“El precio de la electricidad se dispara” y “la nueva tarifa eléctrica entra en vigor” son titulares que, de forma combinada, repiten en los últimos días los medios de comunicación. Lo curioso es que son noticias distintas no relacionadas que por casualidad han coincidido en el tiempo.

La nueva tarifa eléctrica entró en vigor el 1 de junio. Básicamente consiste en fijar tres precios distintos para la energía (kWh). No es muy diferente a lo que había. Ahora, la facturación del término energía se divide en tres periodos en vez de los dos que antes se aplicaban a los consumidores que habían optado por la tarifa con discriminación horaria (la mas barata).

Hay un aspecto nuevo: el precio en el término de potencia (coste fijo según la potencia contratada) que tenía un solo valor ahora se puede elegir entre dos potencias distintas. Una es para los horarios punta y llano y otra para valle. Esta última tiene un precio baratísimo. Si no hace nada, su compañía eléctrica le dejará el mismo valor que ahora tiene para ambos periodos.

El nuevo método aplicable a la tarifa es más racional, pues debería propiciar que gran parte de los consumos se desplacen fuera del periodo punta. El objetivo es aplanar la demanda de electricidad que varía mucho a lo largo del día, lo que obliga a tener una sobrecapacidad instalada. Hay centrales (normalmente de ciclo combinado que utilizan gas) que funcionan solo unas pocas horas a lo largo del año para cubrir los momentos de máxima demanda.

La introducción del nuevo sistema de facturación ha coincidido con un aumento sostenido del precio de la electricidad desde hace unos meses. Esto puede inducir a creer que la nueva tarifa es la culpable del aumento del coste de la electricidad, pero no es así.

En enero se produjo durante unos días un incremento sustancial del coste, pero era un hecho esporádico debido fundamentalmente a la borrasca Filomena. Pero ahora el aumento del precio no es un hecho puntual.

En 2020, el precio de la electricidad había sido anormalmente bajo comparado con años anteriores. La causa es obvia: la pandemia de la covid-19 contrajo la economía y, como consecuencia, se redujo la demanda energética y se produjo una caída de precios (en la electricidad y en otros tipos de energía).

Desde marzo de este año, tras el extraordinario éxito de las farmacéuticas al conseguir fabricar cantidades ingentes de vacunas eficaces y de los estados en vacunar a la población, los efectos de la pandemia se van mitigando y la actividad económica se va normalizando. Como resultado, la demanda de energía ha aumentado aproximándose a los valores prepandémicos.

Los coste de generación de electricidad depende en gran medida de las fuentes empleadas para producirla. En 2020, la producción en España se distribuyó como sigue: nuclear (22,2 %), eólica (21,9 %), ciclo combinado (17,5 %), hidráulica (12,2 %), cogeneración (10,7 %), solar (7,9 %) y otras (7,8 %).

Las fuentes renovables, en total, fueron las mayoritarias. Pero están sometidas a factores no controlables que presentan gran variabilidad, como son las condiciones meteorológicas. Esto obliga a dos cosas: tener una sobrecapacidad de potencia instalada (en el caso de la eólica, alrededor de 4 veces mas de la energía media que produce) y disponer centrales eléctricas paradas, en previsión de que no se pueda cubrir la demanda, que normalmente utilizan gas.

El precio del gas está aumentando por la gran demanda y además las fuentes que generan CO₂, como el gas, tienen que comprar derechos de emisión (un mecanismo que crearon la UE y otros países para reducir las emisiones de CO₂).

En el año 2020 el coste de emisión de CO₂ estaba por los suelos (llegó a 3 €/t), pero en las nuevas condiciones ha subido a mas de 50 €/t. Este aumento es en muchos sentidos deseable si de verdad queremos hacer frente al calentamiento global.

Ante esta situación, el Gobierno de España ha anunciado un proyecto de ley con el que dice que bajará el precio de la factura eléctrica.

Si uno lee el documento, se queda sorprendido. En gran medida consiste en hacer pagar aún mas a las nucleares (se estima que en 2020 pagaron alrededor del 60 % de los ingresos, no de los beneficios, en impuestos) pues al no contaminar con CO₂ se ahorran tener que comprar derechos de emisión. Es como si la comunidad de vecinos nos pidiera que pagásemos una cuota mayor por no utilizar la calefacción de carbón de la comunidad.

Realmente, la factura que pagamos incluye muchos conceptos, algunos para hacer frente a más de 6 000 millones de euros al año en primas a las renovables. No estaría de más sacar del recibo aquellos no achacables a la generación y transporte de esta forma de energía, que junto con los impuestos suponen mas de la mitad del coste.

Penalizar más a las nucleares puede hacerlas inviables económicamente y llevarlas al cierre. Eso llevaría a un incremento de las emisiones de CO₂, al tener que recurrir a otras fuentes contaminantes. Así ha ocurrido en Alemania, que cerró parte de sus nucleares y emite más de 8,5 t de CO₂ al año por habitante, en gran parte procedentes de quemar carbón, aunque anuncie continuamente objetivos ambiciosos en la reducción de las emisiones.