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Esta semana hemos sabido que Países Bajos ha prohibido el uso de los teléfonos móviles en las aulas de secundaria al considerar que suponen una distracción y un obstáculo para el aprendizaje. La medida, que entrará en vigor en enero de 2024, afecta también a tabletas y relojes inteligentes y es susceptible de ser ampliada a la Educación Primaria. “Los estudiantes deben poder concentrarse y deben tener la oportunidad de estudiar bien. Los teléfonos móviles son una perturbación(...). Necesitamos proteger a los estudiantes contra esto”, ha argumentado el ministro de Educación, Robbert Dijkgraaf.
La directiva del Gobierno deja margen para que los propios centros puedan introducir normas más restrictivas si no hay resultados positivos en seis meses, como extender la prohibición más allá de las clases, al resto de las instalaciones educativas. La norma establece solo tres excepciones para permitir el uso de dispositivos móviles en clase: que haya una razón médica, que se utilice para aprender habilidades digitales o por parte de personas con discapacidad que lo precisen.
"Me resulta curioso que la prohibición sea en secundaria cuando lo más urgente sería tomar medidas en primaria", indica a NIUS Héctor Gardó, doctor en Ciencias de la Educación y director de Equidad Digital en la Fundación Bofill. "Entiendo que lo hacen en secundaria porque es donde hay más estudiantes que llevan el teléfono al aula y por lo tanto donde hay más teléfonos que restringir, pero en realidad lo más preocupante que estamos viendo es que cada vez hay más niñas y niños en primaria que ya tienen teléfono móvil y lo llevan al aula".
"El gran riesgo con los teléfonos y en general con las pantallas lo tenemos cuando son más pequeñitos, porque la capacidad que tienen de gestionarlo y de regularlo es muy inferior", destaca el experto.
Países Bajos no ha sido el primer país europeo que veta la entrada de móviles a las aulas. Italia lo hizo hace seis meses por considerarlo, además de "un elemento de distracción", "una falta de respeto al profesorado", y Francia lo prohibió antes, en 2018, excepto para funciones estrictamente docentes.
A los 12 años, dos de cada tres adolescentes españoles tiene móvil, y a los 15 casi la totalidad (el 96%). Depende de dónde se viva y del centro en el que se estudie, utilizarlo en clase puede ser motivo de castigo e incluso de expulsión. O lo contrario, no tener consecuencia alguna.
"Volvemos a tener un discurso de extremos. O prohibimos o dejamos hacer, como ya ha pasado con otros debates como el de las tabletas en las aulas", recuerda el docente. "Y lo idóneo no es ni una cosa ni otra", indica Gardó. "Creo que en vez de prohibir habría que negociar, pactar, reflexionar con la comunidad educativa qué sentido tiene que tengamos móviles en el aula y a qué edades. Pero como es un debate difícil optamos por que cada uno haga lo que quiera o directamente por prohibirlo", lamenta.
En estos momentos, la Comunidad de Madrid y Galicia son las únicas que prohíben el uso de los móviles en clase. En el resto de las regiones son los centros los que limitan o no su uso.
En concreto, Galicia lo prohibió a través de un decreto que entró en vigor en 2015. En él se veta la utilización del smartphone y de cualquier otro dispositivo electrónico durante las horas de clase, aunque el artículo contempla una excepción: “los centros podrán establecer normas para la correcta utilización como herramienta pedagógica”. Es decir, en la comunidad gallega se permite como recurso puntual, pero no como herramienta habitual.
En la Comunidad de Madrid está prohibido desde el curso 2020-2021 y la norma va más lejos: ni siquiera se puede utilizar durante el recreo, permitiendo al equipo docente de cada centro la retirada de los dispositivos a los estudiantes que no acaten la norma. Las únicas excepciones que incluye son usarlo en proyectos donde se requiera de forma explícita y por parte de estudiantes que lo necesiten por motivos de salud o discapacidad.
A nivel nacional no hay una normativa en España que prohíba el uso de estos dispositivos en los colegios. La ministra Isabel Celáa propuso sacarlos de las aulas en 2018, imitando la iniciativa francesa, pero su idea no cuajó.
Por tanto, en nuestro país la decisión se deja en manos de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias de educación. Es el centro educativo el que "tiene la capacidad de decisión dentro del marco de su autonomía organizativa, pedagógica y de gestión", ha asegurado el Gobierno recientemente respecto a este asunto.
"Yo echo de menos no sé si una regulación, pero al menos una orientación de las administraciones públicas a la hora de gestionar el uso de la tecnología dentro de la escuela", explica Gardó. "Los móviles llevan ya más de una década en las aulas y se debería haber consolidado ya un pack de orientaciones de propuestas a los centros educativos. La situación actual lo que provoca es una inequidad en el sistema educativo. Habrá centros que estarán formados, capacitados, que han tenido esos debates, y estarán preparando a sus estudiantes para ser usuarios autónomos y responsables de esos teléfonos, y les fomentarán una autorregulación y una mirada crítica. Y habrá otros en los que, como no tienen orientaciones o quizá tienen un equipo directivo menos sensible a estos temas, lo del uso del móvil será un caos, mera supervivencia, y prácticamente cada docente hará lo que pueda dentro de su clase", lamenta. "Y eso precisamente es lo que hay que evitar, que por falta de acompañamiento y orientaciones a los docentes o a los centros educativos, acabe habiendo una sensación de caos en torno a este controvertido tema".
La prohibición no es gratis, advierte el experto. "En los centros donde se ha implementado se ha visto que aunque es la opción fácil y práctica tiene un coste importante: la relación entre docente y alumno se resiente". "El docente se convierte en un controlador, supervisor o policía, llamémosle como sea, de los móviles en el aula y por lo tanto parte de su tiempo, de su energía emocional, la dedica a estar pendiente de los dispositivos que hay en la clase, de prohibirlos, de discutir con los alumnos que no quieren ceder su móvil", alerta Gardó.
"Las dinámicas de prohibición acaban generando una mala cultura educativa en el centro. Acaban erosionando los vínculos de confianza y eso es un precio muy alto a pagar por una escuela", avisa el experto. "Al final la educación es socialización, y es humanidad en ese vínculo que hay entre el alumnado y el profesorado, que no debería ser un vínculo de control, desconfianza o persecución, sino que tendría que ser un vínculo en el que el docente sea un referente, un acompañante que ayude a la reflexión. Yo creo que hacia esa meta es donde tenemos que ir", propone.
Insiste el experto en que huir de las decisiones extremas permite pactos intermedios que pueden ser la solución. "Conozco escuelas que están proponiendo diversas fórmulas. Llevar el móvil pero dejarlo a la entrada en la recepción y utilizarlo solo si se tiene alguna urgencia. Otras en las que se utiliza solo en el patio, o durante determinadas horas como una herramienta pedagógica más", detalla Gardó.
"Esto último significa que en la misma planificación curricular y educativa, se establezca por ejemplo que un 5% o un 10% del aprendizaje se pueda hacer con móvil, otro 5% o 10% se pueda hacer con un portátil, porque sirven para objetivos educativos diferentes. El portátil es más de creación, más de producción, y el móvil quizá es más de consulta, más de conectividad. Y después habrá otras horas en las cuales el móvil se irá a la caja porque no lo necesitamos. Igual que hay momentos en que no necesitamos un libro o no necesitamos una flauta, ¿Me explico? El móvil no tiene por qué ser un enemigo, puede ser una herramienta más a disposición de la educación", concluye.