El anuncio del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo de promover la bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para vivienda habitual o en alquileres específicamente dirigidos a jóvenes no tiene fecha de aplicación, a pesar de que se trata de una medida que sus ayuntamientos pueden empezar implementar cuando quieran. Desde el PP se aclara que el compromiso pasa por bonificar este impuesto de titularidad municipal a los propietarios que alquilen viviendas a menores de 40 años.

Le medida ha suscitado el interés de los propietarios ya que se trata de uno de los principales impuestos que estos soportan que se traduce en pagos que van de los 330 euros de media en Zaragoza a los 578 de Valencia, pasando por 541 en Sevilla, 365 en Madrid o 361 en Sevilla para una vivienda de 80.000 euros de valor catastral.

El objetivo, según el PP, es facilitar el acceso a la compra y/o al alquiler, incentivando a su vez el mercado inmobiliario, para lo que el PP solicitará impulsar la modificación legislativa que permita incorporar en el tributo elementos de carácter personal.

La bonificación también se aplicaría cuando el inquilino o arrendatario cumpliera la condición, teniendo en cuenta en este caso el importe de la renta a percibir por el propietario.

Esta es una de las acciones anunciadas por Feijóo en Zaragoza para facilitar el acceso a la vivienda, a la que se unen otras para que haya más suelo disponible, agilizar las licencias y luchar contra la ocupación.

Las medidas en vivienda se complementan con otras en asuntos en los que los ayuntamientos tienen competencia para emprender acciones, como financiación y fiscalidad; compromiso social y seguridad.

Los alcaldes del PP se comprometen en este apartado a crear un catálogo de suelo público finalista disponible para la construcción de vivienda asequible y a diseñar la oferta a la medida de los colectivos diana cuyas necesidades sean más urgentes: jóvenes, familias monoparentales, familias numerosas, familias con personas con discapacidad, vulnerables, etc.

Los ayuntamientos gobernados por el PP quieren además reformas que les permitan tener mayor autonomía para el desarrollo de sus planeamientos urbanísticos, lo que se complementará con un "urbanismo más ágil, más flexible y más eficaz".

Las grandes ciudades se comprometen a otorgar las licencias de nueva edificación en menos de tres meses, transcurridos los cuales, si no se ha concedido, debería operar el silencio positivo.

Darán además entrada a mecanismos de colaboración público-privada para agilizar y facilitar la gestión urbanística y apoyarán las medidas recogidas en la Ley de Suelo del PP que incentiven el establecimiento de planes residenciales estratégicos con el objetivo de reducir los plazos de construcción de nueva vivienda.

También se promoverán espacios saludables en los nuevos desarrollos urbanos y se fomentará la regeneración sostenible de barrios y renovación de las ciudades.

Otra de las medidas incluidas es el fomento del modelo de vivienda protegida, en compra o en alquiler, como solución para quienes no son beneficiarios de una vivienda social, pero tienen dificultades para acceder a una vivienda libre.

Se activará asimismo el suelo residencial destinado a vivienda protegida y se impulsarán promociones de viviendas para alquiler asequible mediante mecanismos de colaboración público-privada.

Además se dotarán de los medios para atender a familias en situación de vulnerabilidad social y económica.

Junto a todo ello, se busca erradicar la ocupación de las viviendas públicas, a través de protocolos sociales en procedimientos de desalojo, y con la colaboración de empresas suministradoras de energía para prevenir enganches ilegales.

"Nos comprometemos a crear un "protocolo antiokupación municipal" y un servicio integral de atención a las víctimas que proporcione a los ayuntamientos una herramienta estructurada y eficiente para abordar la ocupación ilegal, mejorando la respuesta policial, la coordinación institucional y las garantías legales", añade el documento suscrito en Zaragoza.

En la misma línea, se prestará atención prioritaria a las víctimas de ocupación con la creación de oficinas municipales especializadas.

Rehabilitar viviendas públicas y solicitar a los grandes tenedores de vivienda pública, como la SAREB, la puesta a disposición de inmuebles rehabilitados, son otras de las medidas incluidas, entre las que también está el incentivo a la rehabilitación de viviendas.

Exigen en este apartado al Gobierno que reforme la financiación local simultáneamente con la autonómica, y que adopte con carácter urgente medidas para solucionar de manera definitiva la situación de aquellos ayuntamientos en situación de especial dificultad económico-financiera.

Los alcaldes se comprometen a aplicar una fiscalidad "moderada", aseguran en el manifiesto, donde se apuesta por una gestión justa y razonable de la tasa de basuras y se pide una reforma de la ley de residuos y que esta tasa no se convierta en una carga injusta para las familias.

La lucha contra la soledad no deseada será una prioridad política en los ayuntamientos gobernados por el PP, con un plan de acción que incluye "soluciones innovadoras" como el 'cohousing' (viviendas complementadas y agrupadas con extensos servicios comunitarios), y el 'coliving' (un modelo residencial comunitario enfocado en agruparse en comunidades).

Este apartado se completa con un reforzamiento de los planes de fomento de la natalidad y apoyo a la conciliación, para alcanzar la gratuidad de la educación de cero a tres años en el número de plazas que sea necesario.

Se abrirán además los colegios y recintos deportivos municipales en días no lectivos con el objetivo de favorecer la conciliación en el ámbito familiar.

En esta materia, se comprometen a crear ciudades más seguras, con más medios humanos, técnicos y tecnológicos para el cuerpo de policías locales y mediante el fomento del uso de las nuevas tecnologías, al tiempo que piden un aumento de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil para prevenir delitos.

Por último, solicitan que se agilicen las reformas legislativas para luchar contra la multirreincidencia y endurecer las penas, en la línea de la propuesta parlamentaria del PP. 

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