El auge de la oferta de alojamientos turísticos en las plataformas de alquiler vacacional como Airbnb o Booking ha contribuido al crecimiento del turismo en los últimos años, pero también al aumento del precio del alquiler para los residentes locales y a la proliferación de alojamientos ilegales. Por esa razón el Gobierno pondrá en marcha el próximo 2 de enero de 2025 un registro único para controlar el mercado del alquiler de corta estancia. El objetivo es perseguir el fraude y garantizar una oferta justa para todos los ciudadanos. La pregunta ahora es cómo va a funcionar este sistema de control y si será realmente efectivo.

Todos los propietarios de pisos turísticos, de alquiler de temporada o de habitaciones, incluso embarcaciones que se destinen a estos usos, deberán inscribir sus viviendas en el Registro Único de Arrendamientos, siempre que se publiciten en cualquier plataforma online. A cada vivienda o habitación se le otorgará un número de registro único que será válido para todo el territorio de la Unión Europea y que va a geolocalizar el inmueble.

Además, se requerirá al propietario información básica sobre su inmueble (ubicación, características y capacidad máxima) y se le requerirá que cumpla una serie de requisitos legales y normativos para garantizar la seguridad y calidad del alojamiento ofrecido.

Cuando un casero presente su solicitud se creará un código automático y provisional. A partir de ese momento los registradores dispondrán de 15 días para hacer las comprobaciones necesarias de cara a validar ese código y podrán dar el visto bueno o pedir subsanaciones. El propietario del piso tendrá entonces siete días para hacer las reparaciones o cambios que se pidan.

Este código se tendrá que renovar de forma anual para todos los inmuebles sujetos a un contrato de corta duración. Y para ello, los propietarios tendrán que presentar un listado con todas las operaciones de alquiler realizadas en el año anterior. El código será objeto de registro por nota marginal, que es la fórmula más sencilla y barata de gestionar el coste.

Dependiendo del tipo de alquiler los requisitos pueden variar. Así, para alquileres turísticos habrá que cumplir con la normativa autonómica, con las ordenanzas municipales y con los estatutos de la comunidad de vecinos, ya que ahora por mayoría de 3/5 pueden prohibir que haya pisos de uso turístico en el inmueble.

Si se trata de alquiler de temporada, se requerirá aportar los contratos suscritos y la causa de la necesidad de la vivienda no permanente del arrendatario en los contratos. Transcurrido un año el arrendador deberá aportar de nuevo toda la documentación que justifique la causalidad de temporalidad. El objetivo es evitar que un mismo inquilino encadene contratos temporales de manera injustificada en una vivienda cuando esta es su residencia habitual y debería estar disfrutando de un alquiler ordinario.

En cuanto al alquiler por habitaciones, cada una contará con un código independiente y se deberá aportar un listado de los arrendamientos constituidos durante la vigencia del número del registro.

Una vez el propietario tenga el código de su vivienda podrá solicitar el registro en cualquier plataforma online para comercializarla. Aquí será importante el papel de las plataformas y de la ventanilla única, ya que tendrán que exigir siempre a los propietarios el número de autorización y con él irán a la ventanilla única para comprobar que el código es válido.

Será el Ministerio de Vivienda el encargado de gestionar la ventanilla única digital implementando todo el sistema tecnológico que conectará en tiempo real los datos de los ayuntamientos, comunidades autónomas, comunidades de propietarios, propietarios y los del registro de la Propiedad. "Las plataformas jugarán un papel fundamental porque además de comprobar que cuentan con el código tendrán que realizar tareas de control aleatoria", explican fuentes de Vivienda.

En cuanto a las posibles sanciones tanto a propietarios como a las plataformas de alquiler si se incumple la normativa, el Gobierno aún está trabajando para consensuar con todos los actores del sector las consecuencias, si bien las fuentes de Vivienda apuntan que los propios Ejecutivos regionales ya cuentan con mecanismos activos para evitar el fraude en estos mercados.