El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido hoy en la clausura del foro 'Vivienda: quinto pilar del Estado del bienestar', en el Museo del Ferrocarril, en Madrid, donde ha centrado el foco en la crisis de vivienda que vive España, subrayando que "Occidente se enfrenta a un desafío decisivo", como es el de "no convertirse en una sociedad dividida en dos clases: la de los propietarios ricos y la de los inquilinos pobres". En ese sentido, ha denunciado que en España "durante una década no hubo una política pública de vivienda", emplazando al "conjunto de la sociedad, y por tanto de las instituciones públicas en primera línea", a dar una respuesta. Así lo ha contado en el vídeo Almudena Calvo Picos.

Señalando a "datos que apuntan a esa alarmante tendencia" que se extiende por el bloque comunitario, --no solo en España--, ha destacado que "en la última década los precios medios de la vivienda en Europa han crecido en un 48%".

"Si lo comparamos con la evolución de la renta de los hogares, vemos que es absolutamente insoportable. Casi dos veces más que la renta de los hogares", ha apuntado, indicando que "más de la mitad de las personas con hipoteca sufren estrés financiero" y alertando de que "el número de personas que se ven obligados a disparar casa se ha disparado" también.

"El acceso a la vivienda se ha convertido en el mayor problema de las clases medias y trabajadoras de Europa y España y son un obstáculo para la emancipación de los jóvenes, que en España está en edades alarmantes si lo comparemos con Europa", ha advertido Pedro Sánchez, señalando que esta "dificultad por acceder a la vivienda" está principalmente en la "desigualdad en la riqueza".

"Nos enfrentamos a un problema grave, muy serio, que exige de una respuesta decidida del conjunto de la sociedad, y por tanto de las instituciones públicas en primera línea".

Esta situación, ha dicho, "responde a varios factores", entre los que ha enumerado: "Sin duda alguna el incremento del número de hogares provocado por el aumento de la población y las personas que viven solas; la concentración de habitantes en las grandes ciudades; la falta de suelo disponible; el aumento de los costes de producción en el sector de la construcción; los accesos a los créditos hipotecarios" y, por otra parte, ha destacado, las viviendas de uso turístico.

"Todas estos condicionantes, de alguna manera, pueden ser comunes a otros que se dan en otros países de Europa, pero la particularidad de España es que además nuestra situación se ve agravada por una particularidad que no debemos olvidar: durante una década no hubo una política pública de vivienda. Se aplicó una política ideológica, neoliberal, que tuvo unas nefastas consecuencias tanto desde el punto de vista social como económico; consecuencias que España está aún pagando".

"La situación es crítica y lo que exige es más trabajo y medidas contundentes por parte de la Administración del Estado", ha señalado, indicando que, en ese sentido, se van a aplicar "12 medidas sin precedentes con tres objetivos prioritarios: más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas".

“Empezaré por el primero, y con un dato que pone de relieve la envergadura del desafío que tenemos por delante. Durante el boom inmobiliario en España se creaban 400.000 hogares al año y se construían, al año, más de 600.000 viviendas. Hoy en nuestro país se forman 300.000 hogares, pero apenas se construyen 90.000 casas al año. Solamente se construye una casa, un piso, por cada 3 hogares que se forman al año”, ha dicho, destacando “la envergadura del problema que tenemos”.

“Es evidente que tenemos que corregir este equilibrio entre la oferta y la demanda y que, para eso, necesitamos construir más viviendas. Por supuesto, privadas, pero sobre todo viviendas protegidas. Es esta la que nos va a permitir garantizar el acceso y también estabilizar los precios en el medio y en el largo plazo de la vivienda en nuestro país”, ha señalado, destacando que en la década de los 80 en España se construían más de 100.000 viviendas al año, llegando a acumular en 2012 hasta 2,3 millones de viviendas protegidas. “Hoy representaría el 9% del parque de viviendas de España”, ha dicho, denunciando que “muchas de esas viviendas protegidas pasaron al mercado libre y dejaron de cumplir con su función social”.

“Hoy, si hubiéramos mantenido esa apuesta, España tendría ese 9% de vivienda protegida. Hoy, desgraciadamente, como consecuencia del giro que se dio solamente tenemos un 2,5% de vivienda pública respecto al total del parque de vivienda en nuestro país”, ha criticado, señalando así a la oposición y apuntando que ello nos sitúa “a la cola de vivienda protegida”.

“Estamos muy por detrás de otros estados miembro, como Francia”, ha dicho, llamando a cambiar esta situación.

Por ello, ha anunciado que “el Gobierno de España, la Administración general del Estado, acaba de transferir más de 3.300 viviendas y casi dos millones de metros cuadrados de suelo residencial a la recién creada Empresa Pública de Vivienda”.

“Dos millones de metros cuadrados que se van a utilizar para construir miles y miles de viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible fundamentalmente para las familias jóvenes y la gente más joven”, ha destacado.

Además, ha anunciado que, “a lo largo del primer semestre del año esta Empresa Pública de Vivienda empezará a incorporar las más de 30.000 viviendas que tiene el llamado ‘banco malo’, la Sareb”.

 “13.000 de ellas ya están o van a estar planificadas de forma inmediata en su incorporación a esta empresa pública estatal”, ha dicho, apuntando que "esa bolsa de inmuebles que se financió con dinero público para evitar la quiebra de los bancos durante lo peor de la crisis financiera en el año 2012" ahora se la van a "devolver a la gente”.

A ese respecto, como tercera propuesta ha anunciado que van a “establecer un mecanismo legal para que esta nueva Empresa Pública de Vivienda tenga prioridad en la compra de viviendas y de suelos, y otro para garantizar que toda vivienda construida por la Administración General del Estado mantenga indefinidamente la titularidad pública de esas viviendas construidas”.

“Lo que se construya o rehabilite con el dinero público, que es el dinero de todos los españoles, de la clase media trabajadora, que es la que sufre el problema, siga siendo siempre de los españoles y las españolas y no de los fondos buitres como ocurrió con el PP”.

Enfatizando que, en paralelo, el Ejecutivo va a “seguir impulsando promoción y construcción de vivienda asequible en la colaboración público-privada”, ha indicado que también van a “impulsar la reforma de la ley del suelo”, deseando, en este punto, las Cortes Generales “esta vez sí permitan facilitar esa garantía” y “esa seguridad jurídica” que, ha recalcado, “todos los operadores del sector de la construcción” piden.

“Vamos a desplegar los 6.000 millones de euros en créditos y avales ICO que se pusieron en marcha el pasado mes de agosto y que va a servir para levantar 25.000 viviendas nuevas”.

Más allá, presentando algo que ha calificado de “muy novedoso”, ha anunciado un “PERTE de las viviendas”.

“Durante los años de la postpandemia, con la llegada de los fondos europeos, el Gobierno de España puso en marche los PERTES, los Proyectos Estratégicos para modernizar determinados sectores muy importantes para nuestro país. Siempre que se habla del PERTE se piensa en la industria del automóvil. También hay muchos territorios, como Extremadura, donde se están instalando gigafactorias para esa transición del sector de la automoción al vehículo eléctrico. ¿Por qué no hacemos algo parecido con la vivienda?”, ha dicho, introduciendo la nueva medida.

“España va a crear un nuevo PERTE de las viviendas; del sector de la construcción. Está destinado a modernizar, a innovar en el sector de la construcción y también, lógicamente a su industrialización. También al sector de la construcción modular para que podamos crear casas en menos tiempo, con menos coste y más sostenibilidad.

“Este nuevo PERTE de viviendas tendrá una localización geográfica que quiero anunciarles. Será en la provincia de Valencia, donde podrá contribuir a la reconstrucción del tejido empresarial y económico afectado por la DANA y generar un valor añadido en la Comunidad Valenciana, pero sobre todo en toda España”.

Todo ello, ha dicho, permitirá "construir de forma más ágil".

Junto con todo ello, Pedro Sánchez ha insistido en la necesidad de “movilizar más vivienda”, haciendo hincapié en este punto en que “necesitamos movilizar la vivienda ya existente”.

“Hay datos que son realmente esclarecedores de cuál es la situación actual como consecuencia de la inacción pública que tuvieron anteriores administraciones”, ha dicho, para a continuación señalar que, “para los cerca de 400.000 pisos vacíos e inutilizados que hay en nuestro país en zonas tensionadas lo que tenemos que hacer es que vuelvan a salir al mercado del alquiler a un precio asequible”.

Para ello, ha dicho, “hay tres medidas adicionales sin precedentes en nuestro país”. La primera de ella, “la creación de un sistema de garantías públicas que protegerán tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en el alquiler asequible”.

“Esto quiere decir que la Administración General del Estado va a poner el dinero y los avales necesarios para que los ciudadanos y ciudadanas puedan alquilar y para que los dueños y dueñas de los pisos lo hagan con garantías, sin asumir riesgos”.

Este sistema, ha dicho, “se ha probado con éxito en Francia”, por lo que ahora se pretende “importarlo, empezando este mismo año con los propietarios que alquilen a personas menores de 35 años”.

La segunda medida de esas tres encaminadas a movilizar la vivienda, ha dicho, “es un programa de rehabilitación de viviendas vacías para destinarlas al alquiler a precio asequible”.

Hasta ahora, ha explicado que el Gobierno lo que ha hecho es “cofinanciar aquellas personas que reformaban sus pisos para ganar en eficiencia energética”, algo que ha dicho que ha sido “una política acertada y muy potente”. No obstante, ha indicado que, “a partir de este año, va a existir también un programa de ayudas para aquellas personas que reformen un piso para luego ponerlo en alquiler asequible durante al menos cinco años.

En tercer lugar, con ese mismo objetivo de movilizar la vivienda ha anunciado una de las medidas más destacadas de las comunicadas este 13 de enero, la cual, sin embargo, requerirá antes de la aprobación de la Cámara Baja.

 “Vamos a proponer al Congreso de los Diputados, porque tiene que pasar por el Congreso, la aprobación de una exención del 100% del IRPF para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el índice de referencia, sin necesidad de que estos se encuentren en zonas declaradas tensionadas”.

“Con estas tres grandes medidas creo que ganan todos: desde luego ganan los propietarios, que tendrán incentivos y apoyos adicionales para sacar al mercado sus inmuebles vacíos; tendrán mayores seguridades, por ese sistema de garantías, y también va a ganar el conjunto de la ciudadanía que va a gozar de una oferta de alquiler mayor y, sobre todo, a un precio asequible”, ha reivindicado.

Respecto al segundo objetivo de mejorar la regulación vigente, ha indicado que es importante para “protegerlos de los abusos del mercado” y “garantizar que las viviendas de nuestro país sean ante todo hogares y no negocios”.

Así, en una “situación de emergencia habitacional como la que sufren millones de compatriotas”, ha subrayado que “lo que sobran son Airbnb y faltan viviendas”

Por ello, ha expresado que el deber de las administraciones públicas es “priorizar el uso residencial de los pisos y evitar que el uso especulativo siga expandiéndose de una forma descontrolada y a costa de los vecinos y vecinas de esos inmuebles”.

En esa línea, ha anunciado también tes medidas. La primera, llevar al Congreso de los Diputados una “reforma fiscal para que los pisos turísticos tributen como lo que son; un negocio”.

Así, ha señalado que impulsarán “en el marco de la nueva directiva sobre el IVA la aplicación de una fiscalidad al alquiler turístico que lo equipare con las otras actividades económicas”.

“Lo que no es justo es que quienes tienen tres, cuatro o cinco pisos en alquiler, de corta duración, paguen menos impuestos que los hoteles o que los trabajadores y trabajadoras”, ha enfatizado.

Además, ha señalado que el Ejecutivo “va a cambiar el régimen de ventajas fiscales que tienen las llamadas SOCIMI para que solo apliquen a la promoción de vivienda en alquiler asequible esas ventajas; para acabar de una vez con esa injusticia de que algunos inversores usen este instrumento para pagar menos impuestos que los ciudadanos de a pie al comprar la misma vivienda”.

En ese segundo objetivo de mejorar la regulación vigente, ha comunicado que la tercera medida es “limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes”.

“Lo vamos a hacer limitando la carga fiscal que tendrán que pagar en caso de compra hasta el 100% del valor del inmueble”, ha dicho, señalando que es “una medida inédita en nuestra historia, pero que ya se está aplicando en otras economías y en otras democracias como en Dinamarca o Canadá”.

“Consideramos que es adecuada y muy necesaria en la coyuntura actual de emergencia habitacional en nuestro país”, ha dicho, indicando que solo en 2023 los no residentes de fuera de la UE compraron en España alrededor de 27.000 casas y pisos.

“Lo hicieron no para vivir en ellas, no para que vivieran sus familiares… Lo hicieron principalmente para especular; para ganar dinero con ellas, algo que en el contexto de escasez residencial que vivimos, no podemos permitirnos”.

“Siempre vamos a seguir teniendo los brazos abiertos a la inversión extranjera, pero queremos que esa inversión sea productiva; que sirva para fomentar la innovación, los negocios, crear nuevos puestos de trabajo, no para especular. Nuestras viviendas no pueden servir como un activo financiero o un depósito bancario”, ha apuntado.

Además, les informo que vamos a endurecer la regulación que persiga el fraude de los alquileres de temporada y vamos a crear un fondo para que los gobiernos autonómicos y también los gobiernos municipales puedan reforzar las inspecciones.

Todas estas medidas, ha dicho, desde el Gobierno están “convencidos” de que van a “ayudar a solucionar el problema de la vivienda”, pero ha indicado que “podrían tener un impacto más rápido y de mayor envergadura si también los gobiernos autonómicos, donde están residenciadas muchas de sus competencias, abandonaran el modelo de especulación que aplicó Aznar durante la época de la burbuja inmobiliaria”.

Señalando directamente al PP, ha denunciado que ese modelo “dejó a miles de ciudadanos en la calle”, destacando que “necesitamos una intervención pública”.

Por ello, ha llamado a un “esfuerzo mayor” para “dar ayudas que en el corto plazo van a seguir encontrando dificultades para acceder a la vivienda”.

En esta línea, ha anunciado: “Vamos a mantener y aumentar estos programas de ayudas que van a estar recogidos en el nuevo plan estatal de vivienda que está trabajando ya el Gobierno, liderado por la ministra, y que vamos a presentar próximamente para su entrad en vigor en el 2026. Prestará una especial atención a las personas mayores, los jóvenes, los colectivos vulnerables, las personas con discapacidad y aquellas que residen en zonas degradadas”.

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