Tras el divorcio, en caso de haber hijos a cargo, los padres no pueden quedar exentos de sus responsabilidades hacia ellos. La distribución de los gastos escolares, en algunos casos, suele generar tanto tensiones como desacuerdos entre padres divorciados. 

Éste es uno de los temas más delicados y esenciales que deben enfrentar los progenitores al hacer efectiva la separación. De hecho, esta obligación está arraigada en la legislación bajo el principio del interés superior del menor, que establece que todas las decisiones deben tomarse priorizando tanto el bienestar como el desarrollo integral del niño. 

En términos prácticos, la obligación de proveer de los medios necesarios para la educación de los hijos recae sobre ambos padres. Sin embargo, la forma en la que se distribuyen dichos costos puede variar considerablemente teniendo en cuenta factores como la capacidad económica de cada progenitor, los acuerdos previos a los que se hayan llegado a la hora del divorcio y en casos de desavenencias graves, la intervención judicial. 

Cuando hablamos de gastos escolares, es importante distinguir entre dos tipos: los gastos ordinarios y extraordinarios. Los gastos ordinarios serían aquellos desembolsos que son previsibles, es decir, matrícula del colegio, uniformes, libros, material didáctico, transporte o comidas escolares. Son gastos que se incluyen en el cálculo básico de manutención infantil. 

Por otro lado, cuando nos referimos a gastos extraordinarios son aquellos que no ocurren de manera regular, por lo que no son predecibles. Aquí podríamos incluir actividades extracurriculares, excursiones, campamentos, clases adicionales que el menor pueda requerir como música o deportes o, incluso, la adquisición de equipos tecnológicos necesarios para la educación del niño. 

Estos últimos son los que generan más crispación entre los padres divorciados, ya que pueden ser un punto de conflicto si no están debidamente estipulados en el acuerdo de separación. 

En los casos más ideales, los padres pueden llegar a un acuerdo mutuo sobre cómo se dividirán dichos gastos, estableciendo un esquema claro para evitar malentendidos en un futuro. Lo ideal es que este acuerdo esté formalizado en el convenio de divorcio para asegurarse de que, efectivamente, cumple con los estándares legales y equitativos. 

Sin embargo, en algunos de los casos, no es posible alcanzar un acuerdo amistoso, por lo que es un juez el encargado de determinar la repartición de los gastos escolares del menor. Si es así, el magistrado deberá evaluar distintos factores, siendo el más relevante la capacidad económica de cada progenitor. Se analizarán los ingresos, gastos y obligaciones financieras de cada uno y así, se podrá establecer un porcentaje equitativo que cada uno deberá asumir. 

La capacidad económica no es el único factor a tener en cuenta, otro elemento a tener en cuenta es el régimen de custodia y visitas, si uno de los padres tiene la custodia principal, es posible que el otro padre sea responsable de una mayor proporción de los gastos, sobre todo si el padre con la custodia principal tiene menos ingresos. 

También se tiene muy en cuenta el estilo de vida a que ya está acostumbrado el menor ya que, siempre se va a primar mantener un nivel similar para el menor en la medida que se pueda , y también cualquier necesidad especial que pueda tener como puede ser atención médica o educación especializada. 

En caso de que dichas circunstancias, tanto económicas como personales, puedan cambiar a lo largo del tiempo y afectando, por tanto, a la capacidad de uno de los padres de cumplir con el acuerdo establecido previamente, es posible solicitar una modificación de la sentencia o acuerdo de divorcio. 

Esta modificación supone presentar una solicitud formal ante el tribunal, el cual dictó la sentencia original, acompañada siempre de una evidencia que justifique ese cambio. 

Un ejemplo de esos motivos válidos que podrían llevar a uno de los progenitores a solicitar una revisión de los gastos escolares del acuerdo podría ser una pérdida de empleo, un aumento significativo de los gastos o incluso, algún cambio en las necesidades del menor.

Cada vez son más los padres que, en vez de recurrir a los tribunales, optan por la mediación como herramienta de resolución de disputas relacionadas con los gastos escolares. Esto es porque ofrece un entorno menos conflictivo y más colaborativo entre los padres, siendo un tercero neutral el encargado de que los padres lleguen a un acuerdo justo para ambas partes y principalmente, dicho acuerdo sea beneficioso para el menor. 

Además, no solo es menos costoso que un litigio judicial, sino que también fomenta una mejor relación entre los padres, lo cual es esencial para el bienestar emocional del menor.