El acoso escolar o también conocido como bullying es una problemática muy grave que afecta a estudiantes en todo el mundo y que, como ya hemos visto, puede tener consecuencias devastadoras en su desarrollo emocional, social y académico. El sistema educativo, en España, junto a las familias tiene la obligación de proteger la integridad y seguridad de los menores dentro del ámbito escolar.

Dicha responsabilidad alcanza una magnitud importante en el ámbito legal, ya que los centros educativos pueden enfrentar consecuencias penales si no se toman las medidas adecuadas para prevenir, detectar y abordar este acoso escolar.

El acoso escolar es una conducta de violencia física, verbal o psicológica ejercida de manera sistemática por uno o varios alumnos sobre otro estudiante. Estas agresiones se pueden manifestar de distintas maneras siendo las más frecuentes burlas, insultos, dar de lado o incluso agresiones físicas. Además, se suma por el contexto en el que vivimos, el ciberacoso a través de redes sociales.

Además, la ley en España considera que el acoso escolar atenta directamente contra los derechos fundamentales de los menores, como el derecho a la dignidad, la integridad física y psicológica, al igual que contra el derecho a una educación libre de violencia.

Las consecuencias que pueda tener este bullying sobre las víctimas puede ser de una gran magnitud incluyendo problemas de autoestima, que baje su rendimiento académico, trastornos en su salud mental, y en casos más graves, intentos de suicidio.

En España, los centros educativos, ya sean públicos o privados, tienen el deber de garantizar un entorno seguro para los alumnos. Esto implica que tienen la obligación de implementar programas de prevención y detección del acoso escolar, proporcionar la formación adecuada y necesaria tanto al profesorado como al personal del centro para que puedan identificar y abordar situaciones de acoso. También fomentar una cultura de respeto, inclusión y convivencia en el entorno educativo. Y por supuesto, crear protocolos de actuación claros en caso de sospechas o denuncias de acoso escolar.

Si son conscientes de una situación de acoso escolar, los centros educativos tienen la responsabilidad legal de intervenir. Si se ignora o no se actúa de manera diligente para poder prevenirlas, puede llevar a que los centros asuman una responsabilidad penal en caso de que el bullying cause daños físicos o psicológicos a las víctimas.

La responsabilidad penal de cualquier centro escolar en España se deriva de la Ley Orgánica 1/2015, la cual introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código penal. Si bien las personas jurídicas, en ese caso los centros educativos, no pueden ser responsables directas de los actos de acoso escolar cometidos por menores, sí que pueden incurrir en responsabilidad penal por omisiones o negligencias graves que faciliten o no prevengan el acoso en las aulas.

De hecho, los centros educativos pueden enfrentarse a consecuencias legales en los siguientes casos:

Las consecuencias penales para los centros educativos en estos casos dependen mucho del grado de responsabilidad del centro y de la gravedad de los daños sufridos por la víctima. Las sanciones que se pueden dar por casos de negligencia o inacción son:

También es importante subrayar que, junto a la institución, el personal docente y administrativo también puede enfrentar responsabilidades individuales. Si los profesores, personal o directores no actúan de manera correcta ante casos de acoso, o incluso se da el caso de que lo encubren, pueden enfrentar cargos por negligencia o por delitos de omisión del deber de socorro, sobre todo si el acoso produce un daño importante en el menor.

Para reducir la probabilidad de enfrentar consecuencias penales, los centros educativos deben implementar y mantener medidas eficaces contra el acoso escolar.