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El PSOE y Unidas Podemos han alcanzado este martes un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición que supone luz verde para el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, y que incluye un pacto para impulsar de una vez la Ley de vivienda, tras meses de retraso.
Según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación, los dos socios de gobierno han cerrado su acuerdo esta misma mañana, si bien de momento no han ofrecido más detalles del resultado de sus negociaciones ni del contenido de ambos proyectos.
El proyecto no irá al Consejo de Ministros de este martes, según apuntan otras fuentes del Ejecutivo, que no descartan una reunión extraordinaria para aprobar los Presupuestos esta misma semana o llevarlos al Consejo de Ministros ordinario del próximo lunes, víspera de festivo.
El PSOE y Unidas Podemos comenzaron en verano a negociar el detalle de las nuevas cuentas y, en ese contexto, los 'morados' volvieron a poner sobre la mesa la necesidad de aprobar ya la ley de vivienda, con la regulación de los alquileres incluida, como condición para dar su apoyo a las cuentas públicas, al igual que ya hicieron el año pasado.
El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos sobre la ley de vivienda contempla la regulación del precio del alquiler para bajar los alquileres a las viviendas en manos de grandes propietarios, en base a índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionado. Asimismo, establece que los pequeños propietarios tendrán una fórmula de "congelación de precios e incentivos fiscales", de cara a poder también reducir el precio del arrendamiento.
Según han detallado fuentes de Unidas Podemos a Europa Press, se ha superado el principal escollo de la negociación, relativo a esas obligaciones para grandes propietarios, que quedarán definidos como aquellos que dispongan de 10 o más viviendas. De esta forma, han detallado que habrá retirada a grandes tenedores de "privilegios fiscales".
Mientras, se establece un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías que podrán aplicar los ayuntamientos, y la futura normativa también apuesta por el parque público de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida (de éste 30%, la mitad para alquiler social).