Todos los expertos prevén que el problema con la vivienda que hay es España siga aumentando durante el próximo año 2025. Con la recuperación del Ministerio de Vivienda, el Ejecutivo quiso evidenciar que este ámbito constituye una de sus prioridades, con la vista puesta en garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y que los ciudadanos no tengan que destinar para ello más del 30 % de sus ingresos.

Este jueves 26 de diciembre, 'La mirada crítica' ha analizado este problema en directo con Eduardo Bolinche, analista financiero: "Se están generando 217.000 hogares cada año y se espera que esa cifra se mantenga estable hasta el 2027, sin embargo la vivienda terminada no llega a 80.000. Este déficit, unido al lamentable nivel de ingresos, que no suele sobrepasar los 1.500 euros al mes, tenemos un problema vía financiación porque no hay capacidad de ahorro y estamos abocados a pagar alquileres", ha explicado.

Sobre el altísimo precio del alquiler en la mayor parte de las ciudades españolas, Bolinche ha analizado: "Ley universal de oferta y demanda. En muchas ciudades hay una escasez total de vivienda y el principal motivo es la inseguridad jurídica del propietario en caso del impago del inquilino".

De los problemas burocráticos para construir vivienda, Eduardo Bolinche cree que "no se quiere" agilizar: "Se piden muchas exigencias para poder construir. Te metes en un mínimo de cuatro años, así que tenemos un problemón a corto plazo y te metes en un 22% de impuestos para tener una vivienda. Es un negocio en el que chupa todo el mundo, en especial el Estado".

La despolarización de la vivienda y el clamor a lograr un gran pacto de Estado a largo plazo que se centre en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones ha sido una constante de la población en general, del sector inmobiliario, los agentes sociales y parte de la clase política.

Sin embargo, las diferencias actuales dejan patente la dificultad para llegar a acuerdos, también en el ámbito de la vivienda, donde todos los expertos coinciden en que existe un preocupante problema de oferta para atender el aumento de la demanda -muy unida a la llegada de inmigrantes a España- y que está dando como resultado un encarecimiento de los precios, tanto de compra como de alquiler.

El sector también advierte de que la Ley de Vivienda ha provocado una reducción de la oferta de alquiler, que no ha hecho sino encarecer los precios.