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La Comisión Europea ha solicitado a los gobiernos europeos "abolir" los programas con los que dispensan derechos de residencia o ciudadanía a extranjeros a cambio de inversiones. Es un nuevo golpe para los oligarcas rusos, a los que ya se les han confiscado algunos de sus más insignes muestras de riqueza, como sus yates. Estos sistemas son denunciados tanto por Bruselas como por el Parlamento Europeo como un modo de "comprar" derechos como la libre circulación en la Unión Europea (UE) con fines ilícitos.
Los denominados 'pasaportes dorados' "plantean riesgos serios en materia de corrupción, blanqueo y evasión fiscal", ha señalado el comisario de Justicia, Didier Reynders, en el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (Francia).
La Eurocámara tiene previsto adoptar esta semana un informe crítico con este tipo de programas gracias a los que al menos 130.000 personas consiguieron permisos de residencia o la ciudadanía de un Estado miembro a cambio de inversiones entre 2011 y 2019. Los eurodiputados denuncian los riesgos de seguridad que plantean, reclaman su abolición y también reglas comunes para el futuro en esta materia.
Reynders ha asegurado que el Ejecutivo comunitario comparte plenamente la preocupación de los eurodiputados y ha recordado que por ello tiene expedientados a Malta y Chipre, además de haber apercibido a Bulgaria, por las ventajas que ofrecen a ciudadanos extracomunitarios a cambio de inversiones "a veces de apenas 5.000 euros", "a veces con inversiones sin efecto en la economía real".
La ponente del informe, la liberal holandesa Sophie in't Veld, ha advertido de que un tercio de los 'pasaportes dorados' están en manos de "oligarcas rusos" que ahora pueden "esquivar" las sanciones adoptadas por la UE contra los cómplices de la guerra gracias a que tienen un documento que les concede la ciudadanía o residencia en un país del bloque.
Reynders ha admitido que los inversores que reciben este tipo de pasaportes "compran la ciudadanía" de un Estado miembro de modo que se benefician de la "libre circulación" en todo el territorio comunitario y otros derechos como el del voto en elecciones europeas o locales.
La comisaria de Interior, Ylva Johansson, ha indicado que trabaja en una propuesta legislativa para acotar estos programas porque no es una preocupación puntual por el caso ruso sino más amplio, aunque no ha dado detalles de la línea en la que trabaja.
En la actualidad, Malta, Chipre y Bulgaria conceden la ciudadanía a extracomunitarios que invierten en su territorio, aunque Chipre ha tomado medidas para anularlo tras el expediente abierto por el Ejecutivo comunitario y Malta ha anunciado que los suspenderá para ciudadanos rusos y bielorrusos tras la guerra en Ucrania. Otros doce países de la UE ofrecen permiso de residencia a cambio de importantes inversiones de extranjeros.