Es la otra cara del coronavirus. La del tsunami económico que ha provocado. Y que puede convertir el país de camareros en algo muy diferente. De hecho el Banco de España ya pide a los trabajadores de la hostelería que se reciclen de cara a un futuro que se ve negro para el turismo.
La suma de afectados por un ERTE, autónomos con prestación extraordinaria y el total de parados registrados se sitúa a nivel nacional en 8,5 millones de personas, una cifra superior al máximo histórico de desempleo de España, que en el peor momento de la última crisis (a principios de 2013) se situó en 6,3 millones según la Encuesta de Población Activa (EPA) y 5 millones según la cifra de paro registrado.
El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) calcula que los trabajadores afectados por el COVID-19 desde mediados de marzo -nuevos parados, trabajadores en ERTE y autónomos con prestación extraordinaria- suponen el 27,2 % de los afiliados que había a finales de febrero.
En un informe publicado este miércoles, el instituto señala que Baleares es la comunidad con un mayor porcentaje de afectados (42,5 %), seguida por Canarias (41,3 %), ambas con un significativo impacto diferencial al tratarse de las comunidades más especializadas en turismo. Por encima de la media nacional también se sitúan la Comunidad Valenciana (29,6 %), Andalucía (28,1 %), Cataluña (27,7 %) y Asturias (27,6 %). Por debajo están Cantabria (26,4 %), Galicia (26,3 %), Castilla y León (25,5 %), La Rioja (25,4 %), Castilla-La Mancha (25,2 %), Navarra (24,6 %), País Vasco (24 %), Madrid (23,8 %), Aragón (22,7 %), Murcia (21,9 %) y Extremadura (21,3 %).
Para el Ivie, el agregado de nuevos desempleados, trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y autónomos con prestación extraordinaria es un indicador alternativo más amplio que el mero dato del paro para medir el impacto del coronavirus en el mercado de trabajo.
"De cara al futuro, lo que suceda con esos colectivos durante la desescalada y la recuperación será clave por su enorme dimensión, sus implicaciones sociales y el coste que estas políticas de protección social tienen para el sector público", destaca el informe.
"Sería ingenuo pensar que todos los puestos de trabajo previos a la crisis van a seguir existiendo cuando esta concluya, porque una parte del tejido productivo no sobrevivirá", incide el estudio, donde se señala que la respuesta pasa también por el desarrollo de nuevas oportunidades laborales y por políticas activas de empleo que refuercen la empleabilidad de las personas que se queden en paro.