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El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el anteproyecto de ley para combatir el desperdicio alimentario que obligará a las tiendas a fomentar la venta de productos "feos, imperfectos o poco estéticos" que estén en condiciones óptimas de consumo, así como a incentivar la venta de alimentos de proximidad, ecológicos y a granel. "No hay producto alimentario más caro que aquel que acaba en la basura, que aquel que se despilfarra", ha señalado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El proyecto de ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario consta de 15 artículos, cuatro disposiciones finales y una adicional, según ha insistido Planas, que añade que la norma busca producir una drástica reducción del desecho de alimentos sin consumir que acaba en la basura y fomentar un mejor aprovechamiento de los mismos.
El ministro ha destacado ante los medios que, en 2020 los hogares españoles tiraron a la basura más de 1.300 millones de kilos de alimentos sin consumir, 31 kilogramos por litro per cápita. En otra perspectiva: "tres de cada cuatro hogares españoles desperdician comida". Planas ha recordado, también que en el despilfarro de comida y bebida hay también un punto de vista "ético" y "moral", teniendo en cuanta que una parte del planeta pasa hambre y 1.600 millones están "malnutridas".
En términos anuales, cabe destacar que solo se incrementó el desperdicio alimentario de 2019 a 2020 en la pasta (17,3% más), cubitos y sazonadores (17,27%), frutos secos (1,03%) y chocolate y turrón (0,23%). Las mayores reducciones fueron en cafés e infusiones (-37,98%), miel (-31,91%) y aceite (-30,47%). Frutas, verduras y hortalizas, pan fresco, leche líquida y lácteos derivados son los que concentran el mayor volumen de alimentos desperdiciado en todas las temporadas analizadas por el Ministerio de Agricultura.
La franja de edad entre 50 y 64 años es donde se concentra el mayor porcentaje de productos alimentarios desperdiciados cada temporada (34,2% del total entre primavera y verano de 2020), seguido del grupo de 35 a 49 años (30,8%). Después van los mayores de 65 años (21,7%) y los menores de 35 años (13,4%). Y que es que, atendiendo al tipo de hogar, son los jóvenes independizados los que menos comida desperdician. Entre primavera y verano de 2020 solo representaron el 4,7% del despilfarro de alimentos, frente al cerca del 15% en parejas con hijos pequeños o con edad media y el 17% en retirados.
Por último, el perfil económico también presentó una diferencia que oscila del 33,9% que representaron las clases medias o el 26,4% de las clases medias bajas frente al 18,6% que se concentró en las clases altas y medias altas. Las bajas tuvieron un porcentaje mayor que las de mayor riqueza (21,1%).
La iniciativa legislativa pretende establecer una "perspectiva nueva" de buenas prácticas para evitar el desperdicio de alimentos con actuaciones en toda la cadena alimentaria, desde el origen en el propio proceso de cosecha, hasta los hábitos de consumo en los hogares y en la restauración. Así, establece que "todos" los agentes de la cadena alimentaria deben contar con un plan de prevención para evitar el desperdicio, y fija una jerarquía de prioridades de obligado cumplimiento, la primera de las cuales es la utilización para la alimentación humana, a través de donaciones a empresas sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.
Para la donación de alimentos, las industrias alimentarias, establecimientos comerciales y de hostelería y restauración deberán suscribir convenios con las organizaciones receptoras en los que se debe recoger específicamente las condiciones de recogida, almacenamiento y transporte y la selección de alimentos, entre otros aspectos. Los alimentos que se donen deberán tener suficiente vida útil de almacenamiento para hacer posible su distribución y uso seguro a sus destinatarios finales. Tanto las empresas agroalimentarias donantes como las organizaciones receptoras están obligadas a garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un sistema de registro de entrada y salida de los mismos.
En el segundo orden de jerarquía, los alimentos no vendidos pero que estén en condiciones óptimas de consumo deberán ser transformados (zumos, mermelada, cremas).
Y, ha explicado Planas, cuando los alimentos no sean aptos para el consumo humano, deberán ser utilizados como subproductos para la alimentación animal o para "otros sectores". Como ejemplo, ha señalado la posibilidad de ser usados como "compostaje en la agricultura" o como "materia energética" para la fabricación de biogás u otros combustibles, entre otras posibilidades.
Otra de las nuevas obligaciones para los agentes de la cadena agroalimentaria pasa porque estos tendrán que impedir el desecho de alimentos en la basura. Entre otras medidas, el Gobierno recoge en esta norma que los productos con fecha de consumo preferente vencida se presentarse al consumidor de forma separada y claramente diferenciados del resto, con precios inferiores, o destinarse a la donación.
"Queremos generalizar que por parte de quien efectúa la venta se realicen promociones específicas de los alimentos y bebidas próximos a la caducidad o a la fecha de consumo preferente", ha explicado Planas, quien ha puntualizado, de nuevo, que esto se debe realizar siempre que el producto esté en buenas condiciones para el consumo.
La ley incluye como medida que las tiendas de más de 400 metros cuadrados deberá disponer de un lineal o 'corner' específico donde se presenten determinados productos que, aunque están en perfectas condiciones para el consumo, presenten una "apariencia rechazable por parte del consumidor". En esa línea tendrán que incentivar la venta de alimentos de temporada, de proximidad, ecológicos y ambientalmente sostenibles y a granel, y mejorar la información sobre el aprovechamiento de los mismos.
Los establecimientos de hostelería y otros servicios alimentarios tendrán que ofrecer a sus clientes la posibilidad de que se lleven, sin coste adicional, lo que no han consumido y tendrán que informar de ello de forma visible, preferentemente en la carta o menú. Pare ello, deberán disponer de envases aptos reutilizables. Además, todos los agentes de la cadena alimentaria deberán informar anualmente de las pérdidas alimentarias, así como del cumplimiento de sus planes de prevención.
Por otro lado, el proyecto de ley estipula que el Gobierno adoptará políticas públicas y medidas para fomentar la adecuación de las fechas de consumo preferente a la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, y, en su caso, la posibilidad de poner en el mercado los productos con fecha de consumo preferente sobrepasada, para lo que se tendrán en cuenta los criterios establecidos por la Unión Europea en las propuestas legislativas en la materia.
Otra de las novedades es que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación deberá elaborar un Plan Nacional de control de las pérdidas y el desperdicio alimentario que contendrá los objetivos generales y prioridades a seguir y que se integrará en el Plan Estratégico. Igualmente, las administraciones públicas estarán obligadas a realizar campañas divulgativas y de promoción para fomentar el consumo responsable de alimentos y promover la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, así como elaborar de guías de buenas prácticas encaminadas a mejorar la gestión alimentaria.
La ley contempla cuatro tipos de sanciones en materia de donación e alimentos que pueden ser penadas con multas que van de 6.001 euros a 150.000 euros. Con esta norma, ha explicado el ministro, España se convierte en el tercer país de la UE en legislar en esta materia, tras Francia e Italia. Aún así, ha señalado que el texto no ha partido de cero y ha recordado otras campañas e iniciativas del Ejecutivo para evitar el desperdicio alimentario.
Este proyecto de ley comienza, tras su aprobación en el Consejo de Ministros, su tramitación, cuya primera fase es la consulta pública y su discusión con las CCAA. Planas ha llamado a la implicación ciudadana y ha apuntado que la intención del Gobierno con esta ley es iniciar un "debate social" sobre la alimentación y la adquisición de estos.