En España, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que, al formalizar un contrato de alquiler, el inquilino debe entregar al arrendador una fianza en metálico equivalente a una mensualidad de renta en el caso de viviendas, y de dos mensualidades para usos distintos al de vivienda, como locales comerciales. 

Dicha fianza tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del arrendatario. Además, el propietario está obligado a depositar dicha fianza en el organismo competente de la comunidad autónoma correspondiente. Pero, ¿cómo puede el inquilino verificar que su casero ha cumplido con esta obligación?

Una vez recibido el importe de la fianza, el arrendador dispone de un plazo, generalmente de 30 días naturales desde la firma del contrato, para depositarla en el organismo designado por la comunidad autónoma. Este depósito es obligatorio y su incumplimiento puede acarrear sanciones para el propietario. Además, la falta de depósito puede afectar al inquilino, ya que, en algunas comunidades autónomas, es requisito para que este pueda beneficiarse de deducciones fiscales por el alquiler en su declaración de la renta. 

La forma de comprobar si la fianza ha sido depositada varía según la comunidad autónoma, ya que cada una tiene su propio organismo y procedimiento. Sin embargo, sí que hay unas directrices comunes que los inquilinos interesados pueden seguir. 

El primer paso debe ser siempre solicitar información al arrendador. Al fin y al cabo es el método más directo, solicitar al propietario una copia del resguardo o justificante del depósito de la fianza. Este documento es el que acredita que el depósito se ha realizado correctamente.

En el caso de que el arrendador no facilite esta información, el inquilino puede dirigirse al organismo encargado de gestionar las fianzas en su comunidad autónoma. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, la Agencia de Vivienda Social es la entidad responsable. El inquilino puede presentar una solicitud de acreditación del depósito de la fianza, adjuntando una copia del contrato de arrendamiento. 

Más allá de esto, hay que tener presente que cada región tiene sus particularidades al respecto de este trámite. En la Comunidad Valenciana, el Registro de Fianzas de la Generalitat no es público, pero las partes firmantes del contrato pueden solicitar información enviando un correo electrónico con la documentación requerida. En Castilla-La Mancha, las personas arrendadoras están obligadas a depositar la fianza en la administración autonómica correspondiente. 

El incumplimiento por parte del arrendador de la obligación de depositar la fianza puede suponer sanción económica para el propietario, aunque la cuantía varía en función de la comunidad autónoma en la que nos encontremos. 

Para el inquilino, el perjuicio de esto es que hay territorios que requieren de este documento para poder aplicar distintas deducciones fiscales por el alquiler en su declaración de la renta. Si el propietario no cumple con esta obligación, el inquilino podría perder dichos beneficios fiscales. 

En este, y otros muchos aspectos, la transparencia y la comunicación entre arrendador e inquilino son fundamentales para asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con la fianza. Estar informado de la normativa territorial y tomar las medidas adecuadas puede prevenir problemas futuros y garantizar una relación contractual justa para ambas partes.