Cuando se habla de la administración de medicamentos a alumnos en un entorno escolar hay un debate generalizado sobre sí es correcto o no. Esto suscita también una preocupación entre padres, educadores y profesionales de la salud. En ocasiones, y dependiendo de las circunstancias que se den, es necesaria la administración, por parte de los docentes, de fármacos a los alumnos durante el horario escolar.

Esto provoca algunos conflictos entre el profesorado, padres y el equipo directivo, sobre todo ante el temor de que pueda haber algún reproche por parte de los progenitores, tanto por una mala administración del medicamento, como por la no administración del mismo si era necesario.

En España, no existe una normativa estatal unificada que sea capaz de regular de manera específica la administración de medicamentos en centros educativos. No obstante, en distintas comunidades autónomas se han desarrollado protocolos y directrices para poder abordar esta situación de la mejor manera.

Ocurre, por ejemplo, en Aragón, que los docentes están habilitados por Salud Pública para administrar medicamentos al alumnado, sobre todo, en casos de enfermedades crónicas que requieran medicación durante el horario escolar. Esto busca poder garantizar la continuidad del tratamiento médico, en caso de que los menores lo requieran, y también asegurar su bienestar durante la jornada escolar.

Por otro lado, en la Comunidad Valenciana, la Consellería de Sanidad retiró en septiembre de 2024 un protocolo que permitía a los profesores, con una formación previa dada por las enfermeras escolares, administrar medicamentos a los alumnos. Esta decisión fue tomada tras varios debates sobre las competencias y responsabilidades que tenían los docentes en el ámbito de la salud.

Es cierto que la administración de medicamentos no forma parte de las funciones docentes tradicionales, sin embargo, los profesores tienen un deber de cuidado hacia sus alumnos durante el tiempo que estos permanecen en el centro educativo. Dicho deber también implica garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes, lo que puede influir, en ocasiones, la administración de medicamentos si la situación así lo dispone.

Según la Federación de Enseñanza de UGT, los docentes tienen el deber de actuar con diligencia y rapidez en casos de emergencia, siempre y cuando, sus conocimientos y titulación lo permitan. Evidentemente, no se les puede exigir más responsabilidad de la que se esperaría por parte de los padres.

Lo que sucede es que el problema legal podría surgir en caso de inacción, por omisión de socorro y no suministrar el medicamento adecuado al alumno en situación de emergencia por miedo a posibles recriminaciones. Por el contrario, si se actúa de buena fe, según lo que se ha establecido, no debería generar ningún tipo de responsabilidad penal o administrativa para el docente, aunque se produzca algún perjuicio por falta de experiencia.

Esta administración de medicinas por parte del profesorado plantea algunas consideraciones éticas y prácticas. Lo primero es que los docentes, por lo general, no tienen formación sanitaria específica para administrar medicamentos. Más importancia tiene esto cuando se trata de aquellos medicamentos que requieren de técnicas específicas como inyecciones, lo que puede generar mucha inseguridad y temor a poder cometer algún error.

En caso de que sea inevitable esta administración del medicamento, debe haber un consentimiento informado. Esto es fundamental, ya que hay que contar con una autorización expresa de los padres o tutores legales del menor para permitir que el docente pueda administrar este fármaco. Además, los profesores deben contar con las medidas precisas sobre la dosificación y también, especificar el modo de administración del tratamiento. En algunos centros, se proporcionan formularios de autorización para este fin.

La presencia de personal de enfermería en los centros educativos podría resolver muchas de las dudas que hay relacionadas con la administración de medicinas a los menores. Las enfermeras escolares están plenamente capacitadas para poder gestionar las necesidades sanitarias de los alumnos, incluyendo la administración de medicación y también, la atención de emergencias médicas, algo que lo que los profesores no están ni preparados ni capacitados para atender.

Pero, en España, la figura de la enfermera escolar no está ampliamente implementada. De hecho, en comunidades como Castilla y León, la ratio es de una enfermera por cada 14.620 estudiantes, muy por debajo de la recomendación de una por cada 750 alumnos. Esta carencia hace que los centros educativos se encuentren bastante limitados para atender adecuadamente las necesidades sanitarias de los estudiantes.

En los casos en los que el centro no disponga de una enfermera escolar, lo que se debe hacer es elaborar un protocolo interno con directrices claras sobre la administración de medicamentos. Igualmente, se debe proporcionar una formación básica para el personal docente y no docente sobre primeros auxilios y procedimientos seguros para la administración de medicamentos.

De la misma manera, es muy importante mantener informados, en todo momento, a las familias y compartir información sobre las necesidades médicas de los alumnos, solicitando siempre la autorización a los padres para poder proceder con la administración de la medicina.