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Hoy entra en vigor la LOSU, la Ley de Universidades, que marca un objetivo mínimo de inversión en la Universidad del 1 % del PIB de aquí al 2030. Además, entre otras novedades, reconoce el derecho a la huelga de los estudiantes, tratará de mejorar la situación del profesorado contratado en condiciones precarias y prohibe a los colegios mayores segregar por sexos.
La tercera reforma universitaria de la democracia se aprobó el pasado 9 de marzo en el Congreso por 182 votos a favor (PSOE, PNV, ERC y Unidas Podemos), 157 en contra (PP, Ciudadanos y Vox) y ocho abstenciones, entre ellas las de Bildu, BNG y Junts.
Algunas de las medidas que pretenden acabar con la precariedad dentro del personal docente pasan por fijar un tope del 8 % para los contratos temporales -de media en la actualidad suponen el 40 %-, reducir el número de profesores asociados y visitantes convirtiendo esas plazas en indefinidas y poner fin a la endogamia universitaria.
Otras novedades que contempla la nueva ley universitaria son la desaparición de la obligatoriedad de ser catedrático para poder acceder al cargo de rector -basta con ser funcionario siempre que se cumplan ciertos requisitos- y una reestructuración de la organización interna, con mayor participación de profesores y estudiantes.
Se pretende también introducir mejoras para los estudiantes con límite a los precios de las tasas universitarias -que solo podrán mantenerse y/o reducirse-, derecho al paro académico, prórroga de la estancia del alumnado extranjero no comunitario hasta un año después de graduarse, etc.
En materia de género, la ley prohibirá que los colegios mayores privados con un régimen no mixto o segregado se adscriban a una universidad pública. Esta enmienda fue introducida por Más País a raíz del episodio de cánticos machistas en el Colegio Mayor Elías Ahuja de Madrid -que tiene este régimen-, cuya investigación por delito de odio fue archivada hace una semana por la Fiscalía de Madrid.
La ley ha sido duramente criticada por la mayoría de la oposición, que ha asegurado que no sirve de nada y que no perdurará en el tiempo, dado que no garantiza la financiación de las universidades ni su neutralidad ideológica, y ha reprochado que la norma no cuenta con el apoyo de toda la comunidad universitaria.
Asociaciones y sindicatos de estudiantes se manifestaron en noviembre de 2022 contra una ley que, junto con la de Convivencia Universitaria (LCU) -aprobada el 25 de febrero del pasado año-, consideran que se trata de una reforma elitista que pone la universidad pública en juego.