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Varios miles de agricultores y cientos de tractores han colapsado este viernes el tráfico del centro de Valencia y se han hecho notar también en otras zonas del país como Lleida y en Córdoba y Cádiz al grito de Basta Ya. Basta, consideran de engaños, de maltratar a una actividad como la suya que es vital para todos.
'Basta de engañar a los agricultores' ha sido el lema de una marcha convocada por Asaja, La Unió de Llauradors y UPA, que tiene como principal objeto reclamar precios justos para los productores agrícolas.
Esta manifestación, que se repite en otras ciudades españolas, exige al Gobierno que persiga la venta a pérdidas, en la que, según las principales organizaciones agrarias, incurren las grandes superficies comerciales, que se amplíen los fondos para seguros, que se habiliten depósitos para crisis, que se exijan controles fitosanitarios y laborales a los países exportadores, y que se estudie el impacto económicos de los acuerdos comerciales con terceros países.
La marcha, en la que participan cargos públicos del PSPV-PSOE, PP, Compromís, Ciudadanos y Unides Podem, se ha visto obligada a adelantar la cabecera , en la que marchan varios tractores y cosechadores, algunas de ellas con altavoces y otras con almendros, debido a la gran afluencia de manifestantes.
Desde alrededor de las 9.15 horas, cientos de tractores han estado accediendo al centro de Valencia desde los principales accesos por carretera a la ciudad para concentrarse en los alrededores de la plaza de España y la calle San Vicente para situarse a continuación a la cola de la manifestación.
La amplia movilización de tractores y maquinaria agrícola ha motivado que se establezca un amplio dispositivo de Policía Local y Nacional para garantizar el desarrollo de la marcha e intentar regular el tráfico en el resto de la ciudad.
Entre los asistentes a la manifestación son mayoría los pequeños propietarios, algunos de los cuales portaban cruces adornadas con naranjas y crespones negros, y pancartas con lemas como "La agricultura se va a la sepultura" o "Hemos perdido todo, hasta el miedo".
Un, agricultor de Albalat de la Ribera (Valencia), José Manuel Latorre ha manifestado ante los periodistas: "Vendemos más barato que hace cuarenta años y a los políticos, a todos, el campo les ha importado un pimiento desee siempre. Cobro una pensión de 640 euros y todavía tengo que coger dinero de ahí parea mantener dos pequeños campos".
Unas 3.000 personas y 500 tractores con representación de 125 pueblos, según los organizadores --1.500 personas y 420 tractores, según la Policía Local--, han participado en Lleida en una manifestación en defensa de los precios justos de la fruta de hueso.
La concentración ha comenzado con una concentración en la que han participado políticos de todas las formaciones.
Cinco columnas de tractores han entrado desde la N-240, la N-230,la LP9221, la C-12 y la N-240 y los agricultores se han concentrado en la plaza Sant Joan de Lleida, desde donde han iniciado una manifestación en la plaza Agelet i Garriga, en dirección al barrio de Cappont.
La consellera de Agricultura, Teresa Jordà, que ha asistido a la concentración, ha avanzado que la Conselleria de Agricultura está ultimando una línea de créditos blandos para que los productores de fruta catalanes puedan disponer de liquidez.
Asimismo, ha agregado que "no es justo y no tiene ningún sentido que una persona que trabaja la tierra, que lo hace con amor porque es su trabajo, cobre o perciba un precio inferior al que le supone producir este producto".
Más de 5.000 personas salen a la calle en Córdoba
Más de 5.000 tractores y otros vehículos conducidos por agricultores y ganaderos convocados por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, han colapsado la carretera autonómica A-318 y la autovía Córdoba-Málaga (A-45) a la altura de Lucena (Córdoba), recorriendo, con paradas, el tramo que separa los accesos Norte y Sur a dicho municipio, para protestar así por la situación "agónica" que vive el sector agrario.
A juicio de Cobos, la respuesta de los agricultores y ganaderos a esta convocatoria "es tan masiva porque la situación del sector es agónica, ya que estamos sufriendo unos precios que no cubren los costes de producción, y eso hace que no le veamos el futuro al sector", cuando y "se pueden arbitrar algunas medidas que no le cuestan dinero a las administraciones, sobre toda a la europea y al Ministerio de Agricultura, que son para la regulación del mercado y que pueden posibilitar la mejora de la situación".
Junto a ello, según su propuesta, "hay que abrir mesas de diálogo y ser imaginativos en las propuestas, pero, sobre todo, hay que modificar la Ley de Calidad Agroalimentaria, que se hizo con el objetivo de hacer un mejor reparto entre los tres eslabones de la cadena de lo que paga el consumidor y no está cumpliendo su objetivo", ya que "la industria y la distribución se quedan con su parte, pero no dejan una parte mínima para el productor".
Por su parte, el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha abundado en estos argumentos y ha asegurado que el campo "se siente olvidado" por los políticos, pues "la respuesta que estamos recibiendo del Gobierno" no tiene en cuenta la realidad del sector, de la misma forma que la Unión Europea (UE) "no atiende a los agricultores" tampoco como debe.
En cuanto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y su repercusión en los costes de producción para los agricultures y ganaderos, Fernández de Mesa ha dicho que les ha "cogido por sorpresa, pero los males para la agricultura vienen de mucho más atrás", sobre todo por el poder que tienen las "grandes cadenas (de distribucion)agroalimentarias", pues, "con decenas de miles de trabajadores y decenas de miles de millones en ventas, hacen toc toc en La Moncloa y les escuchan".
Por eso se tienen que movilizar los agricultores y ganaderos, ya que "lo que hace falta es que a la agricultura se la tenga en cuenta, pues, si pasa algo a lo largo de la cadena agroalimentaria el que paga el pato es el agricultor, mientras los siguientes eslabones siguen vendiendo naranjas o tomates, mientras los agricultores no tienen tomates que vender, y no hay nada que suplemente eso", de ahí que "una futura Ley Agroalimentaria debe tener en cuenta esta situación de inferioridad que tiene el agricultor".
Finalmente, la secretaria general de COAG Córdoba, Carmen Quintero, ha afirmado que en el campo están "en pie de guerra", ya que tienen "una serie de problemas que necesitan de medidas de aplicación urgente", dado que "hablamos de una pérdida de la rentabilidad, de cierre de explotaciones, y de que nuestra actividad agraria es ya prácticamente inviable", razón por la que demandan que "se reforme la Ley de Cadena Agroalimentaria".
Junto a ello, quieren que el Gobierno de España "ponga en marcha una mesa interministerial", con la implicación de "Consumo, de Hacienda, de Trabajo y de Agricultura, y no nos vale una declaración de buenas intenciones, pues necesitamos medidas urgentes ya", de la misma forma que también precisan los agricultores españoles "que se que se pongan las pilas en Bruselas".
Así, a la Unión Europea (UE) le reclama "mayores controles en frontera, que se destinen mayor presupuesto de la PAC para, precisamente, ordenar y regular los mercados" y que se eviten los fraudes que vienen de la mano de "estos tratados de libre comercio que que se están firmando tan alegremente, sin pensar para nada en el sector primario", ya que, "cada vez que se firma un tratado de libre comercio no están abocando a la ruina, a la miseria y al hundimiento de precios".
El enfado de las asociaciones agrarias es doble. Primero porque el Gobierno les ha dejado fuera de la reunión a última hora y segundo por la decisión que se ha tomado en ese encuentro. El Ejecutivo se ha comprometido a rebajar el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario de 35 a 20. Se hará cuanto antes y de forma coyuntural.
Pero las asociaciones creen que será algo definitivo y eso les impedirá encontrar mano de obra para trabajar. El Ejecutivo justifica la decisión en que la meteorología ha impedido a muchos agricultores sumar las 35 jornadas de trabajo necesarias para cobrar durante seis meses el subsidio agrario. Por eso dicen que es una decisión puntual aunque añaden que hace falta una reforma estructural en el campo.