Un nuevo estudio sobre el alquiler apunta al grave problema de la temporalidad de los contratos de arrendamiento. Así, después de cinco años, la mitad de los inquilinos en Madrid y seis de cada diez en Barcelona sufren una subida de sus alquileres superior al IPC, lo que obliga al 60 % de los inquilinos en Madrid y hasta el 80 % en Barcelona a tener que mudarse al vencer el plazo del contrato. 

Así lo revela el nuevo informe 'Vivir de alquiler: inseguridad garantizada por ley', publicado por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) y que arroja cómo las políticas públicas de alquiler han disparado la inseguridad residencial y la precariedad económica, especialmente en Madrid y Barcelona.

Una de las principales conclusiones del trabajo es que, desde la promulgación del Decreto Boyer en 1985, el primero que intentó acabar con los contratos de alquiler indefinidos al eliminar la prórroga forzosa y fijar una duración acordada entre propietario e inquilino, las reformas legislativas "han priorizado los beneficios inmobiliarios sobre la estabilidad de la población".

"Esta ley, como la de 1994, se aprobó bajo la premisa de que los alquileres indefinidos reducían la oferta, pero esta siguió cayendo durante dos décadas (1985-2007). La tendencia solo cambió con el estallido de la burbuja hipotecaria", ha argumentado el instituto.

Por esta razón, ha alertado de que el número de viviendas en alquiler "no varía en función de si el contrato es temporal o indefinido", sino que el factor decisivo es "si la política pública prioriza la compra (como ocurrió entre 1957 y 2007)".

Desde el IDRA aseguran que en los últimos años se ha producido una sustitución de los contratos temporales por alquileres de temporada, provocando una subida más veloz de los precios, ya que, por ejemplo, la regulación de alquileres catalana esquiva estos casos.

Esta falta de límites ha permitido que la oferta de alquileres temporales se haya multiplicado por siete entre 2019 y 2023, pasando del 2 % al 14 %, de acuerdo con un estudio publicado por el centro de investigación de política económica de Esade, EsadeEcPol, el pasado 22 de noviembre.

Como resultado del aumento del precio, lamentan desde el IDRA, la mitad de los inquilinos "queda en situación de pobreza severa relativa tras el pago de la vivienda (menos de 561 euros por unidad de consumo)", y dos tercios de los inquilinos "están destinando más ingresos de los recomendados".

De hecho, los datos del informe apuntan que el 69,7 % en Madrid y el 64,8 % en Barcelona destinan más del 30 % de sus ingresos al pago del alquiler y suministros y uno de cada tres hogares destina más del 50 % de sus ingresos al alquiler.

El incremento de precios y de alquileres de temporada, a su vez, se traducen en un mayor número de mudanzas: más del 60 % de los inquilinos en Madrid y el 80 % en Barcelona se han mudado en los últimos cinco años.

Ante todas este escenario, el IDRA ha elaborado una serie de recomendaciones para que haya regulaciones en favor del inquilino, como adoptar una legislación similar a la de países como Francia y Alemania, con contratos renovables automáticamente, salvo en casos de necesidad por parte del casero o incumplimiento grave.

Los autores del informe también instan a ajustar los precios

del alquiler a los ingresos reales de los hogares, con un índice de precios que incluya datos adicionales como el valor catastral, la renta familiar disponible y el desempleo en la zona, y que cuente con un régimen sancionador.

El IDRA fue creado en mayo del año pasado por un grupo de investigadores catalanes para elaborar estudios e investigar sobre la vivienda y las políticas públicas, la economía política y el urbanismo y la transición ecológica, y se financia con subvenciones de programas europeos de investigación.

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