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La controvertida reforma laboral, que continúa negociando el Gobierno con los agentes sociales, pasa por incorporar un nuevo modelo de ERTE (Mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo.) Se mantendrán los actuales ERTE de fuerza mayor y se incorporan los estructurales para reciclar trabajadores y los sectoriales para reconvertir sectores enteros. Los nuevos ERTE los tendrá que aprobar el Consejo de Ministros con el visto bueno de la vicepresidenta Nadia Calviño.
La reforma laboral propone cambios en los ERTE, que pasarán a llamarse RED y tendrán un fondo propio para financiarlos. Los trabajadores afectados no consumirán paro aunque el tiempo que pasen con el empleo regulado tampoco computará como cotizado y tendrán que estar autorizados por el Gobierno.
Así, la ministra de Economía, Nadia Calviño, irrumpe en la negociación. El Gobierno remitía su propuesta a los sindicatos y empresarios ayer mismo, horas antes de la reunión que mantuvieron hoy.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya lo avanzaba: "Lo que hemos hecho con los ERTE durante la pandemia y crecientemente los hemos ido mejorando y perfilando es el camino a seguir".
Así que se mantienen los ERTE de fuerza mayor para situaciones excepcionales sobrevenidas, como la pandemia del coronavirus. El coste de estos será compartido entre Estado y empresas. Los nuevos tendrán un fondo propio.
Los nuevos ERTES, es decir, RED, son dos: el de reestructuración para ayudar a que se reciclen los trabajadores y puedan irse a otras empresas o sectores; y el sectorial, específico para sectores que deben reconvertirse enteros. En los primeros, la empresa de la que salga el empleado pague un 50% del coste de su despido al Fogasa (Fondo de Garantía Salarail) de tal forma que la empresa que lo integra no tenga que asumir todo el coste de una hipotética salida. Es una especia de trasvase de trabajadores de una empresa a otra.
Durante la reunión que ha celebrado hoy la mesa de reforma laboral, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme se han opuesto a la propuesta que les había presentado previamente el Gobierno sobre el Mecanismo RED. "Le hemos pedido al Gobierno que reconsidere su propuesta, que en este caso sólo ha servido para ralentizar este proceso, en el que deberíamos ser más ágiles para llegar a un acuerdo", han indicado fuentes de UGT, que echan en falta un "compromiso claro" de mantenimiento del empleo para las empresas que recurran a los nuevos ERTE, cosa que, a su juicio, sí se tiene ahora en la legislación sobre los ERTE de pandemia.
El sindicato ha pedido al Gobierno una mayor intervención, control y seguimiento de las organizaciones sindicales tanto en la negociación del ERTE como en la fase de ejecución, y aunque ve adecuado trasladar a la legislación laboral ordinaria un diseño similar al de los ERTE Covid, "no comparte que se quiera regular situaciones estructurales con mecanismos coyunturales".
Fuentes de la CEOE, por su parte, han indicado que la propuesta del Gobierno es "más restrictiva, más intervencionista" y más cara para las empresas que el modelo vigente actualmente. "Esta situación complica la posibilidad de llegar a un acuerdo en la mesa de diálogo social", han admitido las mismas fuentes.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, expresaba su "sorpresa" ante la procedencia de esta medida desde el Ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño, y mostraba su rechazo al documento del Gobierno. "Está lleno de intervencionismo y no está dejando espacio a las empresas para lo que pide Europa, que es la 'flexiseguridad' para los trabajadores y flexibilidad para que las empresas se puedan adaptar", ha dicho el presidente de la patronal.
Garamendi ha explicado que este documento "farragoso", de 30 páginas, les fue remitido por el Ejecutivo el pasado sábado. La CEOE sostiene que el planteamiento del Gobierno sobre los ERTE "no va en la buena dirección", ya que introduce "más burocracia y más costes" para las empresas. En este sentido, ha advertido de que si se introducen más costes para las empresas, éstas "no se van a acoger a este sistema".