncian además las prisas de los socialistas. El PNV habla de "calentón" y "pataleta" del PSOE tras ver como la enmienda iba a ser rechazada en la Ley de Libertad Sexual.

El cambio en el Código Penal que propone el PSOE implicaría un castigo de prisión de entre 3 y 6 años y multas a quien, empleando violencia, intimidación, o abusando de una situación de superioridad, o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona a ejercer o mantenerse en la prostitución. Recupera además la tercería locativa que castiga a los que con ánimo de lucro cedan bienes inmuebles o locales para favorecer el ejercicio de la prostitución.

Se multará a los clientes de la prostitución. Los socialistas consideran que los que acuden a esas mujeres están vulnerando los derechos humanos y son los que posibilitan en último término que se produzca. El reproche penal que propone el PSOE en su texto son multas de 12 a 24 meses que se elevan a prisión si las personas que prestan el acto sexual son menores.

La proposición no incluye medidas para prohibir la pornografía aunque es una de las reivindicaciones de una parte de movimiento feminista en España. Los socialistas sostienen que la ley es para luchar contra la trata, la explotación sexual y el ejercicio de la prostitución, pero para regular la industria del porno.