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Tan solo el 1% de los jóvenes tutelados en pisos de acogida llegan a la universidad, y los que lo consiguen tienen que compaginar los estudios con algún trabajo que les permita conseguir el dinero suficiente para costearse sus necesidades básicas. Además, toda esta situación se agrava cuando cumplen 18 años ya que se quedan menos protegidos. La salida del hogar familiar se retrasa cada vez más en España, en torno a los 29,8 años, mientras que estos jóvenes, preparados o no, con poca o nula ayuda, se convierten en mayores el día que celebran su 18 aniversario.
Muchos de ellos denuncian que no existe facilidades a la hora de pedir becas o la exención de tasas como si lo hay para personas con discapacidad, deportistas de élite o víctimas de violencia de género, pero para jóvenes en su situación de desamparo y sin hogar, no hay esa facilidad.
Entre el 1 y el 4 % de los jóvenes que egresan del sistema de protección a la infancia cursan estudios universitarios, un porcentaje que baja al 1% si proceden de centros residenciales, frente al 30-35% de la población general, según una investigación que acaban de publicar profesores de la Universidad del País Vasco y de Vigo y que durante tres años hicieron un seguimiento a estudiantes extutelados.
Según datos del Ministerio de Derechos Sociales, el Gobierno Vasco tiene a 1.456 chicos en acogimiento residencial y 821 en el familiar. Estos últimos "llegan más fácil (a los estudios superiores) porque tienen una referencia familiar que se mantiene en el tiempo".
Según Fernández Simo, que antes de profesor en la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Vigo fue educador social, uno de los objetivos es romper la cadena de exclusión. "Es frecuente trabajar con los nietos de personas que estuvieron en acogimiento en los 80. Ello nos indica una tendencia a perpetuar y repetir (patrones); el éxito es que tengan una vida diferente".
Igual que se atiende a las personas con discapacidad, "las universidades estamos dándole vueltas sobre qué mecanismos activar para detectar a estos jóvenes y acompañarlos".
El vicedecano de Sostenibilidad e Inclusión Social de la Facultad de Educación añade que las experiencias vitales de estas personas, cuestionadas por la sociedad y que arrastran vivencias negativas en lo académico, suelen ocultarse porque "desconfían" del sistema y tienen miedo al estigma y a la falta de empatía.
En opinión de este profesor, uno de los principales problemas es la ausencia del factor social en el sistema educativo. "Cuando un tutelado relata sus historias de vida observamos la distancia y la falta de comprensión entre la realidad del propio joven y el sistema educativo".
En situaciones de conflicto familiar, la demanda educativa se relega y ello deriva en la reprimenda del profesorado. "Incluso cuando hay conocimiento de su realidad, se dan casos como el de un docente que al saber que una de sus alumnas está en acogida hace esta reflexión en alto: "¿Qué haces tú en un centro de menores si no tienes cara de mala? Es decir, el cuerpo docente no entiende que son víctimas de una situación familiar, ellos no son culpables de nada".
Por otro lado, apunta, hay una culpabilización mutua entre el sistema educativo y el de protección sobre quién se responsabiliza de la exclusión educativa. Muchas veces trabajamos (educación, protección, universidad) como departamentos estancos y hay que fortalecer los puentes ya que son nuestras niñas y niños y su educación es nuestra responsabilidad.
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