PSOE y PP comparten el diagnóstico, la dificultad de acceso a la vivienda por los alquileres desbaratados (en diez años registran una subida acumulada de un 80%) y, también, hay consenso en que es necesario construir más casas, porque se crean tres veces más hogares que viviendas cada año, y para eso es imprescindible que hay más suelo disponible. Pero, a partir de ahí, todo es disenso. Los populares, como ya hizo Aznar, apuestan por liberalizar suelo, menos burocracia, bonificar impuestos, aumentar avales para cubrir hasta el 100% del valor de la vivienda y llevar esta ayuda hasta los 40 años. Y favorecer la colaboración público-privada para la vivienda protegida en propiedad. Algo que, según los expertos, no garantiza alquileres asequibles porque los promotores reclaman siempre su rentabilidad (cercana al 10%).

Los socialistas quieren crear una gran empresa pública, que controle la promoción de vivienda social, para aumentar el parque de vivienda pública, ahora en un 2,5%, hasta el 6%. Para lograrlo habría que construir 40.000 viviendas anuales durante quince años, así se llegaría a las 600.000; ahora mismo se construyen 7.000. También quieren que las viviendas sociales lo sean para siempre, para que no se descalifiquen o no se vendan, como ocurrió con las ventas a fondos buitre en Madrid. Y apuestan, junto a su socio Sumar, por seguir regulando el mercado, ahora el de alquiler temporal y habitacional. El PP dice que derogará la Ley de Vivienda, porque la considera un fracaso. Mientras el Sindicato de Inquilinas y un movimiento cada vez más potente de ciudadanos en la calle, aseguran que, sin soluciones a la vista y sin el apoyo de los políticos, tomarán el mando y trabajarán para una huelga general de alquileres. Las previsiones para 2025 tanto en compra, como en alquiler de vivienda están al alza.

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