Hasta 12.060 euros en un pago único para los que retrasen su jubilación
Hasta un 21% de penalización para los que se jubilen anticipadamente
El ministro José Luis Escrivá ha detallado estas medidas en la Comisión del Pacto de Toledo
Se persigue incentivar la permanencia en el empleo
Un pago único de hasta 12.060,12 euros, es lo que recibirían todos aquellos trabajadores que decidan demorar de manera voluntaria su jubilación. La propuesta ha sido presentada hoy por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso para dar cuenta de la negociación en el diálogo social de las recomendaciones. En el otro extremo estaría la propuesta de reducir la pensión hasta un 21% a aquellos que se jubilen de manera anticipada.
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El ministro ha concretado que se está trabajando en el diálogo social en una propuesta de coeficientes reductores a la jubilación anticipada voluntaria por la que estos aumentarían del 16% al 21% para un trabajador con menos de 38 años y 6 meses cotizados que quiera jubilarse dos años antes de lo que le toca.
Sin embargo, si se jubila un año antes, el coeficiente pasará a ser del 2% al 3,26%. En el caso de los trabajadores con más de 38 años y 6 meses cotizados y menos de 41 años y 6 meses, el coeficiente por jubilarse 24 meses antes pasará del 15% actual al 19%.
Para los trabajadores de más de 41 años y 6 meses cotizados, pero menos de 44 años y 6 meses, la jubilación anticipada dos años antes pasará a tener un coeficiente reductor del 17% frente al 14% actual y del 2,96% para quienes se jubilen un año antes (frente al 1,8% actual).
Por último, la penalización para quienes tienen una carrera de 44 años y medio y decidan jubilarse dos años antes, el coeficiente se mantendrá en el 13%, pero si se jubilan un mes antes pasará del 1,6% actual al 2,81%.
El ministro ha apuntado que con estas medidas se persiguen dos objetivos, el de incentivar la permanencia en el empleo y el de eliminar los elementos regresivos que tiene el sistema actual.
Para cumplir con ello, el Ministerio plantea que los coeficientes reductores sean mensuales, en lugar de trimestrales como lo son en la actualidad, "de forma que favorezcan la permanencia en el empleo al adaptarse mejor a cada situación y permitir decisiones más meditadas a cada trabajador. "En la mayoría de los casos, estos coeficientes suponen una menor penalización que ahora, especialmente para las carreras laborales más largas", ha apuntado.
Escrivá ha indicado también que el sistema planteado mejoraría la equidad, ya que los coeficientes se aplicarían sobre la cuantía de la pensión, lo que hará que tengan los mismos efectos para todos, algo que actualmente no sucede en el caso de los trabajadores que cotizan por la base máxima.
Mayor pensión, pago único o ambas opciones
Respecto al pago único por jubilación demorada, el ministro ha indicado que el planteamiento parte de la mejora de los incentivos para prolongar la carrera profesional más allá de la edad ordinaria de jubilación. Así, según ha explicado, se ofrecerán tres tipos de incentivos, entre los que el trabajador podría elegir.
La primera opción sería la de un porcentaje adicional de la pensión del 4% por cada año de demora; la segunda un pago único (de hasta 12.060,12 euros por año de demora para las carreras superiores a más de 44 años y medio) y una tercera que consistiría en una combinación de ambas.
En cuanto a la jubilación parcial, el planteamiento del Ministerio consiste en "flexibilizar su uso, a la vez que se corrige el abuso que se ha hecho de esta figura en algunos momentos". El ministro ha explicado que ha planteado a los agentes sociales la posibilidad concentrar hasta el 60% de la jornada el primer año, con la posibilidad de que en algunas actividades que impliquen situaciones peligrosas o comprometan la seguridad de terceros se pueda acumular totalmente al inicio.
Por otro lado, el ministro también ha dejado claro que no pueden existir cláusulas de jubilación forzosa. No obstante, ha explicado que para las cláusulas que se hubieran incluido en los convenios colectivos bajo la normativa actual se pondría en marcha después de la finalización del convenio y existiría un periodo transitorio.