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En España hay al menos 2,4 millones de hogares con severas dificultades para pagar la factura eléctrica. Es lo que se deduce de un reciente estudio de Cáritas y Foessa, que advierte que pagar los recibos de suministros como la luz, el gas y el agua deja en situación de pobreza al 14% de los hogares. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) solo 1,2 millones de hogares disfrutan del bono social eléctrico
El bono social supone un ahorro en la factura de la luz inicial del 60% para los hogares vulnerables y al 70% para los hogares vulnerables severos hasta el 31 de marzo de 2022. Teniendo en cuenta el precio de la electricidad de los últimos meses, el bono social supone un ahorro importante para los hogares con tarifa regulada.
La OCU cree muy probable que la mayor parte de las familias citadas en el estudio de Cáritas – que quedan en situación de pobreza al pagar las facturas de suministros- cumplen los requisitos para poder beneficiarse del bono social eléctrico y no lo tienen. Esta organización cree que las familias con derecho al bono social y que no lo tienen es por falta de información, por las dificultades para tramitar la solicitud o, simplemente, por una situación de exclusión tecnológica.
La OCU solicita al Gobierno que identifique a los posibles beneficiarios a partir de datos que obran en poder de las administraciones y se les aplique los descuentos del bono social eléctrico de forma automática.
Además, señala que sería de gran ayuda que se simplificara su renovación cada dos años. Y que el bono fuera accesible también para los contratos en el mercado libre, facilitando así que las compañías identifiquen a sus usuarios vulnerables. Además, aboga por que se amplíen los límites de kWh bonificados.
Los beneficiarios del bono social eléctrico tienen también de forma automática del bono social térmico, que supone una ayuda de hasta 125 euros al año.
Además, en caso de impago, tienen derecho a un periodo de espera mínimo de cuatro meses sin abonar las facturas antes de que le corten la luz. En caso de riesgo de exclusión social o en el hogar hay menores de 16 años o personas con discapacidad, el suministro no se puede interrumpir.
Por último, hasta el 28 de febrero, no podrá cortarse el suministro de gas, luz y agua de ningún hogar con bono social.