La primera reunión para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo ha finalizado este viernes pasadas las 13.00 horas con bastante entendimiento entre las partes, que parecen estar de acuerdo en extender esta herramienta hasta el 31 de mayo, según han informado a Europa Press en fuentes del diálogo social. El 31 de mayo sería ir más allá de la fecha en la que finaliza el estado de alarma (9 de mayo) y pasada la Semana Santa, que este año se celebrará entre el 28 de marzo y el 4 de abril. Esta nueva fecha permitiría así proteger al sector turístico, uno de los más castigados por la pandemia.

"A todas las partes les parece bien prorrogar los ERTE hasta el 31 de mayo y que se prorrogue el III Acuerdo Social en Defensa del Empleo, con algunos ajustes", han señalado fuentes del diálogo social, que hablan tanto de ajustes técnicos como de otro tipo.

No obstante, Gobierno, sindicatos y empresarios se han emplazado a un nuevo encuentro el próximo lunes, a partir de las 17.30 horas, para seguir avanzando en las negociaciones, que en esta ocasión no se prevé que se dilaten hasta el último momento, como ocurrió la vez anterior.

Así, desde el Ejecutivo han indicado que su compromiso es cerrar esta negociación cuanto antes, sin agotar el plazo vigente de los ERTE (31 de enero). Según las fuentes consultadas, el Gobierno ha ofrecido a los agentes sociales prorrogar el anterior acuerdo, si bien sindicatos y empresarios tienen que analizar el texto definitivo del Ministerio de Trabajo y Economía Social en la reunión prevista para el próximo lunes.

Desde la COE, su presidente, Antonio Garamendi, ha abogado por extender los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como mínimo hasta junio y por que las empresas puedan ajustar plantilla devolviendo a la Seguridad Social las exoneraciones del ERTE pero no de todo el personal, sino sólo del trabajador que sea despedido.

"Nos guste o no va a tener que haber ajustes de plantilla. Esto ya no es marzo y las empresas tienen problemas de solvencia. Lo que no puede ser es que (si despiden) se las obligue a devolver todas las exenciones por haberse acogido a un ERTE cuando sería más lógico devolver la parte de esa persona que pudiera salir fuera, porque si no, en lugar de consolidar puestos de trabajo, vamos a destruir muchos más", ha defendido el líder de la CEOE en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

Actualmente, las empresas acogidas a un ERTE están obligadas a mantener el empleo durante los seis meses posteriores al reinicio de su actividad. Si incumplen este compromiso deben devolver las exenciones a la Seguridad Social recibidas por todos los trabajadores del ERTE y no sólo por los que sean despedidos. Lo que plantea Garamendi es que sólo tengan que devolverse las ayudas del trabajador que sea despedido.

Esta idea no cuenta con el beneplácito de los sindicatos, que piden que se mantenga el actual compromiso de empleo. "La CEOE sabe que en Francia, Italia y Alemania el mantenimiento del empleo es un año y estas patronales de estos países no han presentado ningún tipo de objeción", ha replicado el líder de UGT, quien ha añadido que "parece razonable" que "si por cada 100 euros que el Estado ha invertido en la pandemia, 75 han ido a ayudar a mantener a las empresas, que el mínimo que se le puede exigir a éstas es el mantenimiento del empleo".

Desde UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, ha defendido este viernes la necesidad de prolongar los ERTE mientras dure la pandemia y de que se prorroguen de manera automática. "Demos estabilidad a las empresas, a los trabajadores que están en ERTE, demos tranquilidad y resolvamos este tema", ha dicho Álvarez, que ha pedido al Gobierno "que no se saque ningún conejo de la chistera" y que prorrogue esta herramienta en las condiciones actuales.

Desde CCOO entienden también que el acuerdo vigente da respuesta a las necesidades actuales y a las que se puedan plantear ante una tercera ola del Covid. "No se precisan demasiados cambios, aunque sí hay que introducir algunos elementos técnicos e incluso alguna redacción más clara para evitar problemas de interpretación", apuntan desde el sindicato de Unai Sordo.

Según los últimos datos de la Seguridad Social, a cierre de diciembre estaban en ERTE aunque en el pico alto de la pandemia los trabajadores protegidos llegaron a ser más de 3,4 millones.

El plan de rescate de apoyo a la hostelería, el comercio y el turismo, que aprobó el Gobierno hace unas semanas, amplió el número de sectores "ultraprotegidos" por los ERTE a varias actividades, entre ellas el comercio al por mayor de bebidas, los restaurantes y puestos de comidas, las actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales, los establecimientos de bebidas y las actividades de juegos de azar y apuestas (casinos, bingos, loterías y casas de apuestas).

La regulación actual de los ERTE, vigente hasta el próximo 31 de enero, establece la prórroga automática de los procedimientos por fuerza mayor para determinados sectores económicos, y contempla dos figuras, los ERTE de impedimento de actividad y los ERTE de limitación de actividad, a los que pueden acogerse todas las empresas, con exoneraciones bastante elevadas, que en algunos casos llegan hasta el 100%.

Los ERTE de fuerza mayor con prórroga automática se limitan a las empresas más afectadas por la pandemia cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-09) previstos en la norma, con exoneraciones de cuotas de entre el 75% y el 85%. De estas exoneraciones también pueden beneficiarse aquellas empresas que, aunque no formen parte de dichos sectores, se encuentran en su cadena de valor o cuyo negocio depende en su mayoría de ellos.

En el caso de las nuevas modalidades de ERTE vigentes, a las que pueden acogerse empresas de cualquier sector, se distinguen dos tipos: los ERTE por impedimento de actividad como consecuencia de restricciones adoptadas por las autoridades (por ejemplo, las empresas de ocio nocturno), y los ERTE de limitación de actividad, destinados a las compañías que vean alterada su actividad cuando una autoridad local, autonómica o estatal limite, por ejemplo, los aforos y los horarios.

Los ERTE de limitación de actividad van acompañados de exenciones de cuotas de entre el 70% y el 100%, mientras que los ERTE de impedimento de la actividad contemplan exenciones de entre el 90% y el 100%. De prorrogarse el decreto actual, los trabajadores afectados por ERTE tendrían acceso a la prestación sin periodo de carencia, no les computaría el periodo consumido hasta enero de 2022 y la prestación equivaldría al 70% de la base reguladora. Además, las empresas con ERTE tendrían limitado el reparto de dividendos y prohibido externalizar y la realización de horas extra, entre otras medidas.

A la reunión de este viernes han asistido los secretarios de Estado de Empleo y de Seguridad Social, Joaquín Pérez Rey e Israel Arroyo; la directora general de Trabajo, Verónica Martínez Barbero; Rosa Santos, Ana Herráez y Agustín González por parte de CEOE; Pedro Fernández Alén y Teresa Díaz de Terán en representación de Cepyme; Mª Cruz Vicente, Carlos Bravo y Eva Urbano en nombre de CCOO; y Cristina Antoñanzas, Gonzalo Pino, María Higinia Ruiz e Isabel Araque por parte de UGT.